Las constructoras locales reclaman al Gobierno soluciones efectivas para evitar más despidos

Las empresas constructoras elevaron ayer el reclamo al Gobierno provincial por soluciones “urgentes y efectivas” para evitar la reducción del ritmo de las obras y preservar las fuentes de trabajo en la provincia. Según la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), las firmas privadas han contraído una inestabilidad financiera en los últimos meses debido al corte de la cadena de pago por parte del Estado. Esa situación desembocó en 2.000 despidos de trabajadores sólo en los últimos 30 días.

“Las perspectivas para enero no son buenas. Alertamos al Gobierno provincial sobre esta situación en varias oportunidades. Sin embargo, no hubo respuestas efectivas. Llegamos a fines de diciembre y se estaría devengando un mes más. Es una situación inédita”, enfatizó ayer el titular de la entidad, Enrique Daniel Mafud.

Los privados plantearon que la mora por parte de los diferentes organismos provinciales, en particular, el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), asciende a $ 350 millones y cubre el segundo semestre de este año (julio a diciembre). La deuda que responde a fondos comprometidos por el Estado nacional alcanzaría los $ 180 millones. En total, el monto asciende a $ 530 millones.

“Vale aclarar que la remisión de los recursos nacionales alcanzaría a cubrir el 35% del total de la deuda, restando un 65% que debería ser absorbido con fondos provinciales”, dijo la Cámara en una solicitada publicada hoy en LA GACETA. En la entidad insistieron en que el retraso de los fondos públicos ha llevado a que las empresas contratistas de obras públicas recurran a un mecanismo de descuentos de certificados de obras en el Banco del Tucumán Grupo Macro. “Ha permitido avanzar con planes de trabajos pagando una tasa de interés que osciló entre un 30% y un 40% anual, con la consecuente incidencia que ello tiene en el capital de trabajo, todo lo cual pone en riesgo la estabilidad de un personal debidamente capacitado”, dijo la Cámara en el comunicado oficial.

Diálogo con el gremio

Los directivos de la CTC se reunieron ayer con los representantes de la filial tucumana de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra). Entre ellos, estuvo Adrián Santillán, titular del gremio.

En la mesa de diálogo, los sindicalistas expresaron su preocupación por las bajas en el mercado laboral. El año cerrará con una ocupación de alrededor de 9.000 personas.

Luego del encuentro, Mafud explicó que la demora del pago de los recursos estatales corresponde a cuatro meses vencidos y dos períodos iguales (noviembre y diciembre) devengados, es decir, que las empresas tienen derecho a percibir esos fondos.

Según se supo, la Nación enviará en una primera etapa unos $ 100 millones. Luego cumpliría con los $ 80 millones restantes en una segunda parte, para cancelar la deuda con las empresas por los proyectos.

“El Gobierno nacional envió el capital de julio, agosto y parte de septiembre pasados. Pero las empresas aún no pudieron cobrar el dinero nacional”, comentó, por último, el titular de la Cámara, que representa a más de 50 constructoras de la provincia.