Murió Eduardo Moliné O'Connor, ex juez de la Corte Suprema

El juez había pertenecido a la llamada Corte de la "mayoría automática" durante el gobierno de Carlos Menem.

DYN DYN
20 Agosto 2014
BUENOS AIRES.- El ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Moliné O'Connor falleció hoy en su casa, a los 76 años, como consecuencia de una delicada enfermedad.

El juez había pertenecido a la llamada Corte de la "mayoría automática" durante el gobierno de Carlos Menem y en diciembre de 2013 fue destituido por impulso del kirchnerismo por el voto de más de dos tercios del Senado. Pero además de su profesión de letrado, Moliné fue un reconocido dirigente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y durante 23 años integró la conducción de esa entidad, de la cual llegó a ser vicepresidente.

La noticia de su fallecimiento ocurrió apenas un día después de que se conociera la muerte de otro ex ministro de la Corte: el jurista Jorge Antonio Bacqué, de 92 años, quien estuvo en el máximo tribunal entre 1985 y 1990, hasta que se aprobó la ley de ampliación de jueces en la Corte y decidió renunciar.

Moliné O'Connor fue el primer miembro de la Corte Suprema destituido desde 1947 mediante el mecanismo constitucional del juicio político, ya que en ese año, durante el Gobierno de Juan Domingo Perón, fueron depuestos los jueces Antonio Sagarna, Roberto Repetto, Benito Nazar Anchorena y Francisco Ramos Mejía. Más tarde le tocaría la destitución a Antonio Boggiano, mientras que sus ex colegas Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López (ya fallecido) eligieron irse por su cuenta, antes de enfrentar las acusaciones en el Senado.

Su carrera se terminó con la llegada del kirchnerismo y en diciembre de 2003 el Senado lo encontró culpable de mal desempeño en sus funciones por haber "legitimado judicialmente un proceso fraudulento" y "negarse a efectuar el control constitucional" en la denominada causa Meller, aunque descartó la acusación por las causas llamadas Magariños y Macri.

En total, Moliné presentó 37 peticiones, las cuales fueron rechazadas en su totalidad por la Comisión de Asuntos Constitucionales que, manejada por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, llevó adelante la sustanciación del proceso.

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