Las sospechas de casos de corrupción o de desidia atormentan a la Justicia

El Poder Judicial tucumano sigue acumulando problemas, y la situación parece estar fuera de control. Por ello, la Corte decidió ponerse al frente de las investigaciones internas y empezó a exigir respuestas urgentes de los magistrados y funcionarios.El caso de las 4x4 es el que hasta ahora más afecta a la Justicia por la envergadura que alcanzó a lo largo de más de cuatro meses de investigación de la Justicia Federal sobre la posible vinculación de empleados, funcionarios, y magistrados.Pero en los últimos días se añadieron el caso de la prostitución infantil y la existencia de unos 40 pedidos de allanamientos que fueron denegados. Relacionado con esa situación, se descubrió que en la mayoría de los procedimientos que se realizan interviene sólo la Policía, sin la supervisión directa de magistrados o funcionarios.
También se dieron situaciones particulares, que ponen un manto de duda o de sospecha sobre fiscales y jueces, como el inexplicable hecho de que se hayan perdido durante un mes los pedidos de detención en contra de Carlos "Pirucho" Chávez, quien con su declaración permitió el hallazgo del cuerpo de Adrián Mansilla, supuestamente asesinado por Miguel Angel "Piki" Orellana y sus seguidores.
Otro caso es el de María de los Angeles "Marita" Verón, por cuya desaparición hay una docena de detenidos que hasta ahora nada parecen haber aportado sobre su paradero.Más allá de la detención del prosecretario Hugo Tarifa y de la intención del juez federal Felipe Terán de interrogar y posiblemente imputar al fiscal Héctor Abraham Musi, la pesquisa demostró que en casi todas las fiscalías penales había, como mínimo, vínculos sospechosos con el detenido empresario Pedro Tomas.
En los últimos años se radicaron al menos 17 denuncias en contra de Tomas por estafas de diferente tipo. Pero sólo una de ellas llegó a juicio oral, y la condena fue de sólo ocho meses de prisión en suspenso.
Además, el denominado "informe Terán" da cuenta de que Tomas y el sospechosamente muerto testigo Pedro Bobba habrían tenido una estrecha relación con algunos empleados, con los que habrían "fabricado" causas para justificar la entrega de vehículos "mellizos" provenientes de robos o del contrabando.
La trascendencia pública del caso llevó primero al ministro fiscal Luis de Mitri a realizar sumarios y auditorías en las fiscalías que habían librado oficios o constancias que fueron detectados por Gendarmería (la III, la IV, la VIII y la X).