04 Noviembre 2013
OTRO DESTINO. El local de Muñecas 436 fue adquirido en 2009 para el EPAM, pero allí funciona Derecho. ARCHIVO LA GACETA / ANALIA JARAMILLO
El uso que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) da a los fondos que aportan mensualmente los alumnos del programa Educación Permanente para Adultos Mayores (EPAM) será investigado por la Justicia Federal de la provincia.
Con el patrocinio del abogado Arnaldo Ahumada, los denunciantes pretenden que se indague sobre el destino de los recursos que "fueron apropiados por las autoridades universitarias a partir de 2007, sin que en adelante cumplieran los fines para los que fueron recaudados". Estos fines, según el escrito, son el pago de los alquileres por la locación de los locales donde funcionaba el EPAM (calle Rivadavia 417), atención de "talleres no tradicionales" y sueldos de empleados de maestranza.
José Félix Oldano, Marta Eugenia Gutiérrez, Esperanza Marta Dip, Gloria Inés Argañaraz, María del Valle Ponce de León, Hebe Alba Badia, Norma Azucena Ferreiro de De Camilo, Evelina Antonia Arias, Alicia Nilda Calleja, Rosalía Luque y Susana María Allegri, acompañados por el letrado Ahumada, relataron que hasta 2007 los fondos fueron administrados por la cooperadora del EPAM sin que se registraran faltantes ni se dejaran de atender las obligaciones. Sin embargo, a partir de ese año, los pagos mensuales de los alumnos pasaron a manos de Extensión Universitaria para su administración. "Años después, y como consecuencia del juicio de desalojo promovido por los propietarios de los inmuebles donde funcionaba el programa, supimos que desde que la UNT -conducida por el denunciado rector Juan Alberto Cerisola- se apropió de los fondos se habían dejado de pagar las obligaciones. Por esta razón, los propietarios del inmueble iniciaron un juicio por cobro de alquileres y daños y perjuicios que se tramita ante Juzgado Federal N° 1, en el que se dispuso el embargo de los fondos de la cooperadora", precisaron en el escrito.
Los denunciantes añadieron que jamás lograron que las autoridades universitarias brindaran una explicación atendible sobre el porqué no se realizaron los pagos y, mucho menos, sobre dónde fueron a parar los aportes de los alumnos del EPAM. "Nos enfrentamos a un hecho impregnado de irregularidades que nos induce a sospechar que los que administraron los fondos del EPAM -con el rector Cerisola a la cabeza- pueden haber cometido uno o varios ilícitos de contenido patrimonial en perjuicio de la cooperadora y de sus socios", plantearon.
La polémica entre los alumnos del EPAM y el Rectorado se reflotó este año, cuando las actividades del programa se trasladaron al edificio la avenida Sarmiento al 1.000, donde funcionaba la ex central termoeléctrica de Agua y Energía, cedida en custodia a la UNT por el Organismo de Bienes del Estado. Los estudiantes reclaman que Cerisola les entregue el inmueble de Muñecas 436, donde funcionan dependencias de la Facultad de Derecho.
El 23 de septiembre, LA GACETA dio a conocer que en 2009, mediante la resolución 0069/009, el rector de la UNT autorizó la compra de ese local para que funcione como sede del EPAM. En la resolución, unas líneas manuscritas preceden la firma de Cerisola. Estas frases, presumiblemente escritas por el rector, expresan: "se aprueba la compra para los fines expuestos en el presente expediente". Es decir, la casa debía ser usada exclusivamente para el EPAM.
Este tema también fue incluido por los alumnos en la denuncia contra el rector. "(La resolución) y la conducta del denunciado se hallan imbuidos de una manifiesta ilicitud en tanto se utilizaron como argumentos de justificación -para eludir controles y apresurar trámites- urgencias del EPAM y necesidades de sus alumnos que jamás se atendieron y/o respetaron", advirtieron. Esto, en alusión a que se autorizó la compra directa del local "porque el contrato de alquiler de los inmuebles donde funcionaba el programa se encuentra vencido y la UNT no podrá renovarlo", según consta en la resolución cuestionada.
