Quieren multar a los que hagan huelgas

CÓRDOBA.- El oficialismo cordobés presentó en la Legislatura unicameral un proyecto de ley que busca limitar las huelgas en los servicios públicos esenciales, como salud, educación, justicia y seguridad, lo cual fue rechazado por los principales gremios locales.

El proyecto garantiza además la prestación de guardias y propone que el transporte público tenga frecuencias mínimas y que no se interrumpa la recolección de residuos. La iniciativa, denominada “Garantías para el acceso a los servicios esenciales”, fue elaborada por el presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González, el jefe del bloque de legisladores delasotistas, Sergio Busso, y el vicepresidente del cuerpo, Carlos Gutiérrez.

En ese marco, propusieron garantizar un conjunto básico de insumos, bienes, maquinaria, espacio físico y cosas en general, además de las prestaciones y personal suficiente a fin de asegurar su continuidad y regularidad, bajo las pautas y modalidades previstas en la presente ley. Además, el proyecto contempla la creación de la Comisión Técnica de Garantía de Servicios Esenciales que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, integrada por cinco miembros propuestos por el Poder Ejecutivo con acuerdo de los legisladores, informó ayer el diario “La Voz del Interior”.

La iniciativa advirtió que la inobservancia de los procedimientos conciliatorios establecidos en la legislación vigente será considerada falta grave y dará lugar a la aplicación de las sanciones que correspondan. Juan Monserrat, secretario general de la Unión de Educadores de Córdoba (UEPC), expresó su sorpresa por el proyecto y rechazó de plano la idea del delasotismo de ponerle límites a las medidas de fuerza. Asimismo, adelantó que pedirán una audiencias con autoridades provinciales para que expliquen los alcances de la iniciativa. El legislador González, ex jefe de Gabinete de José Manuel de la Sota y uno de los autores del proyecto, defendió la iniciativa y dijo que la idea no es cortar el derecho a huelga, sino garantizar el derecho de los ciudadanos a tener los servicios. (DyN)