“El clima está menos crispado, pero sigue habiendo problemas en la Justicia de Tucumán”
El ministro nacional evaluó que los conflictos institucionales de los Tribunales locales persisten, aunque no se han agravado. El interés de Garavano por la reglamentación de las leyes que reclama Lebbos generó una reacción en el Gobierno de Manzur, que prometió ocuparse de un tema pendiente desde 2006
25 Junio 2016 Seguir en 
La maestra de ceremonia se equivoca tres veces. Llama “Gabriel” a Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El aludido sonríe con el telón de fondo de los bajorrelieves de Lola Mora. Los fiscales de Estado del país advierten el equívoco y contienen la carcajada, pero el más divertido, sin dudas, es Esteban Conte Grand, jefe de Gabinete de Garavano. Trepados en un andamio y con ropa de fajina, los obreros que trabajan contrarreloj para adecentar la Casa Histórica observan la escena con curiosidad. Sobre todo cuando dos actores vestidos de época toman el patio para recrear las urgencias independentistas del general Manuel Belgrano.
Luego de la representación, Garavano y Conte Grand enfilan hacia el vehículo oficial que los espera sobre San Lorenzo para trasladarlos a su próxima escala: el teatro Alberdi, donde el ministro ha de disertar por invitación de la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Pablo Clusellas, secretario de Legal y Técnica de la Nación, apura el paso y se suma al auto, donde transcurre esta entrevista “en movimiento”.
Es la primera visita oficial del ministro nacional a la provincia, pero de ninguna forma puede decirse que desconoce la realidad del Poder Judicial local. No sería exagerado expresar que Garavano se estrenó en el nuevo cargo con las audiencias concedidas al Colegio de Abogados de la Capital; a Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar; a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y a Alberto Lebbos y Roxana Teves, dos nombres vinculados a causas penales no esclarecidas con intensas ramificaciones y repercusiones institucionales.
El contacto con las partes en pugna llevó a Garavano a declarar en febrero que estaba muy preocupado por la situación de la Justicia de Tucumán. El jueves y tras corroborar que el malestar prosigue -Lebbos, dirigentes de Cambiemos y autoridades del Colegio le dijeron durante la mañana que las instituciones que deben controlar al poder provincial están pulverizadas-, el ministro manifiesta que hay que continuar observando con atención el panorama. “Mi percepción es que el clima está menos crispado que a comienzos de año, pero sigue habiendo problemas muy profundos en la Justicia de Tucumán”, diagnostica sentado en el asiento delantero.
El funcionario del gabinete presidencial dice que advierte que hay un menor nivel de virulencia en los reproches que se hacen los distintos actores judiciales de la provincia. “No sé cómo ni por qué, pero la Corte parece haber tranquilizado un poco las aguas”, arriesga. Acto seguido, precisa que no habla del estado de las causas de interés institucional (entre ellas están los procesos derivados de la denuncia penal que el Colegio de Abogados articuló contra el ex fiscal Guillermo Herrera). “Mi sensación es que todavía queda mucho por hacer, pero parece que, al haber sido identificado el conflicto, al menos no se agravó”, opina cautelosamente. En el mismo tramo de la conversación, Garavano confirma que el representante de su cartera en Tucumán es el abogado Bernardo Lobo Bugeau. Este podría desempeñar una veeduría respecto de los casos con trascendencia pública (se informa por aparte).
Mil ideas, un mensaje
Así como el auto se abre paso por la calle 9 de Julio, la prudencia da lugar al inventario de las acciones que pueden ser encaradas para tratar de revertir la crisis que derivó en un pedido infructuoso de destitución de Jiménez -el oficialismo que controla la Legislatura lo archivó sin darle trámite durante el mes pasado-. Garavano enumera proyectos de planificación estratégica; de implementación de los nuevos códigos procesales penal y civil; de asistencia a las víctimas del delito y del abuso del Estado; de gobierno abierto y de estudio sobre el funcionamiento de la Justicia penal. “El mensaje es que hay que evolucionar hacia la independencia judicial”, expresa con el hablar pausado que lo caracteriza. Según relata, los planes mencionados involucran al CAM, a la Corte y el Colegio de Abogados. La entidad presidida por Francisco García Posse además proyecta la creación de un observatorio anticorrupción, anhelo que fue presentado a Garavano y que entraría dentro de los convenios que este quiere rubricar en agosto, cuando regrese a la provincia a participar de la reunión del Bicentenario organizada por la Federación Argentina de Colegio de Abogados (FACA). “Queremos avanzar con las conversaciones y las líneas de trabajo generadas”, anuncia el ministro del Gobierno de Mauricio Macri.
