La violencia política resurgió en enero

El primer mes del último año de gestión alfonsinista tuvo un final tan inesperado como sangriento. La frustrada toma del cuartel militar de La Tablada y la consiguiente represión gubernamental volvieron a colocar a la violencia política en un inesperado primer plano.

Hasta el 23 de enero de 1989, la política había focalizado su interés en las secuelas de malestar social que causaban los persistentes cortes de energía y en la hostilidad creciente de los candidatos presidenciales Carlos Menem (PJ) y Eduardo Angeloz (UCR). El 14 de mayo era el punto final de la carrera.

De los traspiés del gobierno radical sacaba provecho el peronismo. La crisis económica no lo dejaba en paz.

Estricta confianza
El gobernador José Domato también procuraba por entonces alivio fiscal y político. La serie de cambios dentro de su equipo tendía a darle mayor homogeneidad a la acción estatal.

El ingreso de Milivoj Ratkovic al ministerio de Asuntos Sociales mostraba a un hombre de su más estricta confianza en un puesto clave.

Domato anunció el 13 de enero un conjunto de medidas enderezadas a poner orden en las cuentas públicas. La crisis energética afecta la producción, advertía. Mientras tanto, confirmaba como secretarios de Gobierno a Manuel Francisco, y de Interior, a Tulio Brizuela.

En cambio, quedó firme el relevo de José Alberto Cúneo Vergés de la secretaría de Educación y su reemplazo por Olga Morales, a la sazón presidenta del Consejo de Educación. La situación no parecía clara en torno de la secretaría de Bienestar Social. Todos quieren cargos, referían fuentes del Ejecutivo. Enrique Gordillo ocupó la cartera de Planeamiento. Ratkovic designó a Oscar Velasco Imbaud secretario de Bienestar Social ( ex director de Cultura de la municipalidad de Yerba Buena). Enrique Cocina, a su vez dejaba la subsecretaría del Interior, que pasó a manos de Saturnino Toloza.

Entretanto, empezó la pelea por el desenganche salarial entre el Gobierno y los gremios. Fue una batalla que no pudo ganar Domato y que sólo se resolvió con la intervención federal de 1991.

A la pretensión del Ejecutivo de que nadie ganase más que el gobernador, desde el mundo gremial respondían que Domato sólo debía cobrar la retribución de su cargo. No querían que percibiese la jubilación. Los radicales, a la vez, urgían a la Casa de Gobierno por una propuesta de ley que corrigiese el grave error de (Fernando) Riera y Cirnigliaro cometido con el enganche salarial. Este sistema beneficiaba a unos gremios y perjudicaba a otros.

Al Gobierno lo complicaba, además, un fallo que le reconocía un adicional del 25% por bloqueo de título a funcionarios de los Poderes Legislativo y Judicial y del Tribunal de Cuentas. Un cuadro complejo en materia presupuestaria, con repercusiones sociales.

Ruido de armas
Durante treinta horas se extendió el combate por el control del Regimiento de Tanques de La Tablada. Todo se desarrolló entre el 23 y el 24. El Movimiento Todos por la Patria (MTP), en el que confluían ex miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), juventud universitaria y dirigentes de organismos de derechos humanos lanzó el ataque. Efectivos policiales bonaerenses y comandos del Ejército desbarataron la operación del MTP. Hubo al menos 39 muertos y decenas de heridos. Dos de los muertos eran tucumanos (el sargento policial José Manuel Soria y el teniente Ricardo Rolón). Alfonsín, en un breve discurso, aseguró que se había combatido la subversión desde el derecho. En Tucumán se adhirió al duelo decretado por la Nación. El PE, la municipalidad y el Ejército homenajearon a los caídos en la plaza Independencia.