29 Octubre 2003 Seguir en 
El fiscal de Instrucción VII, Gustavo Estofán, desmintió que se haya negado a dar información sobre elementos secuestrados, causas archivadas y el estado de sus investigaciones, hecho por el que fue intimado el viernes pasado. Sin embargo, hasta ayer al mediodía la suya era la única de las diez fiscalías que no había respondido al pedido de informes de los responsables del sumario que la Corte ordenó a raíz del escándalo de las 4x4.
Estofán explicó que, en realidad, le envió una nota al director del sumario, el presidente de la Cámara Penal, Alberto César Piedrabuena, explicando que es una orden imposible de cumplir. El lunes pasado, las diez fiscalías tendrían que haber elevado sus informes, pero ese día lo hicieron sólo dos; recién ayer respondieron otras siete.
"No me niego a brindar el informe, pero los tiempos debería ponerlos yo, porque atiendo 11.200 causas al año; y como además estoy subrogando a la Fiscalía VIII, son 22.400 causas sobre las que tendría que brindar informes", aseguró.
Cuando se le preguntó si no es obligatorio que las fiscalías lleven un registro actualizado de los elementos que se secuestran fue breve pero contundente. "Deberíamos, pero no lo tenemos", dijo.
Inclusive, reconoció que no existen libros de registro donde se asienten los objetos que se secuestran (armas, electrodomésticos, joyas, vehículos y muchas otras cosas más).
Una acordada
Sin embargo, fuentes vinculadas a la Corte explicaron que desde 1976 hay una acordada del máximo tribunal que ordena llevar un inventario al respecto, y que periódicamente se emiten circulares recordando la disposición. Además, en febrero pasado la Corte dictó la acordada 46/03 por la cual se dispone la creación de la Sección Efectos Secuestrados, que funciona en el Archivo. Sin embargo, allí dijeron que reciben muy pocos elementos, porque la mayor parte de los objetos secuestrados suelen quedar en las mismas fiscalías. La aparente falta de conocimiento sobre qué es lo que hay secuestrado acarreó más de un problema durante distintas investigaciones y en juicios orales, dado que la falta de los elementos impidió la realización de pericias fundamentales.
Estofán, además, aseguró que LA GACETA mintió porque no fue la Corte la que lo intimó a presentar de manera urgente el informe que se le solicitó. Sin embargo, quienes hicieron el pedido son el juez Piedrabuena y el secretario de Superintendencia, Reyes Severiano Pérez, en quienes la Corte delegó la tarea.
Terán vuelve al trabajo y pediría más detenciones
El juez federal Felipe Terán se reintegrará a sus funciones hoy y, según se anunció, la causa por las 4x4 "mellizas" cobrará un nuevo ímpetu, en base a los elementos que se fueron recolectando en los últimos días, mientras él estuvo ausente por problemas de salud.
Aunque no se difundieron los detalles de las medidas que tomará, no se descarta que se produzcan nuevas detenciones y allanamientos, en busca de más elementos de prueba y de posibles imputados.
En ese sentido, aún falta mucho por hacer. Los investigadores afirman que el caso tiene conexiones en otras provincias, y al mismo tiempo creen que les está faltando la figura del financista, o sea la persona que ponía el dinero para obtener los vehículos.
Tampoco está firme qué tipo de acusación hará el juez contra los sospechosos, ya que además al delito de enriquecimiento por lavado de activos se podría sumar la figura de asociación ilícita, lo que podría llegar a agravar la pena.
El secretario del Juzgado, Horacio Argüello, le dijo ayer a LA GACETA que no contestará las denuncias públicas que hicieron en su contra el sospechado fiscal Héctor Abraham Musi y su defensor, el abogado Gustavo Morales.
Las sospechas
Musi, a quien Terán pretende interrogar y posiblemente procesar ante la sospecha de que habría participado en la entrega irregular de certificados para "blanquear" costosos vehículos "mellizos" provenientes de robos o del contrabando, acusó al juez, a Argüello y a la esposa de este de haber cometido supuestas irregularidades en la entrega de fondos del "corralito". Al secretario, además, lo acusó por infracción a la Ley 23.737, o sea la de estupefacientes.
