02 Junio 2014 Seguir en 
La espera se alarga para la Justicia Federal de Tucumán. El Senado de la Nación sesionó este miércoles y dio acuerdo a 11 listados de conjueces, pero omitió tratar la nómina que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner confeccionó para esta jurisdicción. La decisión de no votar esa lista -y otras nueve que están en la misma situación- obedeció a la falta de información relativa a los candidatos a conjueces, según informó el senador Gerardo Morales (UCR).
Sucede que el Poder Ejecutivo de la Nación (PEN) envió solamente los nombres y apellidos de los futuros conjueces. En el caso de Tucumán, la nómina que ingresó al Senado el 17 de diciembre del año pasado incluía a estos 13 abogados: Carlos Garmendia, María Laura Vergara, Ricardo Santoro, Enrique Sancho Miñano, Guillermo Andrés Díaz Martínez, Fernando Javier Lliteras, Sofía Peyrel, Benjamín Eugenio Nieva, Leonel Héctor Sosa, Félix Benjamín Gutiérrez, Valentina García Salemi, Fernando Rogel Chaler y Luisa Graciela Contino. Fuentes parlamentarias indicaron que en el ínterin fueron añadidos dos profesionales más y que algunos de los propuestos inicialmente quedaron afuera. Los únicos requisitos exigidos para ejercer como conjuez, según la Ley 26.376, es ser abogado de la matrícula federal y cumplir las demás condiciones establecidas en la normativa vigente para los cargos judiciales en cuestión.
“El Ministerio de Justicia de la Nación manejó (el envío de antecedentes de los abogados escogidos) de una manera sumamente desordenada”, explicó Morales en el recinto. También dijo que la oposición quería analizar si los letrados elegidos por el PEN reunían los requisitos legales. “La mayoría de ellos son militantes de La Cámpora y de Justicia Legítima (organizaciones afines al Gobierno nacional). Al revisar los antecedentes, nos damos cuenta de que no son idóneos ni tienen experiencia en los fueros en los que deberán actuar”, advirtió. El senador recordó que la UCR judicializó el mecanismo de designación de conjueces previsto en la Ley 26.376 de 2008 por entender que es inconstitucional (aún no hay sentencia). “En la selección debe intervenir el Consejo de la Magistratura de la Nación”, añadió.
El texto de la Ley 26.376 prescribe que en caso de recusación, excusación, licencia, vacancia u otro impedimento de los jueces de primera instancia, nacionales o federales, el Consejo de la Magistratura procederá a la designación de un subrogante apelando en primer término a un juez de igual competencia de la misma jurisdicción. Si eso no fuese posible, procederá a practicar un sorteo a partir de la lista de conjueces confeccionada por el PEN. Esta norma dictada como consecuencia del fallo “Rosza” (Corte de la Nación, 2007) sustituyó el régimen anterior, donde los conjueces o jueces subrogantes eran elegidos -también discrecionalmente- por los propios magistrados de las respectivas jurisdicciones. Ese sistema rige aún en la Justicia Federal de Tucumán y seguirá en vigor hasta que el Senado decida prestar acuerdo al listado que emitió la presidenta Fernández de Kirchner. Algunos interlocutores confían en que aquel trámite será cumplido a mediados de este mes (la nómina del PEN caducaría, entonces, en 2017).
A los choques
Para sustituir a los magistrados de la Justicia Federal local, el PEN eligió a un buen número de profesionales vinculados a la Asociación de Abogados de Tucumán (AAT), organización fundada por dirigentes opositores a la conducción de Colegio de Abogados de la Capital. El listado comprende asimismo a asesores de Carolina Vargas Aignasse, secretaria general de la Gobernación; de los legisladores ultraoficialistas Marcelo Caponio y Guillermo Gassenbauer, y de Susana Trimarco, la influyente mamá de “Marita” Verón. Entre los propuestos hay, incluso, una prosecretaria de la Fiscalía Federal Nº2. Es el caso de García Salemi, que fue nombrada discrecionalmente por Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación y lideresa de Justicia Legítima, un día antes de que el PEN enviase la nómina de conjueces para Tucumán. La pertenencia al Ministerio Público Fiscal hace en principio incompatible la intervención en un litigio con el carácter de conjuez.
La aplicación de la Ley 26.376 ha sido sinónimo de confrontación, como lo confirma la experiencia inaugural de la Justicia Federal de Santa Cruz (donde tramitan causas sensibles para el poder político) y lo ratifican los listados que prosiguieron. Autoridades del Colegio repudiaron el nuevo sistema con el argumento de que afecta la independencia judicial y pretende subordinar los Tribunales al poder político mientras que directivos de la AAT lo defendieron alegando que las críticas encubren la defensa de intereses creados en la Justicia Federal, donde hubo y hay varios conjueces ligados al Colegio.
Un choque similar volvió a producirse este miércoles en el Senado, durante el tratamiento de los listados que recibieron acuerdo con el voto de los parlamentarios oficialistas. “El conjuez es una figura excepcional en la participación del proceso”, relativizó el kirchnerista Walter Barrionuevo. “La Constitución en ningún lado habla de los conjueces y la norma infraconstitucional se está cumpliendo. Es decir, la ley, les guste o no, está vigente”, añadió Marcelo Guinle, el oficialista de Chubut que preside la comisión de Acuerdos. “Si son tan insignificantes las actuaciones de los conjueces, ¿por qué se preocupan tanto por nombrar militantes del partido gobernante?”, replicó el justicialista Adolfo Rodríguez Saá. El opositor Luis Juez añadió: “no hay cosa más oficialista que el magistrado en la República Argentina: es del partido que gobierna. La verdad es que vemos la lista de los conjueces que vienen de las provincias y nos parece que algunos candidatos son un espanto. Lo digo con todo dolor y sin la intención de ofender a nadie”.
