Las mujeres logran su comisión y buscan equilibrar el poder

Violencia de género. Igualdad de oportunidades laborales. Programas sanitarios y educativos. La nueva comisión de Protección de Derechos de la Mujer de la Legislatura, que comenzaría a funcionar desde la próxima sesión -prevista para el 18 de este mes-, deberá abordar estos y otros asuntos, con el objetivo de hacerlo desde una perspectiva diferente a la que ofrecen en la actualidad los demás equipos de trabajo interno de la Cámara.

Esta fue la “bandera” de un grupo de legisladoras que impulsó un proyecto de ley para modificar el reglamento interno del cuerpo colegiado. La iniciativa fue planteada sobre tablas en la última sesión (no figuraba en el orden del día), y si bien quedó opacada por el escándalo de la desafectación del hotel de San Javier de la Ley de Patrimonio, fue aprobada en el recinto,

La norma todavía no fue promulgada por el gobernador, José Alperovich. Además, resta la confirmación de las siete integrantes. De todas formas, es un hecho que el número de grupos de trabajo permanente pasó de 23 a 24.

El texto fue elaborado por Beatriz Bordinaro (bloque Tucumán Crece), Carolina Vargas Aignasse (en uso de licencia, ejerce en la Secretaría General de la Gobernación) y Nancy Bulacio (Partido de los Trabajadores, aliado al alperovichismo), entre otras.

Según fuentes del oficialismo, una de las características que tendrá el equipo de Protección de Derechos de la Mujer es que sólo las legisladoras podrán integrarlo. Más allá de que existe un consenso en líneas generales respecto a la iniciativa, este último punto ya es objeto de controversia entre parlamentarios.

Por un lado, porque serán siete los lugares disponibles para miembros, cuando son 11 mujeres las que ocupan en la actualidad una banca. Por otro, porque ya hay algunos legisladores que, por lo bajo, protestaron ante esta conformación exclusiva para ellas. “No permitir hombres es inconstitucional”, opinó un alperovichista, por lo bajo.

Desde hace meses

La comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, a cargo del oficialista Guillermo Gassenbauer, tenía en carpeta el proyecto de la comisión de Protección de Derechos de la Mujer desde hace meses. Finalmente, llegó al recinto el 28 de noviembre.

Bordinaro pidió su tratamiento sobre tablas. La amayista Beatriz Ávila, que venía llevando adelante un trabajo similar desde la comisión de Salud Pública, pidió que se tuvieran en cuenta sus propuestas.

El presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, confirmó que aún no se ha definido quiénes integrarán el nuevo grupo. Así, el interrogante en el parlamento radica en quiénes quedarán fuera. Se descuenta que Bordinaro y Bulacio tendrán un lugar. Los otros cinco nombres deberían salir de Sara Assán, Ávila, Alejandra Cejas, Sara Correa, Susana Díaz, Camila Khoder, Adriana Najar, Graciela del Valle Suárez y Marta Zurita. No hay opositoras desde la salida de la radical Silvia Elías de Pérez quien renunció en 2013 tras ser electa diputada (luego asumió como senadora).

Más allá del aval de la mayoría de los legisladores, algunos se mantienen en “alerta”. Este año, Bulacio elevó un proyecto para que, ante cada renuncia o licencia en el cuerpo colegiado, la banca sea ocupada respetando la ecuación del cupo femenino. Según referentes oficialistas -todos hombres- no hay intenciones de llevar esa propuesta al recinto, pero les preocupa que aquel sea el plan de fondo.

Polémicas aparte, las legisladoras ya expresaron su objetivo: “por un lado, la deconstrucción de un paradigma cultural que históricamente ha confinado a la mujer a un lugar vacío de poder y sin perspectivas de empoderamiento alguno; y por otro, una construcción social que se asiente sobre la cosmovisión equitativa de lo masculino y lo femenino, que redistribuya el poder otorgado en un inicio de forma desigual”.