Las denuncias que Morales presentó, junto con el pedido de recusación de Terán -que fue rechazado- no habrían sido remitidas aún al juez federal Jorge Parache o al fiscal Carlos Brito, quienes deberían investigar esos hechos, según pudo saberse ayer en los Tribunales Federales.
Estofán explicó que, en realidad, le envió una nota al director del sumario, el presidente de la Cámara Penal, Alberto César Piedrabuena, explicando que es una orden imposible de cumplir. El lunes pasado, las diez fiscalías tendrían que haber elevado sus informes, pero ese día lo hicieron sólo dos; recién ayer respondieron otras siete.
"No me niego a brindar el informe, pero los tiempos debería ponerlos yo, porque atiendo 11.200 causas al año; y como además estoy subrogando a la Fiscalía VIII, son 22.400 causas sobre las que tendría que brindar informes", aseguró.
Cuando se le preguntó si no es obligatorio que las fiscalías lleven un registro actualizado de los elementos que se secuestran fue breve pero contundente. "Deberíamos, pero no lo tenemos", dijo.
Inclusive, reconoció que no existen libros de registro donde se asienten los objetos que se secuestran (armas, electrodomésticos, joyas, vehículos y muchas otras cosas más).
Una acordada
Sin embargo, fuentes vinculadas a la Corte explicaron que desde 1976 hay una acordada del máximo tribunal que ordena llevar un inventario al respecto, y que periódicamente se emiten circulares recordando la disposición. Además, en febrero pasado la Corte dictó la acordada 46/03 por la cual se dispone la creación de la Sección Efectos Secuestrados, que funciona en el Archivo. Sin embargo, allí dijeron que reciben muy pocos elementos, porque la mayor parte de los objetos secuestrados suelen quedar en las mismas fiscalías. La aparente falta de conocimiento sobre qué es lo que hay secuestrado acarreó más de un problema durante distintas investigaciones y en juicios orales, dado que la falta de los elementos impidió la realización de pericias fundamentales.
Estofán, además, aseguró que LA GACETA mintió porque no fue la Corte la que lo intimó a presentar de manera urgente el informe que se le solicitó. Sin embargo, quienes hicieron el pedido son el juez Piedrabuena y el secretario de Superintendencia, Reyes Severiano Pérez, en quienes la Corte delegó la tarea.
El juez federal Felipe Terán se reintegrará a sus funciones hoy y, según se anunció, la causa por las 4x4 "mellizas" cobrará un nuevo ímpetu, en base a los elementos que se fueron recolectando en los últimos días, mientras él estuvo ausente por problemas de salud.
Aunque no se difundieron los detalles de las medidas que tomará, no se descarta que se produzcan nuevas detenciones y allanamientos, en busca de más elementos de prueba y de posibles imputados.
En ese sentido, aún falta mucho por hacer. Los investigadores afirman que el caso tiene conexiones en otras provincias, y al mismo tiempo creen que les está faltando la figura del financista, o sea la persona que ponía el dinero para obtener los vehículos.
Tampoco está firme qué tipo de acusación hará el juez contra los sospechosos, ya que además al delito de enriquecimiento por lavado de activos se podría sumar la figura de asociación ilícita, lo que podría llegar a agravar la pena.
El secretario del Juzgado, Horacio Argüello, le dijo ayer a LA GACETA que no contestará las denuncias públicas que hicieron en su contra el sospechado fiscal Héctor Abraham Musi y su defensor, el abogado Gustavo Morales.
Las sospechas
Musi, a quien Terán pretende interrogar y posiblemente procesar ante la sospecha de que habría participado en la entrega irregular de certificados para "blanquear" costosos vehículos "mellizos" provenientes de robos o del contrabando, acusó al juez, a Argüello y a la esposa de este de haber cometido supuestas irregularidades en la entrega de fondos del "corralito". Al secretario, además, lo acusó por infracción a la Ley 23.737, o sea la de estupefacientes.
Las denuncias que Morales presentó, junto con el pedido de recusación de Terán -que fue rechazado- no habrían sido remitidas aún al juez federal Jorge Parache o al fiscal Carlos Brito, quienes deberían investigar esos hechos, según pudo saberse ayer en los Tribunales Federales.
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