10 Junio 2013
BUENOS AIRES.- El senador nacional Mario Cimadevilla renovó sus duras críticas contra la reforma judicial que impulsa el Gobierno nacional, mientras se espera que, esta semana, la jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría, se pronuncie sobre las numerosas impugnaciones contra la elección popular de los consejeros de la Magistratura.
Se espera que la magistrada resuelva sobre la validez o no de esta norma, luego de que se conocieron tres fallos más vinculados a la elección de Magistrados.
Las nuevas declaraciones corresponden al juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, quien ratificó la suspensión de las elecciones, y otro del juez federal de Necochea, Bernardo Bibel, que se declaró incompetente.
En tanto, continuaron las críticas sobre la Ley 26.855, que prevé la elección popular de los integrantes del Consejo, y uno de los más enfáticos fue el senador Cimadevilla quien expresó que "este Gobierno quiere que la Constitución y la ley se sirvan de ellos". El consejero (Chubut, Unión Cívica Radical) también aseguró que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, "es la frutilla del postre de la reforma judicial" porque, argumentó, "la funcionaria cree que la Constitución es ella, y esto es una locura".
"Este Gobierno quiere que la Constitución y la ley se sirvan de ellos. Cuando la ley y la Constitución son violentadas, hay un poder del Estado que restituye la vigencia de la Constitución, que es el Poder Judicial", enfatizó Cimadevilla.
Por su parte, el juez Bibel se declaró incompetente "en razón de la materia y del territorio" para actuar en un planteo del Colegio de Abogados de Necochea y remitió el caso a la jueza federal.
En cambio, Lavié Pico dio lugar a los amparos, al advertir que hay "indicios serios y graves con relación a la ilegitimidad de la norma" y, además, declaró la inconstitucionalidad parcial de la norma que limita las cautelares contra el Estado.
Defensa "K"
En medio de las críticas, los abogados del Estado presentaron, ante el juzgado de Servini de Cubría, un escrito que fija su postura ante al menos cinco presentaciones, de varios partidos políticos y asociaciones de jueces y abogados, contra la nueva ley del Consejo. El Estado cumplió con los tiempos dispuesto por Servini de Cubría y el viernes, presentó un escrito en el que pide a la jueza que rechace los amparos contra la elección popular de los Magistrados.
De esta forma, a partir de hoy, Servini estará en condiciones de expresarse sobre al validez de la norma, a pesar de que pesan sobre la ley más de 10 cautelares en todo el país. (DyN)
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