Por Gustavo Frías Silva
04 Octubre 2013
La sequía que sigue golpeando a la región y a nuestra provincia preocupa a todos los productores y a las autoridades de las provincias afectadas, ya que días pasados se reunieron todos los ministros de la producción de la región NOA, en Tucumán, para analizar lo que viene sucediendo y, de esa manera, tratar de aclarar un poco qué es lo que se hará de mantenerse esta dramática situación para todo el sector agropecuario regional.
Los resultados obtenidos durante la campaña de granos gruesa pasada, la caída de rendimientos y las pérdidas, superaron el 50% por segundo año consecutivo, y la pérdida de cañaverales y rendimientos culturales de toda la zona cañera tucumana tuvo su fuerte impacto. En lo referente a los cítricos y a otros cultivos, la sequía también afectó. Por supuesto que se deben sumar los daños por las heladas que soportaron todos los cultivos de la provincia, dando como resultado caídas de rendimientos, pérdidas de superficies plantadas y plantas muertas.
Los diferentes analistas estiman que los daños en Tucumán fueron muy grandes. En granos más del 50%; en caña de azúcar se calculan pérdidas de casi 500.000 toneladas de azúcar, en la que se suma la helada; en citrus más del 20%; en hortalizas pérdidas por arriba del 45%, y también en kilos de carne que no se produjeron, por la falta total de pasturas en todas nuestras zonas ganaderas.
Recientemente, LA GACETA publicó que Tucumán perderá este año más de 500.000 toneladas de azúcar, debido al proceso de seca que afectó a la región hace más de un año y medio. El detrimento surgió de la caída de un 27%, en término medio, de la productividad estimada de la campaña azucarera, según el informe de la Eeaoc. Indudablemente esta situación movilizó a las autoridades de la región a reunirse para analizar el panorama en general. La actual situación de la región, marcada por la destrucción total y parcial en segmentos del arco productivo, obligó a los gobiernos a brindar un gesto político, y eso es destacable. En esa línea, los funcionarios emitieron un documento en el que se comprometen a impulsar una estrategia integral en la región, con un plan de adaptación y mitigación. Reunidos dijeron que darán intervención a universidades, institutos y organizaciones relacionadas con la problemática ambiental.
Los ministros y secretarios de la producción ratificaron la decisión de minimizar y racionalizar el uso de agua, e instaron al "reuso" del recurso para su "aprovechamiento". Dijeron que son conscientes de la disminución en los caudales de los ríos, una menor entrada de agua en los diques de la zona, embalses y acuíferos subterráneos, que condicionan la provisión del líquido a las industrias y el riego en cultivos. Algunos afirmaron que se debería apostar a soluciones estructurales y de largo plazo, apuntando al revestimiento de canales, tecnificación del riego y acueductos, entre otras.
Un mayor uso eficiente
En zonas de riego hay que hacer eficiente el uso del agua y apuntar a rindes unitarios altos en menores superficies bajo riego. Pero indiscutiblemente hace falta inversión pública para solucionar la actual crisis hídrica. Y en esto es en lo que falla el Estado, ya que hace tiempo que no se invierte en infraestructura hídrica a pesar de tener programas específicos.
La semana pasada, el coordinador ejecutivo del Prosap dijo a LA GACETA Rural que el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales es el primer instrumento específico de inversión en infraestructura para el sector agropecuario, donde se incluyó el desarrollo de caminos rurales, redes de riego y el desarrollo de cluster y cadenas productivas de valor, donde cada provincia defiende sus intereses, los de sus productores.
El Prosap ya desarrolló dos proyectos de riego: uno en el río Lules y otro en Tafí del Valle, con mucho éxito, sobre todo en las últimas sequías. Hoy existen dos en carpeta: el proyecto de Choromoro (Desarrollo del Área de Riego del Sistema Río Choromoro), y también el sistema del río Tala. Ambos están aprobados por los bancos, pero falta la decisión política de la provincia de ejecutarlos. El Gobierno de Tucumán debía aprobar un empréstito de U$S 3,8 millones, por ley, para cubrir el costo total del proyecto de U$S 18,5 millones y todavía no hay novedades. A partir de la reunión de los funcionarios de las áreas productivas de la región, cabe esperar que se concrete la decisión de avanzar con planes de obras, para tener más embalses e infraestructura de riego en el corto plazo.
