04 Enero 2015
Tras 14 años, el PE no renovará el Pacto Social
El convenio de ayuda financiera a municipios, vigente desde 2000, caducó el 31 de diciembre y el Gobierno decidió no extenderlo. El Poder Ejecutivo pretende negociar de manera individual con cada intendente para ver cómo se administrarán los fondos del interior durante 2015.
DESDE EL 2000. José Alperovich diseñó el Pacto Social cuando aún era ministro de Economía de Julio Miranda. LA GACETA / ARCHIVO
José Alperovich comienza a despedirse. Y entre los primeros bártulos que empacó aparece una marca registrada suya: el Pacto Social para el Crecimiento. El convenio de asistencia financiera a municipios y comunas caducó el 31 de diciembre y ya no será prorrogado. Así, por primera vez en 14 años, los intendentes y delegados comunales volverán a administrar con libertad los recursos públicos.
Desde hacía varias semanas el Gobierno venía evaluando cómo afrontar el último año de gestión y lograr que los números de los municipios queden “calzados” financieramente al finalizar el mandato. Por eso, ganó fuerza la idea de dar un corte definitivo al sistema de auxilio vigente a lo largo de todo el alperovichismo. “El Pacto Social ha cumplido un ciclo”, confirmó el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, a LA GACETA. Durante los 10 meses de gestión que le restan, ya sin esa herramienta disponible, el Gobierno se dedicará ordenar las cuentas del interior y encarará negociaciones individuales para conciliar números y conocer si estos precisarán nuevamente de una ayuda mensual de la Provincia. “Vamos a seguir ayudando a los municipios. No es que se acaba el Pacto y nos vamos al abismo, bajo ningún punto de vista”, aclaró el funcionario.
La modalidad de asistencia del Ejecutivo a los gobiernos locales se remonta a la gestión del ex gobernador Julio Miranda, cuando a causa de la crisis económica los municipios y las comunas requirieron préstamos a la Provincia para abonar sus planillas salariales y realizar obras públicas. La pérdida de capacidad de gestión de los municipios los hizo ceder en favor de la Provincia los fondos de coparticipación de impuestos. En aquella gestión, el ministro de Economía era José Alperovich, ideólogo del sistema que caducó. Desde entonces, hasta el 31 de diciembre rigieron dos fuentes de financiamiento del convenio: el “Pacto Sueldo”, y el “Pacto Obras”. En 2014, por ejemplo, el volumen de asistencia global del PE a los municipios superó los $ 1.400 millones.
Durante su vigencia, sólo La Cocha se mantuvo al margen de ambos convenios, 13 municipios recibieron asistencia para salarios de sus empleados y la realización de trabajos de infraestructura y otros cinco (Simoca, Burruyacu, Trancas, Graneros y Las Talitas) se mantuvieron sólo dentro del acuerdo para recibir fondos para obras públicas.
Las primeras críticas
A partir del año pasado, y en particular luego de las elecciones legislativas nacionales de octubre, los reacomodamientos políticos dentro del oficialismo avivaron las primeras críticas internas al Pacto Social.
Hasta ese momento, los cuestionamientos habían sido exclusividad de la oposición, cuyos dirigentes advirtieron sobre la dependencia económica y política de los intendentes hacia el gobernador que generaba el convenio financiero. A esos reparos se sumaron luego los intendentes de la capital, Domingo Amaya, y de Famaillá, Juan Enrique Orellana. Ambos reclamaron públicamente al Poder Ejecutivo una actualización de las partidas que recibían y la refinanciación de las deudas que mantenían sus administraciones con la Provincia. Exigieron el mismo trato que dispensó la Nación a los gobernadores, al reformular sus pasivos en 200 cuotas y a una baja tasa de interés mensual.
Es que, según el Pacto Social, lo otorgado por el PE a los municipios debía ser devuelto en 36 cuotas mensuales y consecutivas, a partir del mes inmediato siguiente al de la aplicación. Los préstamos se ajustaban mediante el Coeficiente de Actualización de Referencia (CER), sin intereses. Además, los acuerdos contenían cláusulas con carácter de declaración jurada, por las que cada intendente se sometía al cumplimiento de pautas que garantizaban la realización del plan de obras. Incluso, el PE podía realizar auditorías y revocar el préstamo en caso de que se demuestren incumplimientos.
Interrogantes
La desaparición legal del Pacto Social abre una serie de interrogantes respecto de cómo se manejarán financieramente los municipios y con cuántos recursos contarán para poder afrontar sus obligaciones. Esto, a raiz de que a lo largo de estos 14 años el Gobierno se quedó con los recursos coparticipables de cada administración y giró fondos mensuales para su desenvolvimiento.
Conciliar los números cedidos al PE con los recibidos será la tarea a la que se abocarán en los próximos días, y con apuro, intendentes y funcionarios del Gobierno. Ocurre que el pago de sueldos de diciembre a municipales estaba contemplado en el último acuerdo, vigente hasta el 31 de diciembre, pero se deben hacer las previsiones para abonar a los trabajadores los salarios de enero a partir de febrero. Según anticipó Jaldo, se podrán rubricar acuerdos particulares con cada Municipalidad, en caso de que los responsables de esas administraciones así lo requieran.
No obstante, las negociaciones no serán sencillas, porque el Ejecutivo pretende dejar expresamente sentado antes de finalizar su mandato cómo harán los municipios para devolver a la Casa de Gobierno una deuda global que ronda los $ 2.600 millones.
