El plan de la Corte queda en poder de una comisión especial

Había que comenzar por el comienzo. La redundancia se justifica en este caso porque la comisión especial encargada de elaborar un proyecto de reforma para la Justicia Penal nació como consecuencia del fastidio que generó en la Legislatura el plan piloto de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que pretendía modificar -por medio de acordadas- la investigación penal preparatoria. Pero ayer se produjo por fin el encuentro entre el comité y los autores del fallido proyecto; los miembros del primero recibieron una explicación por parte de los segundos y el destino de la propuesta de la Corte quedó en manos de aquellos.

El debate se extendió durante más de dos horas y media. Primero expusieron los expertos porteños Alberto Binder y Gonzalo Rúa, integrantes de la institución que asistió al alto tribunal en la formulación del programa (el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales). Luego estos fueron acribillados a preguntas por parte de los legisladores, jueces, funcionarios del Poder Ejecutivo y abogados que componen la comisión especial.

El primer interrogante

"¿Por qué Tucumán, que en 1991 sancionó el Código Procesal Penal más moderno de Latinoamérica, volvió al sistema inquisitivo que pretendía superar? Hay que hacerse permanentemente esta pregunta para no fallar otra vez", cuestionó Binder, que diagnosticó que aquella reforma integral no recibió los ajustes que precisaba y fue abandonada a su suerte.

"No hubo trabajo progresivo sobre el terreno, cosa que debe ser prioritaria", opinó. En resumen, el procesalista dijo: 1) urge actualizar el modelo de investigación, que es obsoleto frente al delito complejo; 2) está probado que el esquema actual de división de fiscalías no funciona; 3) hay que buscar soluciones en alianza con las víctimas de los hechos ilícitos, y 4) resulta indispensable aplicar remedios alternativos al juicio oral (como la conciliación) y el principio de oportunidad de la acción penal (autoriza a investigar sólo aquellos delitos considerados estratégicos para la política criminal).

A su turno, Rúa presentó una reorganización de la magistratura, las fiscalías y las defensorías públicas del fuero penal de Concepción y Monteros (el plan debía debutar allí en abril de este año), cuyos pilares son: 1) la resolución de los conflictos de la instrucción en audiencias orales y públicas; 2) la sustitución del expediente (fuente de nulidades) por un legajo "desformalizado"; 3) la habilitación de salidas rápidas y tempranas para conflictos sencillos, y 4) la investigación especializada. "Era un cambio importante de paradigma, pero no implicaba más personal que el que hoy trabaja en los Tribunales", apuntó.

La cuestión del 85%

A posteriori de las intervenciones de los expertos, la discusión giró en gran medida alrededor del principio de oportunidad, que libera a los fiscales de la obligación -vigente- de investigar todas las denuncias que reciben. Binder contrastó ese deber (correspondiente al principio de legalidad) con la realidad y sostuvo que el principio de oportunidad era el único camino posible: "en la Justicia Penal de Tucumán, el 85% de los casos va a la basura".

Aquella apreciación fue matizada por Eudoro Albo, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción: "reconozco que el funcionamiento no es el adecuado, pero en el 85% de causas donde no hay respuesta punitiva se está aplicando de hecho, y fuera de la normativa, el principio de oportunidad. (Pido) que no se malinterprete lo de la basura". Carlos Caramuti, vocal de la Sala III de la Cámara Penal, luego acotó: "la cosa no está en ninguno de los dos extremos: el 85% de las causas no va a la basura ni es objeto del principio de oportunidad. Este instituto busca una selectividad racional y que no sólo lleguen a juicio oral los casos simples o que involucren flagrancia. En el presente juzgamos muy poco o nunca causas complejas que requieren investigaciones sofisticadas".

Ni esta ni las otras dudas planteadas quedaron resueltas en la tercera reunión del comité, la primera pública de principio a fin. Hay, sin embargo, un punto de partida: el plan de la Corte. Pero la comisión especial aún ha de definir la entidad de sus ambiciones: si se contenta con la propuesta formulada por el Inecip, si la descarta total o parcialmente o si redobla la apuesta. El debate prosigue en el encuentro previsto para el 14 de octubre a las 17 en el octavo piso de la Legislatura.

"Se debe enseñar a gestionar y legislar", opinó Palina 

"Un militante se prepara toda su vida para gobernar. Por eso se le debe enseñar a gestionar y legislar". Esa fue una de las frases que el legislador (en uso de licencia) Roberto Palina usó para ponderar su proyecto de ley -de 2008- que dio origen a la Escuela de Gobierno. Tras cinco años de demora, la iniciativa del presidente del Partido de los Trabajadores comienza a tomar forma. El organismo, cuyo objetivo es la formación de "cuadros de gobierno", quedaría constituido en las próximas semanas, según había adelantado a LA GACETA el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez. En la norma se estableció que el Consejo Rector esté encabezado por Jiménez.

