28 Mayo 2015
FOTO DE URGENTE24.COM
BUENOS AIRES.- El juez Horacio Piombo renunció a su cargo en la Cámara de Casación de La Plata, y Benjamín Sal Llargués haría lo propio en las próximas horas. Ambos magistrados lograron notoriedad por beneficiar a un violador, al considerar que la víctima -un niño de 6 años- era gay.
Piombo y Sal Llargués tienen abierto un jury en el Senado provincial, y hay en marcha una campaña de recaudación de firmas en la que más de 185.000 personas pidieron la destitución de los magistrados.
La reacción social, que se tradujo en el pronunciamiento de los tres poderes frente a varios de los fallos de los jueces de Cámara, consignó el portal "Letra P".
Si bien el jury de enjuiciamiento es por un fallo de 2011 -donde le bajaban la pena a un condenado por abuso sexual- el escándalo salto a raíz de otra de sus decisiones judiciales.
Se trata del caso del dirigente del club Florida, de Vicente López, Mario Tolosa, condenado en primera instancia a seis años de prisión por la violación de un chico de seis años, pena que los camaristas de Casación redujeron a la mitad al quitar el calificativo de "gravemente ultrajante" al abuso, por considerar que el menor ya había sido violado por otro adulto y presentaba una "orientación sexual homosexual definida".
La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), junto a otras organizaciones, expusieron el caso en los medios y el título “jueces bajan la pena a un violador por considerar que la víctima es gay” estalló sin remedio.
La repercusión llegó al ámbito académico, donde la Federación Universitaria de La Plata (FULP) pidió que el juez fuera apartado de la titularidad de las cátedras de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. Piombo decidió renunciar a estas tareas académicas.
El escándalo llegó a más, y organizaciones internacionales, de derechos humanos y de defensa de los derechos del niño, repudiaron el fallo.
Mientras, desde el Senado provincial, la jefa del bloque Cristina Fioramonti, reeditó viejas denuncias contra los magistrados. Hicieron lo propio desde todos los bloques políticos.
El vicegobernador, Gabriel Mariotto, pidió el apartamiento "en forma perentoria de los jueces dada la gravedad institucional de lo sucedido y la existencia de una causa preexistente", en referencia a un fallo de 2011, cuando Piombo y Sal Llargues redujeron la condena por violación a menores a un pastor evangélico.
En ese caso, los camaristas consideraron un atenuante el hecho de que las víctimas eran de "bajo nivel social" y que en el ámbito en el que vivían, una villa de emergencia, eran “usuales” este tipo de relaciones.
Los argumentos que expusieron se basan en el hecho de considerar que quedaron solos, abandonados por los poderes del Estado y sin la tutela siquiera del ámbito académico.
Entienden que el jury en curso, y los que están por iniciarse, van a resultar desfavorables y prefieren retirarse por propia voluntad, para conservar los beneficios del ámbito judicial.
Cuentan que “no hubo autocrítica, ni arrepentimiento”, sino la necesidad de evitar un escándalo mayor.
Piombo y Sal Llargués tienen abierto un jury en el Senado provincial, y hay en marcha una campaña de recaudación de firmas en la que más de 185.000 personas pidieron la destitución de los magistrados.
La reacción social, que se tradujo en el pronunciamiento de los tres poderes frente a varios de los fallos de los jueces de Cámara, consignó el portal "Letra P".
Si bien el jury de enjuiciamiento es por un fallo de 2011 -donde le bajaban la pena a un condenado por abuso sexual- el escándalo salto a raíz de otra de sus decisiones judiciales.
Se trata del caso del dirigente del club Florida, de Vicente López, Mario Tolosa, condenado en primera instancia a seis años de prisión por la violación de un chico de seis años, pena que los camaristas de Casación redujeron a la mitad al quitar el calificativo de "gravemente ultrajante" al abuso, por considerar que el menor ya había sido violado por otro adulto y presentaba una "orientación sexual homosexual definida".
La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), junto a otras organizaciones, expusieron el caso en los medios y el título “jueces bajan la pena a un violador por considerar que la víctima es gay” estalló sin remedio.
La repercusión llegó al ámbito académico, donde la Federación Universitaria de La Plata (FULP) pidió que el juez fuera apartado de la titularidad de las cátedras de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. Piombo decidió renunciar a estas tareas académicas.
El escándalo llegó a más, y organizaciones internacionales, de derechos humanos y de defensa de los derechos del niño, repudiaron el fallo.
Mientras, desde el Senado provincial, la jefa del bloque Cristina Fioramonti, reeditó viejas denuncias contra los magistrados. Hicieron lo propio desde todos los bloques políticos.
El vicegobernador, Gabriel Mariotto, pidió el apartamiento "en forma perentoria de los jueces dada la gravedad institucional de lo sucedido y la existencia de una causa preexistente", en referencia a un fallo de 2011, cuando Piombo y Sal Llargues redujeron la condena por violación a menores a un pastor evangélico.
En ese caso, los camaristas consideraron un atenuante el hecho de que las víctimas eran de "bajo nivel social" y que en el ámbito en el que vivían, una villa de emergencia, eran “usuales” este tipo de relaciones.
Los argumentos que expusieron se basan en el hecho de considerar que quedaron solos, abandonados por los poderes del Estado y sin la tutela siquiera del ámbito académico.
Entienden que el jury en curso, y los que están por iniciarse, van a resultar desfavorables y prefieren retirarse por propia voluntad, para conservar los beneficios del ámbito judicial.
Cuentan que “no hubo autocrítica, ni arrepentimiento”, sino la necesidad de evitar un escándalo mayor.
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