El “efecto” Garavano
Entre las ideas que andan dando vueltas consta una actividad académica en honor al más ilustre abogado tucumano promovida por el Poder Ejecutivo local. “El gobernador Juan Manzur propuso la posibilidad de organizar un seminario importante en materia de Justicia a modo de homenaje a Juan Bautista Alberdi, que tendría lugar en noviembre”, comenta Garavano. Y añade: “esta iniciativa sería incluida en el Plan Belgrano (órgano que dirige el tucumano José Cano)”.
Más allá de estos deseos e inquietudes, la visita del funcionario nacional produjo un efecto concreto. Si bien Garavano no pudo trasladar al gobernador Manzur el pedido histórico de Lebbos para que sean reglamentadas las leyes de Protección de Testigos, y de Asistencia a Adictos y a Víctimas sancionadas hace 10 años -encargo que el macrista había asumido en la reunión en el Colegio de Abogados-, este mismo jueves trascendió que funcionarios del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad se comprometieron a sacar las reglamentaciones, según indica Conte Grand.
Muchos y muy variados son los temas pendientes. Dirigentes locales de la abogacía y de Cambiemos manifestaron a Garavano que en la provincia no existe el acceso a la información del Estado ni la ética pública. Además, plantearon sus temores de que, pese a los sucesos electorales 2015, no haya una reforma política seria. Mientras el auto se acerca al teatro Alberdi, el ministro informa que planteó la cuestión de la reforma política a representantes del Gobierno provincial y que estos le entregaron una copia de “Tucumán Dialoga”, el libro impreso tras un ciclo de reflexión impulsado por el oficialismo. “Veremos si se concreta o no. Venimos de una época donde los proyectos de transparencia estaban casi vedados. Recién ahora, a partir de la llegada de Macri, volvió a impulsarse el acceso a la información pública y la reforma electoral. Hay una nueva tendencia que deseamos que pueda ser seguida en aquellas jurisdicciones donde no se avanzó. Esperamos que Tucumán se sume y acompañe este proceso racional”.
Luego de la representación, Garavano y Conte Grand enfilan hacia el vehículo oficial que los espera sobre San Lorenzo para trasladarlos a su próxima escala: el teatro Alberdi, donde el ministro ha de disertar por invitación de la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Pablo Clusellas, secretario de Legal y Técnica de la Nación, apura el paso y se suma al auto, donde transcurre esta entrevista “en movimiento”.
Es la primera visita oficial del ministro nacional a la provincia, pero de ninguna forma puede decirse que desconoce la realidad del Poder Judicial local. No sería exagerado expresar que Garavano se estrenó en el nuevo cargo con las audiencias concedidas al Colegio de Abogados de la Capital; a Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar; a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y a Alberto Lebbos y Roxana Teves, dos nombres vinculados a causas penales no esclarecidas con intensas ramificaciones y repercusiones institucionales.
El contacto con las partes en pugna llevó a Garavano a declarar en febrero que estaba muy preocupado por la situación de la Justicia de Tucumán. El jueves y tras corroborar que el malestar prosigue -Lebbos, dirigentes de Cambiemos y autoridades del Colegio le dijeron durante la mañana que las instituciones que deben controlar al poder provincial están pulverizadas-, el ministro manifiesta que hay que continuar observando con atención el panorama. “Mi percepción es que el clima está menos crispado que a comienzos de año, pero sigue habiendo problemas muy profundos en la Justicia de Tucumán”, diagnostica sentado en el asiento delantero.
