02 Septiembre 2015 Seguir en 
El cambio de posición del fiscal Guillermo Herrera (N°10) respecto de los imputados en la causa “Jorrat”, Rubén “La Chancha” Ale y Daniel Felipe Jorrat, daría pie a la sospecha de un accionar malicioso y con mala fe, según Diego López Ávila, fiscal N°4. Por esta razón, recomendó que el juez de Instrucción correspondiente (en principio Mirta Lenis de Vera) abra una investigación jurisdiccional, que podría derivar en la destitución de Herrera -si llegase a dimitir, quedaría sujeto a una pesquisa ordinaria-.
López Ávila destacó que Herrera había imputado una serie de delitos a Ale y a Jorrat, y pedido la prisión preventiva para ambos. Pero, luego, estos se comprometieron a entregar las tierras disputadas al denunciante Gustavo S. Carrasco y a pagarle $ 300.000, tras lo cual Herrera solicitó el cese de prisión. Por su parte, Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, sostuvo que el conflicto tenía naturaleza civil, no penal, y que el acuerdo suscripto “era francamente impresentable”. Ante López Ávila, Noguera dijo: “se trataba de una forma de apriete que no estaba dispuesto a consentir”.
El fiscal N°4 advirtió que, al mutar de posición, Herrera dejó de lado toda la prueba que había considerado para solicitar la prisión preventiva. “A partir de la presentación del convenio entre las partes, paralizó su actividad investigativa”, expresó. “Esta conducta a priori muestran verosímil y posible las observaciones efectuadas (contra Herrera) por el Colegio de Abogados de la Capital y Carlos Garmendia (abogado de Susana Trimarco)”, razonó. El fiscal denunciado afronta asimismo otras 10 denuncias penales más y un sumario administrativo cuya instrucción está a cargo de la fiscala Juana Prieto.
López Ávila destacó que Herrera había imputado una serie de delitos a Ale y a Jorrat, y pedido la prisión preventiva para ambos. Pero, luego, estos se comprometieron a entregar las tierras disputadas al denunciante Gustavo S. Carrasco y a pagarle $ 300.000, tras lo cual Herrera solicitó el cese de prisión. Por su parte, Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, sostuvo que el conflicto tenía naturaleza civil, no penal, y que el acuerdo suscripto “era francamente impresentable”. Ante López Ávila, Noguera dijo: “se trataba de una forma de apriete que no estaba dispuesto a consentir”.
El fiscal N°4 advirtió que, al mutar de posición, Herrera dejó de lado toda la prueba que había considerado para solicitar la prisión preventiva. “A partir de la presentación del convenio entre las partes, paralizó su actividad investigativa”, expresó. “Esta conducta a priori muestran verosímil y posible las observaciones efectuadas (contra Herrera) por el Colegio de Abogados de la Capital y Carlos Garmendia (abogado de Susana Trimarco)”, razonó. El fiscal denunciado afronta asimismo otras 10 denuncias penales más y un sumario administrativo cuya instrucción está a cargo de la fiscala Juana Prieto.