"La Escuela pretende ser un lugar de encuentro entre la pedagogía y la política; y son los políticos experimentados y los académicos de excelencia los habilitados para enseñar la política. Gobernar es gestionar y debemos dejar para las generaciones futuras el ejemplo de gestión", fundamentó el titular de Fotia.

INTEGRACIÓN.- La comisión especial encargada de elaborar un proyecto de reforma del proceso penal está integrada por representantes de cuatro estamentos: el Poder Judicial (tres titulares y tres suplentes); el Poder Ejecutivo (tres titulares y dos suplentes); la Legislatura (cinco titulares y dos suplentes), y los colegios de abogados de la Capital y del Sur (un titular y un suplente cada uno).

En la mesa.- A la tercera reunión del comité creado por la Legislatura asistieron los camaristas Santiago Caramuti, Ana Lía Castillo de Ayusa y Eduardo Albo; el fiscal Edgardo Sánchez y el defensor Hernán Molina; los legisladores oficialistas Marcelo Caponio (presidente del comité), Guillermo Gassenbauer (secretario), Gerónimo Vargas Aignasse, Ramiro González Navarro, Regino Racedo, y los parlamentarios opositores José Páez y Ariel García; los funcionarios alperovichistas Edmundo Jiménez, Jorge Posse Ponessa, José Farhat y Paul Hofer, y los letrados Francisco García Posse y Ezio Jogna Prat (capital), y Ángel Fara y Sergio Faiad (sur).

SILLAS VACÍAS.- No asistieron al encuentro ni la fiscala Adriana Gianonni (comunicó por escrito que estaba fuera de la provincia) ni Humberto Rava, secretario de Derechos Humanos.

CONTROL DE ASISTENCIA.- La comisión especial encargada de reformar el proceso penal tiene, en total, 22 miembros (13 titulares y nueve suplentes). Catorce de ellos asistieron a las tres reuniones celebradas hasta el presente: Albo, Molina, Sánchez, Caponio, Gassenbauer, Racedo, González Navarro, Vargas Aignasse (sólo estuvo cinco minutos en el primer encuentro), Páez, García Posse, Fara, Faiad, Farhat y Paliza. Caramuti, Gianonni, García, Jogna Prat, Castillo de Ayusa y Posse Ponessa fueron a dos reuniones y faltaron a otra. Rava y Jiménez asistieron solamente a una cita (este último "debutó" ayer en el comité: llegó puntual, pero se levantó varias veces de la silla y se retiró temprano, sin hacer comentarios).

PLANTEOS.- Los miembros del comité formularon numerosas observaciones. Entre ellas, las relativas a la validez de la prueba indiciaria (Vargas Aignasse); a la transición entre dos modelos procesales (Racedo); a la coordinación con la política de seguridad (Hofer); a la necesidad de capacitar a la policía (Castillo de Ayusa); a la garantía de la presunción de inocencia (García); al tratamiento de los menores que delinquen (Molina); a la adopción de la mediación penal (Fara); a la igualdad de oportunidades entre defensores privados y acusadores (García Posse); a la conveniencia de dotar de autonomía a la defensa pública (Caponio) y a la sustitución del expediente por el legajo "desformalizado" (Jogna Prat).

"Soy amigo de Alfaro, pero no soy su vocero", dijo Avignone

En el recinto reprodujo denuncias que atribuyó a "taxistas" y un aluvión de críticas se le vino encima. Ayer, el concejal radical José Luis Avignone optó por cerrar la polémica respecto de los políticos que tendrían vinculación con el negocio de los taxis. "Soy amigo del concejal Germán Alfaro, pero no soy su vocero", aclaró el opositor. Avignone había vinculado con el negocio de los taxis al interventor de la Caja Popular de Ahorros, Armando Cortalezzi, y el ex legislador Juan Eduardo "Pinky" Rojas. Cortalezzi dijo que el radical hablaba por instrucciones del amayista Alfaro, y Rojas le pidió que haga público su patrimonio. La esposa de este (Rosa Augier), llegó a deslizar que Avignone era propietario de prostíbulos. "Obviamente niego esa imputación, que surge de una mente ociosa y perversa que no recogió rumores de terceros como expresa, sino que la invento con el único ánimo de desprestigiarme", replicó Avignone. Finalmente, respecto de su patrimonio, el edil radical aseguró que su bien más valioso es una vivienda en Marcos Paz al 900, que heredó de sus padres.