15 Noviembre 2003 Seguir en 
Los integrantes de las comisiones legislativas de Derechos Humanos y de Seguridad visitaron ayer el penal de Villa Urquiza para conocer sus necesidades y para palpar de cerca la realidad de la cárcel y de los internos.
El director de Institutos Penales, Ernesto Salas, se reunió con los legisladores y les detalló los proyectos que tiene para mejorar el edificio. Según dijo el funcionario, los parlamentarios se comprometieron a auspiciar mejoras presupuestarias para lograr ese objetivo y para implementar nuevas políticas penitenciarias tendientes a mejorar la calidad de vida de los presos y a lograr su rehabilitación.
También habría consenso entre los legisladores para apoyar la ley de creación de la figura del juez de ejecución de sentencia, que sería el encargado de hacer un meticuloso seguimiento de los presos, de su conducta y de sus mejoras o del agravamiento de su situación.
Las comisiones son presididas por el radical José Cano (Derechos Humanos) y por el justicialista Virgilio Daniel Heredia ).
Diversos criterios
Los legisladores no tendrían unidad de criterio respecto de otro elemento fundamental para los presos y para el sistema carcelario. Se trata de la intención de sancionar una ley que pase el Patronato del Liberado a la jurisdicción del Poder Judicial, y lo saque de la del Ejecutivo. Sucede que hay otro anteproyecto que apunta a desmantelar esa oficina, que es la que se encarga de fortalecer los vínculos con la sociedad de los condenados que logran la libertad condicional.
Salas, en diálogo con la prensa, marcó un presente dramático del penal. "Algunos pabellones se están hundiendo; hay internos que viven amontonados; las paredes están agrietadas. Se deben hacer reparaciones urgentes", indicó.
"Todavía se está evaluando el monto de la inversión que necesita el penal. El edificio data de 1927 y desde entonces no tuvo ningún tipo de mantenimiento", afirmó. "Los baños y las instalaciones eléctricas requieren una reparación inmediata", finalizó Salas.
El director de Institutos Penales, Ernesto Salas, se reunió con los legisladores y les detalló los proyectos que tiene para mejorar el edificio. Según dijo el funcionario, los parlamentarios se comprometieron a auspiciar mejoras presupuestarias para lograr ese objetivo y para implementar nuevas políticas penitenciarias tendientes a mejorar la calidad de vida de los presos y a lograr su rehabilitación.
También habría consenso entre los legisladores para apoyar la ley de creación de la figura del juez de ejecución de sentencia, que sería el encargado de hacer un meticuloso seguimiento de los presos, de su conducta y de sus mejoras o del agravamiento de su situación.
Las comisiones son presididas por el radical José Cano (Derechos Humanos) y por el justicialista Virgilio Daniel Heredia ).
Diversos criterios
Los legisladores no tendrían unidad de criterio respecto de otro elemento fundamental para los presos y para el sistema carcelario. Se trata de la intención de sancionar una ley que pase el Patronato del Liberado a la jurisdicción del Poder Judicial, y lo saque de la del Ejecutivo. Sucede que hay otro anteproyecto que apunta a desmantelar esa oficina, que es la que se encarga de fortalecer los vínculos con la sociedad de los condenados que logran la libertad condicional.
Salas, en diálogo con la prensa, marcó un presente dramático del penal. "Algunos pabellones se están hundiendo; hay internos que viven amontonados; las paredes están agrietadas. Se deben hacer reparaciones urgentes", indicó.
"Todavía se está evaluando el monto de la inversión que necesita el penal. El edificio data de 1927 y desde entonces no tuvo ningún tipo de mantenimiento", afirmó. "Los baños y las instalaciones eléctricas requieren una reparación inmediata", finalizó Salas.
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