Siete temas polémicos fuera de la agenda electoral

USHUAIA.- La gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, de 51 años, inició el trámite jubilatorio, pero tuvo que justificar su decisión por la fuerte repercusión que generó ya que se produce en coincidencia con protestas de gremios estatales, que rechazan un proyecto de ley de modificación previsional, que contempla aumentar la edad jubilatoria. 

“Mi nombre, mi condición laboral y personal, ha sido puesta en boca de todos con imprecisiones y mentiras”, afirmó Ríos, que concluirá su mandato en pocos meses, cuando asuma Rosana Bertone, del Frente para la Victoria. La mandataria salió última en la pasada elección cuando se presentó como candidata a intendenta de Ushuaia. 

La caja de los estatales de Tierra del Fuego contempla el retiro a los 50 años para las mujeres y a los 55 para los hombres. “En el último semestre de 2007 se produjeron siete reformas previsionales que flexibilizaron las condiciones de acceso a la misma”, aclaró Ríos. “Tengo 51 años, 28 de servicio, 24 de los cuales han sido aportados a la Caja Provincial, mi salario figura en la página de gestión transparente”, remarcó. Criticó a los directores de la caja previsional que cuestionaron el inicio de su trámite jubilatorio. “Está completamente vigente el refrán de: para el enemigo, ni justicia”, lamentó. (DyN)

BUENOS AIRES.- El ex comisario  bonaerense Juan José Ribelli (foto) pasó de acusado a acusador al culpar al  juez destituido Juan José Galeano de haberlo mantenido preso durante ocho años y medio en virtud de la falsa acusación de haber participado del atentado a la Amia de 1994, en el marco del juicio por el encubrimiento del ataque terrorista. Ribelli leyó personalmente su acusación en la segunda jornada del juicio que se sigue al ex presidente Carlos Menem y otros doce acusados por fraguar y destruir en la investigación de ese hecho que causó 85 muertos. El ex mandatario, de 87 años, tampoco estuvo ayer en la sala de audiencias luego de que el Tribunal Oral Federal 2  aceptó su certificado médico del deterioro de su salud y le permitió escuchar las acusaciones desde su domicilio por videoconferencia.

En cambio, el ex jefe de la Side, Hugo Anzorreguy, que en la primera jornada escuchó las imputaciones en su contra por encubrimiento y peculado, internado en un sanatorio, concurrió a los tribunales federales de Retiro y permaneció en una sala contigua a las deliberaciones. Todos efectuaron la lectura de los pedidos que en su momento hicieron contra los acusados por distintas conductas ilícitas durante la tramitación del expediente por el atentado, en particular por el abandono de la denominada “pista siria” por orden de Menem, para evitar que la investigación se acercara a su círculo intimo. Las acusaciones recordaron las relaciones de Menem con la familia de Alberto Kanoore Edul, cuya vinculación con el sospechoso de organizar el atentado, el agregado cultural iraní Moshen Rabbani, se dejó de investigar tras la orden presidencial. (Télam)

BUENOS AIRES.- El rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), arzobispo Víctor Manuel Fernández (foto), le envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en la que denunció que algunos fallos judiciales revelan un “avance de la Justicia por sobre la legislación”. “¿Qué sentido tienen los debates legislativos -donde a veces se discuten y votan detalles ínfimos de la letra de una ley- si después los fallos avanzan más allá de lo legislado? ¿No se trata también de un indebido avance de un poder del Estado sobre el otro?”, le preguntó el arzobispo al titular del máximo tribunal. 

Monseñor Fernández puso como ejemplo “más grave” de este avasallamiento el fallo que la Corte firmó el 13 de marzo de 2012, en el que según el arzobispo se “transformó lo que se llamaba aborto eugenésico en un aborto por violación” y amplió las causales de despenalización previstas en la ley, además de pedir que se implementen protocolos hospitalarios. “Mi pregunta es si la regulación a futuro en Argentina no es competencia específica del Poder Legislativo y no del Judicial, por lo que una injerencia en tal aspecto significaría la extralimitación de un poder sobre otro, contraria al principio de división de poderes que la Corte procura garantizar”, formuló. 

Monseñor Fernández recordó que la función esencial de todo tribunal de Justicia es “interpretar y aplicar el derecho valido y vigente, no legislar” y le transmitió a Lorenzetti que “se advierte hoy una tendencia a que los jueces, a través de sus fallos, terminen de hecho legislando ‘erga omnes’ (frente a todos) más allá de la resolución del caso concreto que tienen bajo su jurisdicción”. (DyN)

BUENOS AIRES.- El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, defendió la designación de Delfina Rossi, hija del ministro de Defensa, Agustín Rossi, como directora del Banco Nación, al afirmar que “la sancionan por el pecado de ser joven”, al tiempo que negó que haya un “acomodo” por ser familiar directo de un alto funcionario del Gobierno. “Durante 70 u 80 años, ese banco tuvo directores que brillaron por su ausencia, y que esté esta piba, con 26 años, y semejante formación, a mí me llena de orgullo”, replicó. “Estamos hablando de una joven brillante, con varios masters, ¿y es acomodada? Acomodados fueron varios hombres que a lo mejor formaron parte de este gabinete, y no tenían estatura para hacerlo”, planteó.

