La Corte; jueces y letrados del sur, y legisladores oficialistas “salvan” tres designaciones polémicas

El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) discutió largamente el martes pasado, como hacía bastante que no sucedía, al menos en una sesión pública. El debate se trabó respecto de las designaciones de personal que, a último momento, había decidido la gestión anterior (ver nota relacionada). El sector más crítico convocó a “intentar no comenzar con el pie izquierdo”, y a anular los nombramientos de Felipe Cerisola como prosecretario, y de Amalia Paola Salas y de Wenceslao Sebastián Argiró como encargados mayores. Pero se impuso la variante que no veía ningún traspié en la convalidación de las designaciones controvertidas.

Confluyeron en la mayoría Daniel Posse, vocal de la Corte y presidente del CAM; Raúl Fermoselle y Martín Tello, respectivos juez y abogado del sur, y los legisladores oficialistas Fernando Juri y Javier Pucharras -con la excepción de Posse, todos ellos ya se habían unido para ungir a Juri como vicepresidente del cuerpo-. En minoría quedaron los representantes de la capital, el juez Carlos Caramuti y el abogado José Adle, y el legislador opositor Fernando Valdez. Además, participaron en la sesión -con voz y sin voto- los consejeros suplentes Silvia Rojkés, José Dantur, Jorge Conrado Martínez, Jorge Carrasco y Rolando Granero (estuvieron ausentes Raúl Albarracín, Roque Cativa y René Goane). 

La tercera sesión de la integración con mandato hasta 2017 empezó por el tratamiento de este tema, que había sido postergado en dos ocasiones (Cerisola, Salas y Argiró estaban en la sala). La minoría tomó la iniciativa con Caramuti a la cabeza. El magistrado expuso el dictamen que había elaborado con Dantur, e insistió en que la publicidad de los concursos había sido inidónea e insuficiente para convocar interesados en condiciones de igualdad, y que la nulidad se imponía para dar un mensaje de transparencia a la sociedad. “La prueba de que la publicidad no cumplió su finalidad es que Salas y Cerisola eran los únicos aspirantes a los dos cargos de pedagogos, aunque el reglamento dice que el CAM debía entrevistar a tres finalistas. La jurado Susana Montaldo señaló esta situación, pero fue desoída y terminó renunciando: era la única evaluadora de afuera del Consejo”, añadió Caramuti. Y apuntó que las designaciones habían sido decididas con los votos de representantes del sur que, según la ley, no estaban habilitados para intervenir en las decisiones administrativas. 

“Adherimos al dictamen de Caramuti y Dantur, con la salvedad de que proponemos una nulidad parcial para el concurso de Argiró porque ahí sí hubo posibilidad de formar una terna”, dijo Adle. Valdez suscribió esa postura.

“Hay un error de concepto en cuanto a la función del CAM: su objeto principal es la elaboración de ternas para la cobertura de cargos judiciales. Están asimilando en forma directa la selección de personal con la preselección de aspirantes a juez”, retrucó Juri. El contraataque prosiguió con la lectura de la moción de Fermoselle y Carrasco, que resultó triunfadora. Los magistrados del sur propusieron avalar las designaciones concretadas, y ampliar la publicidad y transparentar la selección de jurados de los concursos de personal que aún no habían pasado a la prueba escrita (se trata de cinco cargos: uno de especialista en Informática y cuatro ayudantías judiciales). “Nos resulta agraviante el cuestionamiento a la participación de los estamentos del sur. Sostener lo contrario implicaría consagrar la existencia de consejeros de dos categorías”, manifestaron.

A ellos se sumó Tello, que sostuvo la “validez total” de los concursos de personal en los que había participado como coautor, primero, de los reglamentos y, luego, de las designaciones (en el medio, logró la reelección). “Considerar que los representantes del sur no podíamos votar es discriminatorio. Coincido con Juri Riera y digo que debemos cuidar la institucionalidad. Cerisola, Salas y Argiró no tienen por qué pagar las consecuencias de interpretaciones de este CAM”, opinó.

Tras casi dos horas de ping-pong verbal, el presidente Posse apuró las definiciones: dijo que concordaba con Carrasco y con Fermoselle, y que ningún órgano del Estado estaba obligado a concursar los cargos de personal. También expresó que él pensaba en Cerisola -es hijo de Juan Alberto Cerisola, ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán-, en Salas y en Argiró -está vinculado al director académico Fernando Ganami-: “en la víspera de las Fiestas, están esperándonos sin saber si son o no empleados del CAM”. Además, Posse dio su apoyo a la participación plena de los consejeros del sur, aspecto que, al final, incluso recibió el aval de Caramuti, Valdez y Adle. Por unanimidad,  se aconsejó a la Legislatura modificar la norma que excluye al interior de las decisiones administrativas. “¡Yo digo que esa ley es inconstitucional!”, exclamó Posse, con cierta impaciencia. Ejecutada -y ganada- la votación, sonrió y reflexionó: “estamos empezando con los dos pies, como corresponde, y vamos para adelante”.