El Gobierno evalúa cómo evitar excusaciones en la Corte

La Casa de Gobierno sigue con atención cada paso de la Justicia provincial. Sucede que son cuatro los planteos de nulidad de los comicios del 23 de agosto que se tramitan en la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

El alperovichismo parece no estar dispuesto a dejar frentes al descubierto. Por eso, en los últimos días, analizó sus posibilidades y habría delineado una estrategia. El objetivo primordial sería el de no “perder votos” en la Corte Suprema de Justicia local, donde tarde o temprano derivarían las presentaciones opositoras.

Según altas fuentes gubernamentales, en los próximos días el Gobierno podría desplazar al fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa. Primero, había trascendido que el funcionario sería reemplazado por quien se desempeña como fiscal adjunto, Daniel Alfredo Aguirre. Con el correr de las horas, sin embargo, sonó con más fuerza el nombre del abogado Pedro Cruz, que lleva adelante el caso por la candidatura a legislador del senador Sergio Mansilla. El ex secretario del Interior encabezó la lista del Frente para la Victoria por el Oeste, pero su asunción podría no concretarse debido a que fue objetado judicialmente: fue electo en los últimos dos comicios como legislador y cumplió el tope de reelecciones previstas en la Constitución provincial.

Posse Ponessa es hermano de Daniel Posse, vocal del máximo tribunal. El oficialismo pretende evitar que el juez y ex secretario de Derechos Humanos alperovichista deba excusarse por el parentesco con el letrado.

Como la Junta Electoral Provincial (JEP), órgano de control de los comicios, no tiene entidad jurídica, la Provincia responde por ella y es la demandada en todos los casos. Y, al ser Posse Ponessa el jefe de los abogados del Estado, su hermano quedaría inhibido para pronunciarse. Antonio Gandur, en su carácter de presidente de la Corte encabeza la JEP, también se apartaría. Sólo podrían votar los vocales Claudia Sbdar, Antonio Estofán y René Mario Goane.

La semana pasada, en declaraciones a LA GACETA, Gandur había adelantado que, en caso de que la controversia en torno al recuento de votos de las elecciones llegara al Máximo Tribunal del distrito, que él encabeza, “por supuesto” se excusaría.

Las cuatro denuncias que se dirimen en Tribunales fueron presentadas por diferentes sectores disidentes: el Partido Socialista, el frente Alternativa Popular, Libres del Sur y el Acuerdo para el Bicentenario (ApB).

Al ser consultado por LA GACETA, Posse Ponessa manifestó anoche no estar al tanto de su posible reemplazo. “Me sorprende, no sé nada en lo absoluto”, afirmó. El letrado aseguró que se comunicaría con el gobernador, José Alperovich, cuando este retomara sus funciones. El mandatario estuvo de viaje en Mendoza.

Posse Ponessa fue el cuarto fiscal de Estado desde que Alperovich asumió el poder, en 2003. Se había hecho cargo de la oficina a fines de octubre de 2011. Había llegado al puesto tras la intempestiva salida de Francisco Sassi Colombres, quien había estado sólo un par de días en el puesto y renunciado tras denuncias de organismos de Derechos Humanos por su supuesto vínculo con la dictadura. Antes, habían estado el ya fallecido Pedro Giúdice y Antonio Estofán.