En tanto, a través de la plataforma de Change.org, el abogado Emil Santoro, un dirigente del PRO inició una campaña para recoger 7.500 firmas para pedirle a la presidenta, Cristina Fernández, que revea el nombramiento. “Es arbitraria y violatoria de la ley. Es un triste caso de nepotismo y abuso de poder”, indicó. (DyN-Infobae.com)

BUENOS AIRES.- La Cámara Federal porteña rechazó aclarar si son nulos o no los procedimientos que el juez Claudio Bonadio (foto), realizó en el sur del país en la causa Hotesur, en los que se llevó documentación de empresas de la familia de la presidenta Cristina Fernández. La Sala I de la Cámara resolvió “no hacer lugar” al pedido de aclaración que había presentado el fiscal Germán Moldes y sostuvo que los alcances de una nulidad deben ser resueltos por el nuevo juez de la causa, Daniel Rafecas.

Luego de que la Cámara Federal apartó a mediados de julio a Bonadio de la causa e invalidó la convocatoria que el juez hizo de peritos contadores por no haber informado a las partes, el fiscal Moldes le pidió al tribunal que aclare si esa nulidad alcanzaba a los procedimientos que el magistrado realizó en el sur. Se trata de los 35 operativos que llevó adelante la Policía Metropolitana en Bariloche, Río Gallegos y Calafate, donde secuestró documentación de distintas empresas y hoteles, entre ellos “Los Sauces”, de la familia presidencial, y la inmobiliaria de Máximo Kirchner y Osvaldo Sanfelice, dos de los investigados. Los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero rechazaron el pedido de aclaratoria al señalar que el Código Penal establece los alcances de una nulidad y que eso debe ser definido por el juez que lleva la causa, que es Rafecas, sorteado tras el apartamiento de Bonadio. Luego de una nulidad todo lo que se hizo no tiene validez, excepto que se haya llegado a eso mediante otra vía. En este caso, los procedimientos fueron ordenados a partir de un pedido que los peritos convocados le hicieron al juez, por lo que las diligencias no tendrían validez y por lo tanto no se podría usar como prueba la documentación que allí se obtuvo. (DyN)

BUENOS AIRES.- La Corte Suprema de Justicia realizó ayer una audiencia para analizar la sindicalización de las fuerzas policiales y de seguridad, en el marco de un encuentro que contó con la participación de representantes gremiales y del gobierno nacional, que manifestó que se opone a esta iniciativa. “No hay una ley que habilite esa posibilidad”, afirmó en la audiencia el abogado Norberto Ciaravino (foto), representante del Ministerio de Trabajo de la Nación. Más temprano, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dejó en claro que las fuerzas de seguridad “no tienen derecho a realizar huelga por una prohibición expresa que figura en el artículo 252 del Código Penal”.

El Sindicato Policial de Buenos Aires (Sipoba) reclama el derecho a la agremiación basándose en el artículo 14 bis de la Constitución nacional, que para sus integrantes “garantiza la organización sindical con la inscripción en un registro especial”. “El policía está en la misma situación de sometimiento que el obrero del siglo XIX”, sintetizó Luis Alberto Lugones, representante legal del Sipoba, para quien “el sindicato es el ámbito donde el policía honesto podría respaldarse”. Esta agrupación de uniformados pretende inscribirse como gremio desde 1998, pero el entonces ministro de Trabajo, Antonio Erman González, rechazó el pedido, algo que volvió a ocurrir en 2002, cuando al frente de la cartera estaba Graciela Camaño. Entonces, el SIPOBA acudió a la justicia laboral, y en octubre de 2010, la cámara del fuero, con los votos de María Margalejo y Juan Fernández Madrid y la disidencia de Oscar Zas, rechazó la demanda por considerar que la situación de los policías “no es asimilable” a la de otros trabajadores. (Télam)

BUENOS AIRES.- Los obispos cerraron tres días de reunión sin un pronunciamiento formal sobre la realidad social, aunque volvieron a advertir que es preocupante el consumo de drogas así como el avance del narcotráfico. Los prelados también denunciaron la “situación infrahumana” que padecen las personas detenidas en cárceles y comisaría. “No se difundió un documento, pero hubo coincidencias en que es preocupante el aumento del consumo de estupefacientes y el avance del narcotráfico en el país, todo producto de la corrupción que supera los diversos niveles de control de la sociedad y el Estado”, dijo un vocero episcopal. La Iglesia viene alertando en los últimos años sobre el avance del narcotráfico, sobre todo tras la polémica que desató el papa Francisco al deslizar que cree que Argentina dejó de ser un lugar de paso de la droga para transformarse en uno en el que “se fabrica”. En noviembre de 2013, la Iglesia difundió un documento en el que afirmaba que “si la dirigencia no toma medidas, costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar las mafias del narcotráfico”. El último en denunciar una situación fue el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano. “No se puede tener una mirada ingenua sobre este drama; hay mafias que se enriquecen y oprimen”, apuntó. (DyN)