El funcionario del gabinete presidencial dice que advierte que hay un menor nivel de virulencia en los reproches que se hacen los distintos actores judiciales de la provincia. “No sé cómo ni por qué, pero la Corte parece haber tranquilizado un poco las aguas”, arriesga. Acto seguido, precisa que no habla del estado de las causas de interés institucional (entre ellas están los procesos derivados de la denuncia penal que el Colegio de Abogados articuló contra el ex fiscal Guillermo Herrera). “Mi sensación es que todavía queda mucho por hacer, pero parece que, al haber sido identificado el conflicto, al menos no se agravó”, opina cautelosamente. En el mismo tramo de la conversación, Garavano confirma que el representante de su cartera en Tucumán es el abogado Bernardo Lobo Bugeau. Este podría desempeñar una veeduría respecto de los casos con trascendencia pública (se informa por aparte).
Mil ideas, un mensaje
Así como el auto se abre paso por la calle 9 de Julio, la prudencia da lugar al inventario de las acciones que pueden ser encaradas para tratar de revertir la crisis que derivó en un pedido infructuoso de destitución de Jiménez -el oficialismo que controla la Legislatura lo archivó sin darle trámite durante el mes pasado-. Garavano enumera proyectos de planificación estratégica; de implementación de los nuevos códigos procesales penal y civil; de asistencia a las víctimas del delito y del abuso del Estado; de gobierno abierto y de estudio sobre el funcionamiento de la Justicia penal. “El mensaje es que hay que evolucionar hacia la independencia judicial”, expresa con el hablar pausado que lo caracteriza. Según relata, los planes mencionados involucran al CAM, a la Corte y el Colegio de Abogados. La entidad presidida por Francisco García Posse además proyecta la creación de un observatorio anticorrupción, anhelo que fue presentado a Garavano y que entraría dentro de los convenios que este quiere rubricar en agosto, cuando regrese a la provincia a participar de la reunión del Bicentenario organizada por la Federación Argentina de Colegio de Abogados (FACA). “Queremos avanzar con las conversaciones y las líneas de trabajo generadas”, anuncia el ministro del Gobierno de Mauricio Macri.
El “efecto” Garavano
Entre las ideas que andan dando vueltas consta una actividad académica en honor al más ilustre abogado tucumano promovida por el Poder Ejecutivo local. “El gobernador Juan Manzur propuso la posibilidad de organizar un seminario importante en materia de Justicia a modo de homenaje a Juan Bautista Alberdi, que tendría lugar en noviembre”, comenta Garavano. Y añade: “esta iniciativa sería incluida en el Plan Belgrano (órgano que dirige el tucumano José Cano)”.
Más allá de estos deseos e inquietudes, la visita del funcionario nacional produjo un efecto concreto. Si bien Garavano no pudo trasladar al gobernador Manzur el pedido histórico de Lebbos para que sean reglamentadas las leyes de Protección de Testigos, y de Asistencia a Adictos y a Víctimas sancionadas hace 10 años -encargo que el macrista había asumido en la reunión en el Colegio de Abogados-, este mismo jueves trascendió que funcionarios del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad se comprometieron a sacar las reglamentaciones, según indica Conte Grand.
Muchos y muy variados son los temas pendientes. Dirigentes locales de la abogacía y de Cambiemos manifestaron a Garavano que en la provincia no existe el acceso a la información del Estado ni la ética pública. Además, plantearon sus temores de que, pese a los sucesos electorales 2015, no haya una reforma política seria. Mientras el auto se acerca al teatro Alberdi, el ministro informa que planteó la cuestión de la reforma política a representantes del Gobierno provincial y que estos le entregaron una copia de “Tucumán Dialoga”, el libro impreso tras un ciclo de reflexión impulsado por el oficialismo. “Veremos si se concreta o no. Venimos de una época donde los proyectos de transparencia estaban casi vedados. Recién ahora, a partir de la llegada de Macri, volvió a impulsarse el acceso a la información pública y la reforma electoral. Hay una nueva tendencia que deseamos que pueda ser seguida en aquellas jurisdicciones donde no se avanzó. Esperamos que Tucumán se sume y acompañe este proceso racional”.







