Hace tres años la UNT ya había sido alertada por los alquileres no pagados en Horco Molle

Hace tres años la UNT ya había sido alertada por los alquileres no pagados en Horco Molle

Un informe de 2014 señala las falencias presupuestarias que tenía la Dirección de Residencias por el manejo de las instalaciones

22 Julio 2016
“Fue usual por parte de la superioridad autorizaciones de eventos gratuitos con servicios tercerizados sin pago alguno por uso de instalaciones, insumos o servicios (gas, electricidad, agua, internet, etcétera), adjudicaciones de viviendas en Horco Molle sin pago de alquiler alguno, todo ello se desarrolló de manera anárquica y con total desaprensión hacia la propiedad universitaria”. Este es un pasaje del informe que en agosto de 2014 el director de Residencias Universitarias (DGRU), Ricardo Krebs, remitió al rectorado para informar sobre la situación de esa dependencia. En paralelo, la rectora, Alicia Bardón, solicitó una auditoría para controlar las cuentas de la DGRU y constatar el estado de las viviendas y de la residencia universitaria.

El texto del informe señala que sólo en 2013, la UNT dejó de percibir $375.000 en concepto de alquileres “no cobrados” en Horco Molle; más $600.000 por “eventos no cobrados, alojamientos gratuitos, alquileres de espacios no abonados y servicios tercerizados”.

También señala que desde 2005 la DGRU recibía $37.000 mensuales como “fondos de funcionamiento” (según resoluciones rectorales de 2005 y 2010), que no tenían una finalidad específica. Pero que en diciembre de 2011 “la secretaría Económico Financiera a cargo de Mauro Feldman (desde 2014 en el directorio de Canal 10) suspendió de manera inconsulta y sorpresiva los fondos rotatorios mensuales”.

Esta decisión, según destaca el informe, obligó a hacer frente a los gastos con fondos propios generados por la DGRU. Entre esos: pagos a proveedores, mantenimiento de las instalaciones, vigilancia en Horco Molle y San Javier (fue levantada la en 2010), entre otras cosas.

El texto concluye con el pedido a la rectora para que restituya los fondos, el servicio de vigilancia y arbitre los medios para que se regule el uso de las casas.

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