El Gobierno provincial está dispuesto a colaborar con las autoridades de Pinamar para resolver el conflicto de los “trapitos” tucumanos que exigieron el pago de $ 15.000 por persona como condición para abandonar esa ciudad, donde la actividad está prohibida por una ordenanza. “Nos ponemos a disposición de la Intendencia de Pinamar para resolver esta situación lo antes posible”, dijo a LA GACETA el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Regino Amado, quien reiteró que la Provincia no autorizó el viaje de ninguna delegación de obreros “golondrinas” para realizar ese tipo de tareas en la costa.
La polémica surgió debido a que el intendente de Pinamar, Martín Yeza, informó que el grupo de “cuidacoches” con los que viene lidiando desde la semana pasada asegura que fue el Gobierno tucumano el encargado de trasladarlos a esa ciudad. “Me pidieron que les pague $ 15.000 por persona, que es lo que estiman que iba a ganar cada uno esta temporada trabajando como ‘trapitos’, para poder pagarse el viaje de vuelta a Tucumán. Si creen que les vamos a dar esa suma de dinero para que se vayan, están locos”, reiteró ayer el jefe comunal en un diálogo telefónico con este diario.
Yeza aseguró que, hasta anoche, la situación estaba controlada. Aunque advirtió: “Si vuelven nuevamente con una actitud mafiosa a exigir dinero para irse, vamos a comunicarnos con el Gobierno de Tucumán para resolver el tema, porque esta es una situación que expone a las autoridades de esa provincia”.