Escenario
Disciplinó intendentes sentado sobre la caja (Por Fernando Stanich, LA GACETA)
El Pacto Social, que surgió para ordenar las desbocadas cuentas municipales a fines de los ‘90, devino en el sistema que permitió al alperovichismo tener a los intendentes en un puño. Ahora, en su despedida, el Gobierno negociará las deudas mano a mano con cada intendente. Una manera más de ajustar las clavijas de quienes intenten desafiar su poder y de aflojar las de aquellos que se mantengan disciplinados.
Desde hacía varias semanas el Gobierno venía evaluando cómo afrontar el último año de gestión y lograr que los números de los municipios queden “calzados” financieramente al finalizar el mandato. Por eso, ganó fuerza la idea de dar un corte definitivo al sistema de auxilio vigente a lo largo de todo el alperovichismo. “El Pacto Social ha cumplido un ciclo”, confirmó el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, a LA GACETA. Durante los 10 meses de gestión que le restan, ya sin esa herramienta disponible, el Gobierno se dedicará ordenar las cuentas del interior y encarará negociaciones individuales para conciliar números y conocer si estos precisarán nuevamente de una ayuda mensual de la Provincia. “Vamos a seguir ayudando a los municipios. No es que se acaba el Pacto y nos vamos al abismo, bajo ningún punto de vista”, aclaró el funcionario.
La modalidad de asistencia del Ejecutivo a los gobiernos locales se remonta a la gestión del ex gobernador Julio Miranda, cuando a causa de la crisis económica los municipios y las comunas requirieron préstamos a la Provincia para abonar sus planillas salariales y realizar obras públicas. La pérdida de capacidad de gestión de los municipios los hizo ceder en favor de la Provincia los fondos de coparticipación de impuestos. En aquella gestión, el ministro de Economía era José Alperovich, ideólogo del sistema que caducó. Desde entonces, hasta el 31 de diciembre rigieron dos fuentes de financiamiento del convenio: el “Pacto Sueldo”, y el “Pacto Obras”. En 2014, por ejemplo, el volumen de asistencia global del PE a los municipios superó los $ 1.400 millones.
Durante su vigencia, sólo La Cocha se mantuvo al margen de ambos convenios, 13 municipios recibieron asistencia para salarios de sus empleados y la realización de trabajos de infraestructura y otros cinco (Simoca, Burruyacu, Trancas, Graneros y Las Talitas) se mantuvieron sólo dentro del acuerdo para recibir fondos para obras públicas.
Las primeras críticas
A partir del año pasado, y en particular luego de las elecciones legislativas nacionales de octubre, los reacomodamientos políticos dentro del oficialismo avivaron las primeras críticas internas al Pacto Social.
Hasta ese momento, los cuestionamientos habían sido exclusividad de la oposición, cuyos dirigentes advirtieron sobre la dependencia económica y política de los intendentes hacia el gobernador que generaba el convenio financiero. A esos reparos se sumaron luego los intendentes de la capital, Domingo Amaya, y de Famaillá, Juan Enrique Orellana. Ambos reclamaron públicamente al Poder Ejecutivo una actualización de las partidas que recibían y la refinanciación de las deudas que mantenían sus administraciones con la Provincia. Exigieron el mismo trato que dispensó la Nación a los gobernadores, al reformular sus pasivos en 200 cuotas y a una baja tasa de interés mensual.
Es que, según el Pacto Social, lo otorgado por el PE a los municipios debía ser devuelto en 36 cuotas mensuales y consecutivas, a partir del mes inmediato siguiente al de la aplicación. Los préstamos se ajustaban mediante el Coeficiente de Actualización de Referencia (CER), sin intereses. Además, los acuerdos contenían cláusulas con carácter de declaración jurada, por las que cada intendente se sometía al cumplimiento de pautas que garantizaban la realización del plan de obras. Incluso, el PE podía realizar auditorías y revocar el préstamo en caso de que se demuestren incumplimientos.
Interrogantes
La desaparición legal del Pacto Social abre una serie de interrogantes respecto de cómo se manejarán financieramente los municipios y con cuántos recursos contarán para poder afrontar sus obligaciones. Esto, a raiz de que a lo largo de estos 14 años el Gobierno se quedó con los recursos coparticipables de cada administración y giró fondos mensuales para su desenvolvimiento.
Conciliar los números cedidos al PE con los recibidos será la tarea a la que se abocarán en los próximos días, y con apuro, intendentes y funcionarios del Gobierno. Ocurre que el pago de sueldos de diciembre a municipales estaba contemplado en el último acuerdo, vigente hasta el 31 de diciembre, pero se deben hacer las previsiones para abonar a los trabajadores los salarios de enero a partir de febrero. Según anticipó Jaldo, se podrán rubricar acuerdos particulares con cada Municipalidad, en caso de que los responsables de esas administraciones así lo requieran.
No obstante, las negociaciones no serán sencillas, porque el Ejecutivo pretende dejar expresamente sentado antes de finalizar su mandato cómo harán los municipios para devolver a la Casa de Gobierno una deuda global que ronda los $ 2.600 millones.
Escenario
Disciplinó intendentes sentado sobre la caja (Por Fernando Stanich, LA GACETA)
El Pacto Social, que surgió para ordenar las desbocadas cuentas municipales a fines de los ‘90, devino en el sistema que permitió al alperovichismo tener a los intendentes en un puño. Ahora, en su despedida, el Gobierno negociará las deudas mano a mano con cada intendente. Una manera más de ajustar las clavijas de quienes intenten desafiar su poder y de aflojar las de aquellos que se mantengan disciplinados.
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