Con el patrocinio del abogado Arnaldo Ahumada, los denunciantes pretenden que se indague sobre el destino de los recursos que "fueron apropiados por las autoridades universitarias a partir de 2007, sin que en adelante cumplieran los fines para los que fueron recaudados". Estos fines, según el escrito, son el pago de los alquileres por la locación de los locales donde funcionaba el EPAM (calle Rivadavia 417), atención de "talleres no tradicionales" y sueldos de empleados de maestranza.
José Félix Oldano, Marta Eugenia Gutiérrez, Esperanza Marta Dip, Gloria Inés Argañaraz, María del Valle Ponce de León, Hebe Alba Badia, Norma Azucena Ferreiro de De Camilo, Evelina Antonia Arias, Alicia Nilda Calleja, Rosalía Luque y Susana María Allegri, acompañados por el letrado Ahumada, relataron que hasta 2007 los fondos fueron administrados por la cooperadora del EPAM sin que se registraran faltantes ni se dejaran de atender las obligaciones. Sin embargo, a partir de ese año, los pagos mensuales de los alumnos pasaron a manos de Extensión Universitaria para su administración. "Años después, y como consecuencia del juicio de desalojo promovido por los propietarios de los inmuebles donde funcionaba el programa, supimos que desde que la UNT -conducida por el denunciado rector Juan Alberto Cerisola- se apropió de los fondos se habían dejado de pagar las obligaciones. Por esta razón, los propietarios del inmueble iniciaron un juicio por cobro de alquileres y daños y perjuicios que se tramita ante Juzgado Federal N° 1, en el que se dispuso el embargo de los fondos de la cooperadora", precisaron en el escrito.
Los denunciantes añadieron que jamás lograron que las autoridades universitarias brindaran una explicación atendible sobre el porqué no se realizaron los pagos y, mucho menos, sobre dónde fueron a parar los aportes de los alumnos del EPAM. "Nos enfrentamos a un hecho impregnado de irregularidades que nos induce a sospechar que los que administraron los fondos del EPAM -con el rector Cerisola a la cabeza- pueden haber cometido uno o varios ilícitos de contenido patrimonial en perjuicio de la cooperadora y de sus socios", plantearon.
La polémica entre los alumnos del EPAM y el Rectorado se reflotó este año, cuando las actividades del programa se trasladaron al edificio la avenida Sarmiento al 1.000, donde funcionaba la ex central termoeléctrica de Agua y Energía, cedida en custodia a la UNT por el Organismo de Bienes del Estado. Los estudiantes reclaman que Cerisola les entregue el inmueble de Muñecas 436, donde funcionan dependencias de la Facultad de Derecho.
El 23 de septiembre, LA GACETA dio a conocer que en 2009, mediante la resolución 0069/009, el rector de la UNT autorizó la compra de ese local para que funcione como sede del EPAM. En la resolución, unas líneas manuscritas preceden la firma de Cerisola. Estas frases, presumiblemente escritas por el rector, expresan: "se aprueba la compra para los fines expuestos en el presente expediente". Es decir, la casa debía ser usada exclusivamente para el EPAM.
Este tema también fue incluido por los alumnos en la denuncia contra el rector. "(La resolución) y la conducta del denunciado se hallan imbuidos de una manifiesta ilicitud en tanto se utilizaron como argumentos de justificación -para eludir controles y apresurar trámites- urgencias del EPAM y necesidades de sus alumnos que jamás se atendieron y/o respetaron", advirtieron. Esto, en alusión a que se autorizó la compra directa del local "porque el contrato de alquiler de los inmuebles donde funcionaba el programa se encuentra vencido y la UNT no podrá renovarlo", según consta en la resolución cuestionada.
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