La Corte retruca opiniones del ministro fiscal

“La población no tiene justicia porque todos los fueros están en crisis”. Esta frase del ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, a LA GACETA en el contexto de una ola de violencia en Villa 9 de Julio derivó en una serie de cruces institucionales y políticos.

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) escribió un nuevo capítulo de esta controversia el lunes. El presidente del máximo tribunal, Antonio Gandur, y el vocal Daniel Posse respondieron al pedido de reunión formal a los tres poderes del Estado que había efectuado Jiménez después de la entrevista con este diario.

Los jueces aseguraron que, si bien les parecía positiva la convocatoria, la decisión de concretarla debía ser tomada cuando terminara la feria judicial -el 1 de febrero- y el cuerpo se encuentre constituido plenamente de nuevo (se completa con Claudia Sbdar, René Mario Goane y Antonio Estofán).

Tecnología y personal

En la contestación, de una carilla, Gandur y Posse recordaron a Jiménez que el cuerpo que integran accedió a adquirir equipos de tecnología que habían sido solicitados por él al asumir.

Sobre los recursos humanos, por otro lado, citaron una acordada (N°1431) en la que se determinó que el Ministerio Público Fiscal, Pupilar y de la Defensa no puede contratar personal ni designar empleados, sino mediante la Corte. Asimismo, subrayaron que el ingreso de nuevos miembros en los tribunales provinciales se efectúa mediante la celebración de concursos públicos.

En otro pasaje, precisaron también que las fiscalías de instrucción a la fecha son 21 (13 en el centro judicial de la Capital, cinco en el de Concepción y tres en el de Monteros). Aunque del total, hay dependencias fiscales nuevas que aún no se encuentran en funciones.

Expedientes

Según informó la CSJT, fueron 28 los expedientes iniciados por procesos de licitaciones, contrataciones directas y cotejos de precios durante 2015 a pedido del Ministerio Público. Consignó que incluyen desde adquisición de insumos para el laboratorio de genética forense, computadoras y alquileres de inmuebles hasta teléfonos nuevos para los fiscales y sus ayudantes. Una veintena de los procesos, afirmaron, se concluyeron. Mientras, otros cinco permanecen aún en trámite.

Jiménez había enviado la nota el martes 12 solicitando una reunión con el gobernador, Juan Manzur, con el vicegobernador y titular de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, y con los miembros de la CSJT.

“El motivo de dicho encuentro es debatir conjuntamente, con responsabilidad y encomendándonos a que nos asista la grandeza e inteligencia que requiere la situación del Poder Judicial”, expresaba el segundo párrafo. Luego, calificaba como lamentable el uso político de la crisis judicial. “Desde el comienzo de mi gestión, hace poco más de un año, advertí diversas dificultades (en lo) que hace a la funcionalidad de la Justicia”, añadía.

Consignaba en el texto que las oficinas fiscales eran pocas en relación al número que había en otras provincias y aseguraba que eran 16 desde hace 25 años pese a que la población y la litigiosidad se había incrementado.

“El plantel de jueces, defensores y fiscales, y por extensión el staff de funcionarios y empleados judiciales, es también claramente insuficiente”, había lamentado. Mencionó además oficinas superpobladas en propiedades inadecuadas, diseñadas para otras funciones.

Por otro lado, luego de que Jiménez expresó a este diario su opinión sobre el funcionamiento de los tribunales, legisladores de la oposición habían manifestado duras críticas hacia el ex ministro de Gobierno y Justicia de José Alperovich. Los radicales Fernando Valdez y Eudoro Aráoz habían pedido su renuncia, y lo habían señalaron como uno de los responsables del contexto crítico de la Justicia.

Jiménez asumió como ministro fiscal en reemplazo de Luis de Mitri, quien se jubiló en agosto de 2014. Llegó en medio de críticas opositoras, ya que se había desempeñado como funcionario alperovichista.