“‘Chicho’ Soria me quita la mitad de mi sueldo. Hasta me obligó a trabajar en su casa, cuando soy empleada de la Comuna. Estoy cansada de que me quite mi salario, de que me amenace y me maltrate”, acusó con pesadumbre Mercedes del Valle Brito. Ella, junto con una docena de trabajadores de La Florida y Luisiana, denuncian que desde hace años sufren acoso laboral, discriminación y que son obligados a dejar parte de su remuneración en la sede comunal.
De acuerdo con la versión de los empleados, estas irregularidades se produjeron a lo largo de la gestión de Arturo “Chicho” Soria (2007- 2015), y continúan en la administración de Inés Gramajo, su esposa y sucesora. Soria y Gramajo negaron rotundamente los reclamos y deslizaron que las denuncias pueden ser producto de algún tipo de resentimiento contra ellos. “Que hagan la denuncia en la Justicia si es que de verdad hubo acoso laboral”, se defendió Soria.
“Descuento por planilla”
Los trabajadores, con duras acusaciones, responsabilizan a Soria de obligarlos a trabajar en viviendas de funcionarios y parientes suyos, e inclusive de maltratos, amenazas y extorsión.
“Trabajo hace cinco años para la comuna, y siempre he tenido que dejar una parte de mi sueldo. Cuando me he cansado de esto, ha mandado a amenazarme para que entregue el dinero, porque si no me echaba”, acusó Brito. La mujer aclaró que soportó la situación por miedo a represalias, pero que -según su relato- colmó su paciencia cuando le informaron que debía ceder el salario familiar que le corresponde por sus hijos. “Como me negué, me mandó a llamar, me ha tratado re mal y me ha discriminado. Me ha dicho ‘negra de mierda’. Le dije que no volvería a fregarle la casa”, continuó. Le solicito al gobernador, Juan Manzur, que intervenga para normalizar la situación de los trabajadores.
Jorge Selman, un empleado administrativo de la comuna, contó que padeció maltratos similares a Brito. “Llevo 29 años desempeñándome como administrativo. De golpe, me trasladó a otra área. El avasallamiento que hace con los empleados es tremendo. Denunciamos estos episodios, pero quedó en nada. A mí me amenaza con echarme porque no trabajé para él en la campaña electoral de agosto, por no pegar un cartel. Aquí siempre fuimos oficialistas, votamos a Manzur, pero eso no significa que tengamos que trabajar para la campaña de nadie”, reprendió Selman.
Dos empleados, que pidieron la reserva de su nombre por temor a represalias, mostraron a modo de prueba planillas de contratados del área de construcción. En el listado figuran los nombres de 200 trabajadores, entre contratados y jornalizados, y se detalla el tipo de convenio, función y porcentaje del salario que supuestamente se les retenía. En otra planilla, se aclaraba el nombre de empleados con quienes debían compartir el contrato, siempre siguiendo con la versión de los denunciantes. “Nosotros cobramos $ 9.000 y teníamos que dejar $ 4.200 o $ 4.500”, explicaron.
Ofuscado y de brazos cruzados en el quicio de la puerta de una casa, Juan José López, comentó que junto con otros tres albañiles trabajaron en la casa de Soria, como parte de sus tareas como contratados de La Florida. “Hace años que trabajamos como herreros y albañiles para la comuna. Por cinco años trabajamos en su casa, para hacer reformas. Cobrábamos $ 8.000 y teníamos que dejar $ 2.000 cada mes”, relató.
Según la versión de López, en julio le informaron que le retendrían un porcentaje de su medio aguinaldo. Como se negó, le discontinuaron su contrato a él y a tres compañeros.
Por gestión propia -dijeron-, llegaron hasta Osvaldo Jaldo, que entonces se desempeñaba como ministro de Interior, para que intercediera en el conflicto. Siguiendo con su relato, ellos fueron nombrados en la comuna de El Naranjo y El Sunchal. “Para poder trabajar en esa localidad tuvimos que hacer el cambio de domicilio. Después de las elecciones Soria fue para allá y le pidió a la delegada que nos echen. Desde noviembre que estamos sin trabajo”, reclamó.
Dos compañeros de López agregaron que sufrieron amenazas del ex delegado comunal si no trabajaban en la campaña proselitista de su esposa. “Nos amenazó con cortar nuestro contrato si no trabajábamos políticamente para él. Ahora estamos sin trabajo”, completaron Alberto Fernández y Raúl Santana.
Francisco Chirino, dirigente en La Florida del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), apoyó los reclamos de sus compañeros. “Esperamos una solución a todas estas irregularidades. Nosotros tememos que se produzcan despidos aquí. El 25 se vencen los convenios de muchísimos compañeros, así que esperamos que nos renueven o estaremos cortando la ruta y quemando cubiertas”, advirtió.