Gendarmería se desliga del mal funcionamiento de las cámaras

La Junta Electoral Provincial (JEP) sostiene que la imposibilidad de acceder a las filmaciones de la custodia de las urnas configura un serio incumplimiento de los servicios a cargo de la Gendarmería y así se lo hizo saber al juez federal N°2, Fernando Luis Poviña, ayer a la mañana. Durante la siesta, Claudio Adolfo Maley, comandante mayor y jefe de la Región IV de Gendarmería, informó que la misma JEP debía instalar las cámaras y que cinco días antes de los comicios del 23 de agosto, el secretario Darío Almaraz les derivó el asunto en forma verbal. “Como no contamos con medios ni personal técnico especializado, y por la premura del caso, contratamos a la empresa Info FOJ por cuenta y orden de la de Junta Electoral”, justificó.

El gendarme dijo que su institución se había comprometido a mantener la custodia física y presencial de las urnas; que cumplió esa tarea “en todo momento”, y que la instalación y operación de cámaras de seguridad no había sido prevista ni presupuestada, según se desprende del “Plan de necesidades correspondiente al distrito electoral Tucumán para las elecciones 2015”. Info FOJ oficializó este 7 de septiembre que los registros audiovisuales correspondientes al 23 y 24 de agosto estaban dañados por problemas de tensión eléctrica. Asimismo, Gendarmería adjuntó la factura que esa firma domiciliada en Santiago del Estero emitió a nombre de la JEP por $ 16.810 en concepto de adquisición del sistema de cámaras. Tal instrumento llamó la atención en el órgano encargado de organizar y fiscalizar los comicios. Este jueves y ante la Justicia Federal, Darío Almaraz, secretario de aquella institución, negó enfáticamente cualquier vínculo contractual con la empresa Info FOJ, cuyo responsable es Francisco Omar Jiménez. “Negamos categóricamente la validez de la factura presentada por la fuerza de seguridad nacional. La Junta no tuvo participación alguna en su confección”, añadió el fedatario en la ampliación de la presentación.

Poviña giró las manifestaciones de la Junta al fiscal federal N°2, Pablo Camuña, para que proceda a investigar el affaire, según comentaron fuentes de la JEP. El contrato suscripto entre ese órgano y Gendarmería para la custodia de los locales y urnas supuso para la Provincia un desembolso de $ 6,3 millones. Ese acuerdo fue negociado con el comandante general Federico Sosa, quien se desempeñó como comandante electoral. Días después de los comicios, Gendarmería lo pasó a retiro y puso en su lugar a Maley. En una nota separada, esa autoridad informó ayer que dos especialistas en informática de la fuerza habían aterrizado en la provincia con el propósito de revisar los archivos “defectuosos”. Estos especialistas son el comandante principal Víctor Hugo Duette y el primer alférez Pablo Javier Zakowicz.

El miércoles, Antonio Gandur, presidente de la Corte, había dado 24 horas a Gendarmería para que informe si se había notificado de problemas de baja tensión ocurridos el 23 y el 24 de agosto, entre otros aspectos relacionados a la custodia de las urnas. Maley respondió que esa información debía ser solicitada a la empresa distribuidora de energía (EDET SA): “porque esta no suele notificar formalmente a los usuarios acerca de episodios de baja tensión o demás anomalías en el servicio”.