03 Noviembre 2014
EL FISCAL. Camuña en el juicio oral del caso “Jefatura II-Arsenales II” (2013). TELAM (ARCHIVO)
El Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner escogió a Pablo Camuña, fiscal ad hoc e integrante del movimiento Justicia Legítima, para llenar el cargo de fiscal federal N°2 de Tucumán. El 21 de octubre pasado, el Poder Ejecutivo de la Nación (PEN) envió el pliego correspondiente al Senado para que preste acuerdo a la designación. El oficialismo tiene votos en cantidad suficiente como para cumplir este trámite sin el concurso de la oposición.
El nombramiento no supone una sorpresa puesto que Camuña, ganador del concurso público en cuestión, era considerado favorito para cubrir el puesto vacante. El 21 de mayo pasado, Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación y lideresa de Justicia Legítima, había elevado al PEN el terceto compuesto por el postulante elegido, Santiago Eyherabide y Eduardo Caeiro (el Gobierno remitió el pliego de este último finalista para cubrir la vacante de defensor público oficial ante el Juzgado Federal de San Juan). La definición de la terna dejó también fuera de competencia a los tres integrantes de la lista complementaria: Virginia Duffy, María Marta Schianni y Fernando Gabriel Alcaraz.
La Fiscalía N°2 quedó acéfala en diciembre de 2010, cuando Carlos Brito asumió como fiscal federal N°1 en reemplazo de Emilio Ferrer (renunció para jubilarse). Desde entonces, Brito actuaba también en su ex despacho con la calidad de subrogante. En el ínterin, Camuña comenzó a desempeñarse como fiscal subrogante a cargo de la Unidad local de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. A dicha función llegó como consecuencia de una designación discrecional rubricada por el ex procurador general Esteban Righi. De este modo, Camuña, de 37 años, quedó habilitado para intervenir como fiscal ad hoc en los juzgamientos de crímenes de lesa humanidad.
La cobertura de la vacante de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán entró en el lote de pliegos de jueces, fiscales y defensores que el PEN envió al Congreso de la Nación durante el mes pasado. Esa remisión “masiva” de nombramientos incluye la regularización de la fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (ver abajo), y de la defensoría ante los Tribunales Federales de primera y segunda instancia (ver abajo). En paralelo, el Gobierno de Fernández de Kirchner envió al Congreso el proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación que aumenta el número de facultades investigativas en cabeza de los fiscales, entre otros cambios tendientes a profundizar el sistema acusatorio.
El nombramiento no supone una sorpresa puesto que Camuña, ganador del concurso público en cuestión, era considerado favorito para cubrir el puesto vacante. El 21 de mayo pasado, Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación y lideresa de Justicia Legítima, había elevado al PEN el terceto compuesto por el postulante elegido, Santiago Eyherabide y Eduardo Caeiro (el Gobierno remitió el pliego de este último finalista para cubrir la vacante de defensor público oficial ante el Juzgado Federal de San Juan). La definición de la terna dejó también fuera de competencia a los tres integrantes de la lista complementaria: Virginia Duffy, María Marta Schianni y Fernando Gabriel Alcaraz.
La Fiscalía N°2 quedó acéfala en diciembre de 2010, cuando Carlos Brito asumió como fiscal federal N°1 en reemplazo de Emilio Ferrer (renunció para jubilarse). Desde entonces, Brito actuaba también en su ex despacho con la calidad de subrogante. En el ínterin, Camuña comenzó a desempeñarse como fiscal subrogante a cargo de la Unidad local de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. A dicha función llegó como consecuencia de una designación discrecional rubricada por el ex procurador general Esteban Righi. De este modo, Camuña, de 37 años, quedó habilitado para intervenir como fiscal ad hoc en los juzgamientos de crímenes de lesa humanidad.
La cobertura de la vacante de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán entró en el lote de pliegos de jueces, fiscales y defensores que el PEN envió al Congreso de la Nación durante el mes pasado. Esa remisión “masiva” de nombramientos incluye la regularización de la fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (ver abajo), y de la defensoría ante los Tribunales Federales de primera y segunda instancia (ver abajo). En paralelo, el Gobierno de Fernández de Kirchner envió al Congreso el proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación que aumenta el número de facultades investigativas en cabeza de los fiscales, entre otros cambios tendientes a profundizar el sistema acusatorio.
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