09 Marzo 2015 Seguir en 
El requerimiento de elevación a juicio de la investigación de la presunta estafa imputada a Ada Altuve es nulo y así debe declararlo Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción de la III Nominación, según la defensa de la dirigente. En el escrito presentado esta semana, los abogados Daniel Rubio y Alberto Granara dijeron que Washington Navarro Dávila, fiscal de Instrucción de la V Nominación de esta capital, acusó sin pruebas a la secretaria general de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AGEJ) de haberse enriquecido a costa de la construcción de barrios financiados por el Estado.
“Nuestra defendida sólo es propietaria de un inmueble y no posee cuenta bancaria ni patrimonio acaudalado. En dicha casa vive con su familia desde hace muchos años y sus tres hijos tampoco son propietarios de bienes registrables”, expresaron. Asimismo los letrados manifestaron que Navarro Dávila debía demostrar el enriquecimiento apreciable sin causa de Altuve. “Pero nada de ello ocurrió en la causa”, manifestaron. Y sugirieron que esa conducta constituía un desconocimiento inexcusable del derecho o un abuso en la función pública que debía ser revisado por el ministro público Edmundo Jiménez.
El fiscal adjudicó a Altuve la presunta comisión de una estafa continuada contra 280 aspirantes a casas sociales. Navarro Dávila dijo que la secretaria general de AGEJ exigió entre $ 2.000 y $ 6.000 a los postulantes en concepto de gastos que no fueron costeados por la entidad gremial sino por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), y la empresa Dakar SA. “Estos hechos concatenados ejecutados entre los años 2004 y 2010 produjeron un perjuicio económico de $ 1,3 millón”, calculó en el requerimiento de elevación a juicio que presentó el 23 de febrero pasado. Según Navarro Dávila, ese fondo fue directamente a parar al peculio de la gremialista acusada. “Altuve no presentó pruebas del acta de la asamblea de AGEJ por la cual los agremiados decidieron cobrar un plus a los postulantes del emprendimiento inmobiliario”, precisó. Y añadió que la imputada tampoco arrimó la documentación que acreditaba el registro de los pagos en los libros contables del gremio y la posterior utilización de los fondos.
La defensa de Altuve se quejó de que Navarro Dávila impidió la producción de pruebas que abonasen su inocencia, entre ellas, las declaraciones testimoniales de los postulantes resarcidos, y las peritaciones técnicas de los planos y otros documentos. “El fiscal se empecinó en negarnos estas medidas, y optó por aceptar recibos apócrifos, fotocopiados y escaneados cuya ilegitimidad invocamos”, dijeron. A ello añadieron que el representante del Ministerio Público no quiso indagar en las razones ajenas a AGEJ que atrasaron la ejecución de las obras y que se prestó al plan extorsivo de las “pretensas víctimas”. Por último, los defensores de Altuve expresaron que el requerimiento de elevación a juicio no reunía los requisitos formales previstos en el Código Procesal Penal de Tucumán.
“Nuestra defendida sólo es propietaria de un inmueble y no posee cuenta bancaria ni patrimonio acaudalado. En dicha casa vive con su familia desde hace muchos años y sus tres hijos tampoco son propietarios de bienes registrables”, expresaron. Asimismo los letrados manifestaron que Navarro Dávila debía demostrar el enriquecimiento apreciable sin causa de Altuve. “Pero nada de ello ocurrió en la causa”, manifestaron. Y sugirieron que esa conducta constituía un desconocimiento inexcusable del derecho o un abuso en la función pública que debía ser revisado por el ministro público Edmundo Jiménez.
El fiscal adjudicó a Altuve la presunta comisión de una estafa continuada contra 280 aspirantes a casas sociales. Navarro Dávila dijo que la secretaria general de AGEJ exigió entre $ 2.000 y $ 6.000 a los postulantes en concepto de gastos que no fueron costeados por la entidad gremial sino por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), y la empresa Dakar SA. “Estos hechos concatenados ejecutados entre los años 2004 y 2010 produjeron un perjuicio económico de $ 1,3 millón”, calculó en el requerimiento de elevación a juicio que presentó el 23 de febrero pasado. Según Navarro Dávila, ese fondo fue directamente a parar al peculio de la gremialista acusada. “Altuve no presentó pruebas del acta de la asamblea de AGEJ por la cual los agremiados decidieron cobrar un plus a los postulantes del emprendimiento inmobiliario”, precisó. Y añadió que la imputada tampoco arrimó la documentación que acreditaba el registro de los pagos en los libros contables del gremio y la posterior utilización de los fondos.
La defensa de Altuve se quejó de que Navarro Dávila impidió la producción de pruebas que abonasen su inocencia, entre ellas, las declaraciones testimoniales de los postulantes resarcidos, y las peritaciones técnicas de los planos y otros documentos. “El fiscal se empecinó en negarnos estas medidas, y optó por aceptar recibos apócrifos, fotocopiados y escaneados cuya ilegitimidad invocamos”, dijeron. A ello añadieron que el representante del Ministerio Público no quiso indagar en las razones ajenas a AGEJ que atrasaron la ejecución de las obras y que se prestó al plan extorsivo de las “pretensas víctimas”. Por último, los defensores de Altuve expresaron que el requerimiento de elevación a juicio no reunía los requisitos formales previstos en el Código Procesal Penal de Tucumán.
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