26 Diciembre 2015 Seguir en 
El ministro público Edmundo Jiménez consiguió lo que quería: una audiencia con Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Esta semana, el funcionario provincial confirmó que será recibido el 13 de enero a las 12 para tratar los temas locales, entre ellos, los problemas, necesidades y proyectos del fuero penal, y las “temerarias” expresiones del Colegio de Abogados de la capital.
El jefe de los fiscales y defensores oficiales tucumanos pidió la cita con Garavano luego de que Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, anunciara que iba a entrevistarse con el ministro del Gobierno de Mauricio Macri para conversar sobre la situación inaudita expuesta por Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de Tucumán. Esta audiencia fue fijada para el martes 28 de diciembre a las 16.
“En el Colegio hemos empezado a hablar ya, directamente, del ‘pirinchismo’ para caracterizar al grupo de jueces y fiscales que responde al ministro público ‘Pirincho’ Jiménez”, explicó García Posse a colación del voto fallido de Pedicone. Aquel juez había dicho a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que no lo habían dejado cumplir con su deber de juzgar en una causa penal que implica al ex fiscal Guillermo Herrera y había adjuntado su proyecto de sentencia. Este documento dice que Jiménez pone en riesgo la seguridad del Estado y de la ciudadanía. Según Pedicone, el ministro público, la jueza Mirta Lenis de Vera, el fiscal Carlos Sale y Tomás Robert, abogado que renunció a la defensa de Herrera para asumir como relator de Jiménez, operaron para lograr la impunidad del ex fiscal. El miércoles, la Corte anuló de oficio la decisión del camarista Eudoro Albo que había impedido analizar la posición de Pedicone. La sentencia lleva la firma de los vocales Antonio Gandur (presidente), Claudia Sbdar y Daniel Posse, e incluye un reproche para la camarista Liliana Vitar, que actuó en el caso y luego se excusó por ser esposa de Washington Navarro Dávila, el fiscal que, según Lenis de Vera, ha de investigar a Herrera (antes, Vitar había denunciado a los auditores de la Corte que fiscalizaron causas objetadas del ex fiscal). Tanto la entidad de García Posse, que dijo que el fuero penal podría estar siendo usado como agencia de cobranzas, como la Federación Argentina de Colegios de Abogados habían llamado la atención sobre la gravedad institucional implicada en el proyecto de voto que Pedicone. Jiménez, por su parte, defendió su proceder y manifestó que este juez actuaba como político.
El jefe de los fiscales y defensores oficiales tucumanos pidió la cita con Garavano luego de que Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, anunciara que iba a entrevistarse con el ministro del Gobierno de Mauricio Macri para conversar sobre la situación inaudita expuesta por Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de Tucumán. Esta audiencia fue fijada para el martes 28 de diciembre a las 16.
“En el Colegio hemos empezado a hablar ya, directamente, del ‘pirinchismo’ para caracterizar al grupo de jueces y fiscales que responde al ministro público ‘Pirincho’ Jiménez”, explicó García Posse a colación del voto fallido de Pedicone. Aquel juez había dicho a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que no lo habían dejado cumplir con su deber de juzgar en una causa penal que implica al ex fiscal Guillermo Herrera y había adjuntado su proyecto de sentencia. Este documento dice que Jiménez pone en riesgo la seguridad del Estado y de la ciudadanía. Según Pedicone, el ministro público, la jueza Mirta Lenis de Vera, el fiscal Carlos Sale y Tomás Robert, abogado que renunció a la defensa de Herrera para asumir como relator de Jiménez, operaron para lograr la impunidad del ex fiscal. El miércoles, la Corte anuló de oficio la decisión del camarista Eudoro Albo que había impedido analizar la posición de Pedicone. La sentencia lleva la firma de los vocales Antonio Gandur (presidente), Claudia Sbdar y Daniel Posse, e incluye un reproche para la camarista Liliana Vitar, que actuó en el caso y luego se excusó por ser esposa de Washington Navarro Dávila, el fiscal que, según Lenis de Vera, ha de investigar a Herrera (antes, Vitar había denunciado a los auditores de la Corte que fiscalizaron causas objetadas del ex fiscal). Tanto la entidad de García Posse, que dijo que el fuero penal podría estar siendo usado como agencia de cobranzas, como la Federación Argentina de Colegios de Abogados habían llamado la atención sobre la gravedad institucional implicada en el proyecto de voto que Pedicone. Jiménez, por su parte, defendió su proceder y manifestó que este juez actuaba como político.







