Inhiben bienes de "Piki" y de sus hermanos

La fiscal Asís analiza la posibilidad de ordenar un careo entre el "arrepentido" Chávez y los acusados Miguel Orellana y "El Mudo".

29 Octubre 2003
Los bienes de los hermanos Orellana están a disposición de la Justicia, a partir de que el juez penal Víctor Manuel Pérez hizo lugar ayer al pedido de los abogados de la familia de Adrián Mansilla, el joven secuestrado el 17 de agosto y asesinado horas después. Su cuerpo fue encontrado en una finca de Famaillá el 15 de este mes.
El letrado Carlos Posse inició una demanda civil contra Miguel "Piki" Orellana y sus hermanos, los mellizos José y Enrique Orellana, en la que pide una indemnización por el daño moral que causó la muerte de Mansilla, valuado en $ 1,8 millón. Con esa medida, los Orellana no podrán hacer transacciones ni transferencias de sus bienes, los cuales quedarán a disposición de la Justicia.
"Nos quieren sacar plata y tratan de enlodar nuestra imagen", fue la respuesta del legislador Enrique Orellana a las denuncias de la familia Mansilla.

Una nueva versión
Tres presos del penal de Villa Urquiza podrían ser citados en los próximos días para aportar una nueva versión sobre el asesinato de Mansilla, versión que habrían escuchado en la cárcel de boca del acusado Marcelo "Mudo" Romano. Según el abogado de la familia de la víctima, Romano habría narrado cómo se produjo el secuestro y el crimen. "El Mudo", además de "Piki", habría tenido las armas cuando se produjo el homicidio, según dijo el "arrepentido" Carlos "Pirucho" Chávez. Los ocho detenidos en la causa quedarían involucrados en el homicidio del joven. La fiscal María Raquel Asís haría el requerimiento de la prisión preventiva para todos en los próximos días ante el juez Pérez. En los casos de "Piki" -el principal sospechoso-, Omar "Anaconda" Carrizo, José "Vivila" Rodríguez y Marcelo "el Mudo" Romano, se ampliaría la prisión preventiva (ya fue dictada) por la imputación del crimen. Al resto, Angel Ibarra, Marcelo "Beto" García, Tomás "el Cordobés" Ceballos y Carlos "Pirucho" Chávez, por la totalidad de los hechos imputables: amenaza de muerte, privación ilegítima de la libertad y homicidio.

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