Los resultados obtenidos durante la campaña de granos gruesa pasada, la caída de rendimientos y las pérdidas, superaron el 50% por segundo año consecutivo, y la pérdida de cañaverales y rendimientos culturales de toda la zona cañera tucumana tuvo su fuerte impacto. En lo referente a los cítricos y a otros cultivos, la sequía también afectó. Por supuesto que se deben sumar los daños por las heladas que soportaron todos los cultivos de la provincia, dando como resultado caídas de rendimientos, pérdidas de superficies plantadas y plantas muertas.
Los diferentes analistas estiman que los daños en Tucumán fueron muy grandes. En granos más del 50%; en caña de azúcar se calculan pérdidas de casi 500.000 toneladas de azúcar, en la que se suma la helada; en citrus más del 20%; en hortalizas pérdidas por arriba del 45%, y también en kilos de carne que no se produjeron, por la falta total de pasturas en todas nuestras zonas ganaderas.
Recientemente, LA GACETA publicó que Tucumán perderá este año más de 500.000 toneladas de azúcar, debido al proceso de seca que afectó a la región hace más de un año y medio. El detrimento surgió de la caída de un 27%, en término medio, de la productividad estimada de la campaña azucarera, según el informe de la Eeaoc. Indudablemente esta situación movilizó a las autoridades de la región a reunirse para analizar el panorama en general. La actual situación de la región, marcada por la destrucción total y parcial en segmentos del arco productivo, obligó a los gobiernos a brindar un gesto político, y eso es destacable. En esa línea, los funcionarios emitieron un documento en el que se comprometen a impulsar una estrategia integral en la región, con un plan de adaptación y mitigación. Reunidos dijeron que darán intervención a universidades, institutos y organizaciones relacionadas con la problemática ambiental.
Los ministros y secretarios de la producción ratificaron la decisión de minimizar y racionalizar el uso de agua, e instaron al "reuso" del recurso para su "aprovechamiento". Dijeron que son conscientes de la disminución en los caudales de los ríos, una menor entrada de agua en los diques de la zona, embalses y acuíferos subterráneos, que condicionan la provisión del líquido a las industrias y el riego en cultivos. Algunos afirmaron que se debería apostar a soluciones estructurales y de largo plazo, apuntando al revestimiento de canales, tecnificación del riego y acueductos, entre otras.
Un mayor uso eficiente
En zonas de riego hay que hacer eficiente el uso del agua y apuntar a rindes unitarios altos en menores superficies bajo riego. Pero indiscutiblemente hace falta inversión pública para solucionar la actual crisis hídrica. Y en esto es en lo que falla el Estado, ya que hace tiempo que no se invierte en infraestructura hídrica a pesar de tener programas específicos.
La semana pasada, el coordinador ejecutivo del Prosap dijo a LA GACETA Rural que el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales es el primer instrumento específico de inversión en infraestructura para el sector agropecuario, donde se incluyó el desarrollo de caminos rurales, redes de riego y el desarrollo de cluster y cadenas productivas de valor, donde cada provincia defiende sus intereses, los de sus productores.
El Prosap ya desarrolló dos proyectos de riego: uno en el río Lules y otro en Tafí del Valle, con mucho éxito, sobre todo en las últimas sequías. Hoy existen dos en carpeta: el proyecto de Choromoro (Desarrollo del Área de Riego del Sistema Río Choromoro), y también el sistema del río Tala. Ambos están aprobados por los bancos, pero falta la decisión política de la provincia de ejecutarlos. El Gobierno de Tucumán debía aprobar un empréstito de U$S 3,8 millones, por ley, para cubrir el costo total del proyecto de U$S 18,5 millones y todavía no hay novedades. A partir de la reunión de los funcionarios de las áreas productivas de la región, cabe esperar que se concrete la decisión de avanzar con planes de obras, para tener más embalses e infraestructura de riego en el corto plazo.
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