02 Mayo 2015
La audiencia entre la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y los dirigentes profesionales inquietos por los conflictos que sacuden al Poder Judicial dio pie al alto tribunal para ratificar su política favorable a la publicidad de todas las decisiones que emite. “Destaco la vocación por la transparencia que durante la reunión explicitó en varias oportunidades el presidente Antonio Gandur, en presencia de sus pares Claudia Sbdar y Daniel Posse”, dijo Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital.
La misma evaluación hicieron por separado, al término de la entrevista en el Palacio de Justicia, Héctor Ávila y Diego Vals, respectivos titulares de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) y del Colegio de Abogados del Sur. “Me parece positivo que la Corte haya refrendado la vocación por transparentar sus actos. En esa línea, me parece necesario disponer de los resultados de las estadísticas y de las auditorías, que es información esencial para proponer cambios en el Poder Judicial”, manifestó el dirigente Vals.
El bioquímico Ávila celebró la realización de la audiencia, y aprovechó la oportunidad para pedir al Poder Legislativo que se una a la corriente de publicidad y transparencia, y sancione una ley de ética pública (en 2013, Feput presentó un proyecto de ley a esta Legislatura, que nunca fue debatido). “Hacemos votos para que la Justicia salga fortalecida de la crisis; para que la división de poderes sea respetada, y para que podamos gozar de la libertad y de la democracia”, dijo a la prensa. Ávila afirmó que a la ciudadanía le preocupaba el funcionamiento de la Justicia: “creemos que esta no es una angustia infundada sino que hay situaciones que deben ser investigadas y corregidas. Por ello es que estamos apoyando la denuncia del Colegio de Abogados de la Capital y a la propia Corte, que inició la auditorías (en actuaciones controvertidas del fiscal Guillermo Herrera) para ver si efectivamente se están respetando la ley, y los parámetros constitucionales y republicanos”.
Además de los dirigentes y vocales del alto tribunal mencionados, asistieron a la audiencia del jueves Ricardo De Felipe y Juan Jorge Villa, respectivos presidente y secretario de la Federación Argentina de Colegios de Abogados; Gustavo Romero, presidente del Consejo de Abogados de La Rioja; Marisa Falconier y Fabiola Nallim, representantes de la abogacía de Salta, y Juan Musi y Antonio Bustamante, respectivos vicepresidente y ex titular del Colegio de Abogados de la Capital.
Contraste y organización
García Posse explicó que con esta reunión querían mostrar que la denuncia formulada por su entidad contra los fiscales Alejandro Noguera y Herrera tiene el acompañamiento de la abogacía organizada del país y de los profesionales universitarios de Tucumán. “De paso, era importante para nosotros expresar que consideramos que en este caso, al ordenar la auditoría en las causas objetadas de Herrera, la Corte actuó rápido y bien porque ahora el titular del Ministerio Público (Edmundo Jiménez) quiere dar la sensación de que aquí no ha pasado nada, y nosotros entendemos que sí ha pasado y que fue grave”, dijo el letrado. Y añadió: “hubo una resistencia a la auditoría y a entregar expedientes, que no pueden ser reservados, y lo peor es que Jiménez pretendió disputar a la Corte las facultades y atribuciones de superintendencia establecidas en la Constitución de Tucumán”.
En su crítica hacia el Ministerio Público, García Posse dijo que era evidente el contraste que en materia de transparencia había entre ese órgano y la Corte Suprema: “Jiménez no publicita sus resoluciones. Por ejemplo, hizo falta que la Corte le exigiese la entrega de expedientes objetados de Herrera para que nos enteremos que había dispuesto su redistribución. La publicidad es más necesaria ahora que nunca porque el ministro público comenzará a manejar su propio presupuesto”.
Vals dijo que acompañaba a sus colegas dirigentes porque era difícil denunciar a magistrados. “Entiendo que los problemas del fuero penal en la capital son más estructurales que en el sur. En los centros judiciales de Concepción y Monteros puede haber errores concretos, pero en San Miguel de Tucumán la situación es más preocupante... da la impresión de una mayor organización”, matizó.
La misma evaluación hicieron por separado, al término de la entrevista en el Palacio de Justicia, Héctor Ávila y Diego Vals, respectivos titulares de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) y del Colegio de Abogados del Sur. “Me parece positivo que la Corte haya refrendado la vocación por transparentar sus actos. En esa línea, me parece necesario disponer de los resultados de las estadísticas y de las auditorías, que es información esencial para proponer cambios en el Poder Judicial”, manifestó el dirigente Vals.
El bioquímico Ávila celebró la realización de la audiencia, y aprovechó la oportunidad para pedir al Poder Legislativo que se una a la corriente de publicidad y transparencia, y sancione una ley de ética pública (en 2013, Feput presentó un proyecto de ley a esta Legislatura, que nunca fue debatido). “Hacemos votos para que la Justicia salga fortalecida de la crisis; para que la división de poderes sea respetada, y para que podamos gozar de la libertad y de la democracia”, dijo a la prensa. Ávila afirmó que a la ciudadanía le preocupaba el funcionamiento de la Justicia: “creemos que esta no es una angustia infundada sino que hay situaciones que deben ser investigadas y corregidas. Por ello es que estamos apoyando la denuncia del Colegio de Abogados de la Capital y a la propia Corte, que inició la auditorías (en actuaciones controvertidas del fiscal Guillermo Herrera) para ver si efectivamente se están respetando la ley, y los parámetros constitucionales y republicanos”.
Además de los dirigentes y vocales del alto tribunal mencionados, asistieron a la audiencia del jueves Ricardo De Felipe y Juan Jorge Villa, respectivos presidente y secretario de la Federación Argentina de Colegios de Abogados; Gustavo Romero, presidente del Consejo de Abogados de La Rioja; Marisa Falconier y Fabiola Nallim, representantes de la abogacía de Salta, y Juan Musi y Antonio Bustamante, respectivos vicepresidente y ex titular del Colegio de Abogados de la Capital.
Contraste y organización
García Posse explicó que con esta reunión querían mostrar que la denuncia formulada por su entidad contra los fiscales Alejandro Noguera y Herrera tiene el acompañamiento de la abogacía organizada del país y de los profesionales universitarios de Tucumán. “De paso, era importante para nosotros expresar que consideramos que en este caso, al ordenar la auditoría en las causas objetadas de Herrera, la Corte actuó rápido y bien porque ahora el titular del Ministerio Público (Edmundo Jiménez) quiere dar la sensación de que aquí no ha pasado nada, y nosotros entendemos que sí ha pasado y que fue grave”, dijo el letrado. Y añadió: “hubo una resistencia a la auditoría y a entregar expedientes, que no pueden ser reservados, y lo peor es que Jiménez pretendió disputar a la Corte las facultades y atribuciones de superintendencia establecidas en la Constitución de Tucumán”.
En su crítica hacia el Ministerio Público, García Posse dijo que era evidente el contraste que en materia de transparencia había entre ese órgano y la Corte Suprema: “Jiménez no publicita sus resoluciones. Por ejemplo, hizo falta que la Corte le exigiese la entrega de expedientes objetados de Herrera para que nos enteremos que había dispuesto su redistribución. La publicidad es más necesaria ahora que nunca porque el ministro público comenzará a manejar su propio presupuesto”.
Vals dijo que acompañaba a sus colegas dirigentes porque era difícil denunciar a magistrados. “Entiendo que los problemas del fuero penal en la capital son más estructurales que en el sur. En los centros judiciales de Concepción y Monteros puede haber errores concretos, pero en San Miguel de Tucumán la situación es más preocupante... da la impresión de una mayor organización”, matizó.
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