Sin deudas impagas, el país debe normalizar la economía para crecer

03 Abril 2016
Con la promulgación de la ley de pago a los holdouts, que habilita al Gobierno nacional a vender bonos en el mercado hasta por un máximo de U$S 12.500 millones, la Argentina cancelará la deuda pública que estaba en cesación de pagos desde 2001. A partir de ahora, el equipo económico que conduce el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Pray-Gay, debe captar financiamiento para pagarle a los fondos buitre. Para lograr este objetivo, el funcionario iniciará una gira por países de Europa y por Estados Unidos, acompañado por los bancos que colocarán los bonos en el mercado, para ofrecer los títulos y para conseguir el capital necesario. El plazo para pagarles a los bonistas es el 14 de abril, según lo dispuesto por el juez de Nueva York, Thomas Griesa.

Hasta aquí, el camino parece claro. Pero, ¿qué pasará con la economía argentina una vez que se termine el default? Especialistas consultados por DINERO afirmaron que el acuerdo con los holdouts le permitirá a la Argentina dejar atrás la cesación de pagos y volver a colocar deuda en el exterior. Además, señalaron que el acuerdo le permitirá al país obtener crédito internacional a tasas razonables para reimpulsar la economía. Sin embargo, los expertos afirmaron que para aprovechar esta oportunidad, la Argentina debe corregir sus propios problemas, fundamentalmente el elevado gasto público, la expansión de la masa monetaria y la inflación.

Resumen de los acuerdos

Toda la deuda argentina en default suma U$S 6.000 millones, de los cuales a U$S 2.600 millones fueron favorecidos por la sentencia del juez Griesa. El fallo judicial les generó a los acreedores derechos monetarios por otros U$S 9.200 millones, según explicó, en un informe, el experto Ramiro Castiñeira, quien dirige la consultora Econométrica.

En su análisis, el especialista señaló que el Gobierno argentino ofreció pagar la sentencia en efectivo con una quita del 25%. Más del 92% de este grupo de acreedores aceptó la oferta, lo cual generó acuerdos por casi U$S 6.500 millones. Por su parte, para el resto de los acreedores que no están beneficiados por la sentencia de Griesa, el Gobierno les ofreció actualizar el capital adeudado a una tasa menor del 2,9%, capitalizable durante los 14 años en default. Los bonistas italianos, que disponen del 33% de los títulos que no fueron beneficiados por Griesa, ya aceptaron la propuesta, con lo cual acordaron un pago en efectivo por U$S 1.440 millones.

Por otro lado, Castiñeira precisó que, en su conjunto, el 55% de la deuda en default ya aceptó las distintas ofertas del Gobierno. Los acuerdos equivalen a U$S 3.300 millones de la deuda original en cesación de pagos, y ya compromete cancelaciones en efectivo por U$S 7.900 millones. El conjunto de acuerdos logrados hasta ahora, supone actualizar el monto adeudado a una tasa de interés del 7%, capitalizable desde 2001 a la fecha.

Sin embargo, el economista detalló que restan U$S 2.800 millones en default, cuyos acreedores aún no se pronunciaron si aceptarán la oferta argentina. De ingresar el 100%, el Gobierno estima que el total a pagar rondará los U$S 12.000 millones.

Resolver inconsistencias

El especialista Adrián Ravier, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa (Unlpam), subrayó que la salida del default tendrá dos consecuencias directas para la Argentina. “Primero, tasas de interés más bajas para futuras deudas de crédito internacional. Y en segundo lugar, se dará un paso más para recuperar la proporción de inversión extranjera directa que llega a la región”, analizó el especialista.

No obstante, advirtió que la posibilidad de acceder a mejores condiciones de crédito es la mitad llena del vaso. El lado vació, según explicó, está precisamente en los problemas internos de la economía argentina, fudamentalmente, el excesivo gasto público. “Este problema causa un déficit fiscal elevado para los niveles mundiales. El Gobierno deberá decidir entre tres opciones o una combinación de ellas: 1) reducir el gasto público y, con ello, el déficit fiscal; 2) monetizar el déficit fiscal (con emisión de billetes), lo cual generará un elevado nivel de inflación; 3) reemplazar esta monetización del déficit por deuda externa”, observó. “Si el Gobierno elige la tercera opción, repetirá errores de la década de 1990. Evitará el ajuste del gasto, alcanzará la estabilidad monetaria y el crecimiento, pero con una deuda externa que atentará contra la sostenibilidad del modelo”, agregó.

Por último, Ravier advirtió que, lo más probable, es que el Gobierno combine las tres opciones. “Avanzará en un ajuste, con retiro de subsidios y con despidos de empleados público, monetizará parte del déficit y tomará deuda externa. Si, además, el Gobierno atrae capitales y recupera el crecimiento, la recaudación tributaria puede aumentar, y esto bajará el déficit y la inflación”, concluyó el economista.

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