Sucede que el Poder Ejecutivo de la Nación (PEN) envió solamente los nombres y apellidos de los futuros conjueces. En el caso de Tucumán, la nómina que ingresó al Senado el 17 de diciembre del año pasado incluía a estos 13 abogados: Carlos Garmendia, María Laura Vergara, Ricardo Santoro, Enrique Sancho Miñano, Guillermo Andrés Díaz Martínez, Fernando Javier Lliteras, Sofía Peyrel, Benjamín Eugenio Nieva, Leonel Héctor Sosa, Félix Benjamín Gutiérrez, Valentina García Salemi, Fernando Rogel Chaler y Luisa Graciela Contino. Fuentes parlamentarias indicaron que en el ínterin fueron añadidos dos profesionales más y que algunos de los propuestos inicialmente quedaron afuera. Los únicos requisitos exigidos para ejercer como conjuez, según la Ley 26.376, es ser abogado de la matrícula federal y cumplir las demás condiciones establecidas en la normativa vigente para los cargos judiciales en cuestión.
“El Ministerio de Justicia de la Nación manejó (el envío de antecedentes de los abogados escogidos) de una manera sumamente desordenada”, explicó Morales en el recinto. También dijo que la oposición quería analizar si los letrados elegidos por el PEN reunían los requisitos legales. “La mayoría de ellos son militantes de La Cámpora y de Justicia Legítima (organizaciones afines al Gobierno nacional). Al revisar los antecedentes, nos damos cuenta de que no son idóneos ni tienen experiencia en los fueros en los que deberán actuar”, advirtió. El senador recordó que la UCR judicializó el mecanismo de designación de conjueces previsto en la Ley 26.376 de 2008 por entender que es inconstitucional (aún no hay sentencia). “En la selección debe intervenir el Consejo de la Magistratura de la Nación”, añadió.
El texto de la Ley 26.376 prescribe que en caso de recusación, excusación, licencia, vacancia u otro impedimento de los jueces de primera instancia, nacionales o federales, el Consejo de la Magistratura procederá a la designación de un subrogante apelando en primer término a un juez de igual competencia de la misma jurisdicción. Si eso no fuese posible, procederá a practicar un sorteo a partir de la lista de conjueces confeccionada por el PEN. Esta norma dictada como consecuencia del fallo “Rosza” (Corte de la Nación, 2007) sustituyó el régimen anterior, donde los conjueces o jueces subrogantes eran elegidos -también discrecionalmente- por los propios magistrados de las respectivas jurisdicciones. Ese sistema rige aún en la Justicia Federal de Tucumán y seguirá en vigor hasta que el Senado decida prestar acuerdo al listado que emitió la presidenta Fernández de Kirchner. Algunos interlocutores confían en que aquel trámite será cumplido a mediados de este mes (la nómina del PEN caducaría, entonces, en 2017).
A los choques
Para sustituir a los magistrados de la Justicia Federal local, el PEN eligió a un buen número de profesionales vinculados a la Asociación de Abogados de Tucumán (AAT), organización fundada por dirigentes opositores a la conducción de Colegio de Abogados de la Capital. El listado comprende asimismo a asesores de Carolina Vargas Aignasse, secretaria general de la Gobernación; de los legisladores ultraoficialistas Marcelo Caponio y Guillermo Gassenbauer, y de Susana Trimarco, la influyente mamá de “Marita” Verón. Entre los propuestos hay, incluso, una prosecretaria de la Fiscalía Federal Nº2. Es el caso de García Salemi, que fue nombrada discrecionalmente por Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación y lideresa de Justicia Legítima, un día antes de que el PEN enviase la nómina de conjueces para Tucumán. La pertenencia al Ministerio Público Fiscal hace en principio incompatible la intervención en un litigio con el carácter de conjuez.
La aplicación de la Ley 26.376 ha sido sinónimo de confrontación, como lo confirma la experiencia inaugural de la Justicia Federal de Santa Cruz (donde tramitan causas sensibles para el poder político) y lo ratifican los listados que prosiguieron. Autoridades del Colegio repudiaron el nuevo sistema con el argumento de que afecta la independencia judicial y pretende subordinar los Tribunales al poder político mientras que directivos de la AAT lo defendieron alegando que las críticas encubren la defensa de intereses creados en la Justicia Federal, donde hubo y hay varios conjueces ligados al Colegio.
Un choque similar volvió a producirse este miércoles en el Senado, durante el tratamiento de los listados que recibieron acuerdo con el voto de los parlamentarios oficialistas. “El conjuez es una figura excepcional en la participación del proceso”, relativizó el kirchnerista Walter Barrionuevo. “La Constitución en ningún lado habla de los conjueces y la norma infraconstitucional se está cumpliendo. Es decir, la ley, les guste o no, está vigente”, añadió Marcelo Guinle, el oficialista de Chubut que preside la comisión de Acuerdos. “Si son tan insignificantes las actuaciones de los conjueces, ¿por qué se preocupan tanto por nombrar militantes del partido gobernante?”, replicó el justicialista Adolfo Rodríguez Saá. El opositor Luis Juez añadió: “no hay cosa más oficialista que el magistrado en la República Argentina: es del partido que gobierna. La verdad es que vemos la lista de los conjueces que vienen de las provincias y nos parece que algunos candidatos son un espanto. Lo digo con todo dolor y sin la intención de ofender a nadie”.
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