“Intiman” a la instructora de un sumario

El 28 de agosto, en el acto tradicionalmente crítico del Día del Abogado, no hubo comentarios oficiales sobre la crisis que aqueja a los Tribunales locales desde comienzos de este año, conflicto en el que el Colegio de Abogados de la Capital jugó un rol activo como denunciante de los fiscales Alejandro Noguera y Guillermo Herrera. Después de la ceremonia, Francisco García Posse, presidente de la entidad, explicó que por los festejos profesionales del mes pasado se habían visto obligados a morigerar las acciones relativas a la crisis. “Pero nosotros ya hemos exigido una definición a la instructora del sumario administrativo de Herrera, la fiscala Juana Prieto”, informó el letrado.

El presidente del Colegio dijo que se dirigieron a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para preguntarle cuándo estarían listas las conclusiones de Prieto. Esta funcionaria constitucional asumió la instrucción del proceso administrativo a fines de mayo, luego de que su colega, la fiscala Marta Jerez, se inhibiese de intervenir por amistad con Herrera. García Posse agregó que la Corte había respondido que los corolarios no estaban listos. “Nosotros le pedimos que fije un plazo”, manifestó.

Según su opinión, ya transcurrió el tiempo suficiente para que el sumario muestre progresos, lo mismo que las investigaciones penales preliminares que desarrolla Diego López Ávila, fiscal N°4. Esta semana trascendió que ese funcionario constitucional había pedido a Mirta Lenis de Vera, jueza de Instrucción N°5, que investigue si el fiscal Herrera -está de licencia médica- cometió delitos durante el trámite de la causa “Jorrat”. En el ámbito de esa misma causa, López Ávila analizó las denuncias contra Noguera; su par Arnoldo Suasnábar y el juez Juan Francisco Pisa, pero respecto de ellos pidió el archivo de las actuaciones. Fuentes judiciales comentaron que ya estarían listos otros requerimientos contra Herrera ligados a la denuncia del Colegio.

El 31 de marzo pasado, García Posse declaró ante López Ávila que los casos “Teves-Albarracín”, “Rigourd”, “Jorrat” y “Valdez” reflejarían, respecto de Herrera, un mismo patrón de conducta irregular. Ese modus operandi consistiría en la tramitación de denuncias relativas a conflictos entre particulares de evidente naturaleza civil, no penal; la hiperactividad de la fiscalía orientada más a la adopción y al requerimiento de medidas que no tienen relación con la investigación en sí sino que resultan actuaciones de coerción sobre el denunciado o querellado, y el cese abrupto del interés del fiscal una vez que los particulares llegaban a un acuerdo patrimonial.

En virtud de esta denuncia, Antonio Gandur, presidente de la Corte, ordenó una auditoría que desembocó en una pugna con Edmundo Jiménez, ministro público y jefe de Herrera, por el control de los expedientes objetados. En mayo, los funcionarios del Cuerpo de Auditores de la Corte informaron que habían hallado numerosas anomalías en las causas cuestionadas (luego, se sumó el caso “Pérez”). A continuación, Gandur y sus pares, los vocales René Goane, Claudia Sbdar y Daniel Posse abrieron el sumario (el juez Antonio Estofán no participó de la acordada por su amistad con Herrera). “Queremos que los hechos sean esclarecidos e insistiremos hasta que lo consigamos”, advirtió García Posse.