Mesa se comprometió a rehacer la estructura social de Bolivia

LA PAZ.- Carlos Mesa, el nuevo presidente de Bolivia surgido de las protestas populares, dijo ayer que su gobierno protegerá a los inversionistas a pesar del compromiso de revisar las leyes energéticas de libre mercado. Esa fue una de las causas de la sangrienta revuelta que mantuvo en vilo al país durante más de un mes, y que provocó la muerte a unas 80 personas y dejó decenas de heridos. En su primer discurso como presidente reemplazante del renunciante Gonzalo Sánchez de Lozada, Mesa prometió un referéndum vinculante sobre la exportación del gas; la modificación de la ley de hidrocarburos y la revisión de las privatizaciones. También anunció la próxima convocatoria a una asamblea constituyente para rehacer el tejido social del país. La Iglesia y otros sectores civiles habían demandado a Sánchez de Lozada esta convocatoria durante el conflicto.
El flamante mandatario, quien terminará su gestión en agosto de 2007, dijo que entendía la preocupación que pudiera existir en los mercados, pero que los cambios que se harían no atacarían los capitales invertidos en Bolivia. "Por el contrario, lo que tenemos que hacer es garantizar que la inversión que se ha hecho en Bolivia sea útil para quienes la hicieron y para el país", dijo el mandatario al culminar una improvisada oración conjunta con un grupo de indígenas en la catedral de La Paz, ubicada junto al Palacio de Gobierno. Luego de arrodillarse ante el altar y rezar a coro con decenas de indigentes, comerciantes y algunos mineros, Mesa atendió a uno por uno, ya sea abrazándolos o escuchando sus reclamos.

La cuestión impositiva
"El tema central que vamos a trabajar es la venta de gas", dijo el periodista e historiador de 50 años al referirse a la demanda de que se aproveche este recurso natural no sólo para venderlo al exterior, sino también para desarrollar una industria nacional de derivados. Sin embargo, el mandatario, quien ya adelantó que su gabinete estará integrado por independientes de reconocida capacidad y no por representantes de partidos políticos, aceptó que las medidas que se vayan a adoptar en materia de gas implicarían una revisión de la política energética. "El replanteo apunta a la estructura impositiva", dijo en referencia a los impuestos que pagan las empresas privadas desde que se les permitió en 1997 participar en el estratégico sector de los hidrocarburos.
El Grupo de Río, que agrupa a los países latinoamericanos con excepción de Cuba, expresó su respaldo a la solución constitucional que el pueblo boliviano, "a través de sus legítimos representantes en el Congreso, ha dado a la grave crisis por la que atraviesa Bolivia". También la Organización de Estados Americanos expresó el firme y decidido respaldo al nuevo gobierno constitucional.
Por su parte, el Departamento de Estado de EE.UU. declaró en un comunicado que lamenta las circunstancias que llevaron a la renuncia de Sánchez de Lozada. "Comprendemos que el vicepresidente Carlos Mesa asuma la presidencia, conforme a la Constitución boliviana", dice la nota. (Reuter/Télam/DPA)