La situación judicial inédita que Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, planteó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán traspasó las fronteras.
El viernes, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) trató el tema y resolvió dirigirse a los tres poderes del Estado de Tucumán para expresar su preocupación por la falta de garantía de los derechos de los ciudadanos que debe otorgar el Ministerio Público. La Junta de Gobierno pidió reacción institucional para asegurar el funcionamiento del órgano que encabeza Edmundo Jiménez y evitar el uso indebido del fuero penal.
La resolución firmada por el presidente Ricardo de Felipe y el secretario Juan Jorge Villa incluye la decisión de comunicar la situación al Ministerio de Justicia de la Nación. La FACA expresó que acompañaba al Colegio de Abogados de la Capital, que denunció al ex fiscal Guillermo Herrera, si eventualmente requería el enjuiciamiento y la remoción de los magistrados cuestionados por Pedicone.
“En el voto (que el camarista elevó a la Corte) se advierte una grave crisis institucional y funcional del Ministerio Público, y el posible desamparo de los intereses de la sociedad y de los ciudadanos tucumanos”, dijeron De Felipe y Villa. Manifestaron que de las presentaciones de Pedicone y del Colegio que preside Francisco García Posse surgiría la posible alteración de turnos y competencias de los fiscales de Cámara que pondría en crisis el funcionamiento, imparcialidad y deber de probidad que pesa sobre la institución de Jiménez.
Una conjetura
El voto que Pedicone había elaborado en el ámbito de la causa “Falú” (también llamada “Jorrat”) se filtró el martes, cuando ese juez decidió girarlo al alto tribunal con una nota que informaba que no había podido cumplir con su deber de emitir una sentencia. En el expediente consta que Pedicone propuso a sus pares, Liliana Vitar y Eudoro Albo, que tratasen un recurso de apelación que había presentado el fiscal Diego López Ávila. Pero Vitar se excusó -porque estaba en juego la intervención de su esposo, el fiscal Washington Navarro Dávila- y Albo, en su calidad de presidente, dispuso la remisión del expediente a la jueza Mirta Lenis de Vera. Según ese juez, no había manera de atender la pretensión de Pedicone puesto que el artículo 475 del Código Procesal Penal cierra la posibilidad de juzgar si el Ministerio Público no sostiene el recurso, como ocurrió en este caso en virtud de que Carlos Sale, fiscal de Cámara, dejó caer la apelación de López Ávila contra la resolución de Lenis de Vera.
La sentencia consentida por Sale anuló partes de la investigación de López Ávila, que dijo que Herrera habría cometido delitos mientras instruía la causa “Jorrat”. Además, ordenó que la investigación prosiga en la fiscalía de Navarro Dávila, tal y como había planteado Tomás Robert, defensor de Herrera hasta el 24 de noviembre, cuando renunció para asumir como relator de Jiménez. En su voto fallido, Pedicone vinculó los procederes de Jiménez, Sale, Lenis de Vera y Robert. El camarista advirtió que la jueza anuló las citaciones a declarar como testigos de los imputados Jorge Rigourd y de Roxana Teves que López Ávila dispuso antes de desglosar las denuncias. “Teves nada tenía que ver con el caso ‘Falú’ y sí con otra causa que, como es público e incluso consta en el acta de una auditoría encargada por la Corte, involucra a los propios hijos del ministro Jiménez”, consignó. En virtud del testimonio de Teves, López Ávila ordenó la formación de una nueva causa penal contra los hermanos Jiménez y el letrado Alfredo Falú, entre otros, que ingresó a la Fiscalía de Adriana Giannoni.
Desde la semana pasada, la Corte está aplicada al estudio del escenario inédito que expuso Pedicone.
Asumen miembros del CAM
DANIEL POSSE SE DESEMPEÑARÁ COMO PRESIDENTE DEL ORGANISMO
Mañana jurarán los nuevos integrantes y autoridades del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). A las 11, los consejeros asumirán en el Palacio de Justicia. Después, en la sede del organismo, celebrarán una sesión pública en la que, entre otros puntos, se elegirá vicepresidente. El vocal de la Corte Daniel Posse será el presidente hasta 2017 (su suplente será René Goane). Jurarán los legisladores Fernando Juri, Silvia Rojkés, Javier Pucharras, Roque Cativa, Fernando Valdéz y Raúl Albarracín; los jueces de la capital Carlos Caramuti y José Dantur; los magistrados del sur Raúl Fermoselle y Jorge Carrasco; los abogados de la capital José Adle y Jorge Conrado Martínez y los letrados del sur Martín Tello y Rolando Granero.
En la Legislatura
Dos oficialistas y un peronista disidente serán autoridades de la comisión de Juicio Político
Esta semana se conocería la composición de las comisiones de la Legislatura. Pero un grupo de trabajo ya se ha constituido. En la última sesión fueron designados los integrantes de Juicio Político, y ahora se definió quiénes serán los responsables. El oficialista Zacarías Khoder ocupará la presidencia de este comité clave -decide qué planteos ameritan el inicio de un juicio político-. La “vice” fue para la también oficialista Nancy Bulacio, mientras que el secretario será el amayista Christian Rodríguez. Los demás miembros son: Gladys Medina, Leoncio Gutiérrez, Reneé Ramírez, Mariela Reyes Elías, Enrique Bethencourt. Elena Cortalezzi, Graciela Gutiérrez (oficialistas), Eudoro Aráoz (UCR) y Alberto Colombres Garmendia (PRO).
