12 Octubre 2003 Seguir en 
LA PAZ.- El cuarto día de paro general en la zona periférica de El Alto y bloqueos de rutas circundantes endurecieron un cerco sobre La Paz, sede gubernamental y centro de un mes de protestas sociales en Bolivia. La ciudad de 700.000 habitantes amaneció sin expendio de combustibles ni gas doméstico. El bloqueo impide el desplazamiento de un convoy de cisternas desde una planta de refinamiento, ubicada a 10 kilómetros de El Alto, a La Paz. Las seis principales rutas que confluyen en La Paz se hallan bloqueadas con una notable merma en el abastecimiento de alimentos y productos agrícolas a sus mercados de consumo.
El Alto, una empobrecida zona urbana de 800.000 habitantes, contigua a La Paz, permanece paralizada desde el miércoles, cuando se convirtió en escenario de violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Sus dirigentes cívicos y sindicales decretaron ese día un paro general e indefinido en adhesión a la llamada "guerra del gas", con la que se busca también la renuncia del presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, cuy mandato caduca en 2007.
"Esto no va a parar"
Sectores no comprometidos en los conflictos, como las empresas privadas, la Iglesia y organismos defensores de los derechos humanos, insistieron en la necesidad de que el gobierno extreme esfuerzos en busca del diálogo. "Mientras no haya soluciones a la crisis económica esto no va a parar", advirtió el presidente del principal organismo empresarial del país, Carlos Calvo. Los sectores sociales que se han sumado a las medidas de fuerza decidieron radicalizar las medidas desde mañana. Las protestas fueron iniciadas por los campesinos del altiplano y respaldadas desde hace dos semanas por un paro general por tiempo indefinido de la central obrera. El bloqueo de rutas por el altiplano, dispuesto hace un mes por Felipe Quispe, un diputado indígena y líder campesino, será secundado desde mañana por cocaleros del conflictivo Chapare, en la región central de Bolivia. Seis combativas federaciones que nuclean a 35.000 familias campesinas conducidas por el también diputado indígena, Evo Morales, saldrán a las rutas dispuestas a resistir la represión policial y militar, dijeron. (Reuter/Télam)
El Alto, una empobrecida zona urbana de 800.000 habitantes, contigua a La Paz, permanece paralizada desde el miércoles, cuando se convirtió en escenario de violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Sus dirigentes cívicos y sindicales decretaron ese día un paro general e indefinido en adhesión a la llamada "guerra del gas", con la que se busca también la renuncia del presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, cuy mandato caduca en 2007.
"Esto no va a parar"
Sectores no comprometidos en los conflictos, como las empresas privadas, la Iglesia y organismos defensores de los derechos humanos, insistieron en la necesidad de que el gobierno extreme esfuerzos en busca del diálogo. "Mientras no haya soluciones a la crisis económica esto no va a parar", advirtió el presidente del principal organismo empresarial del país, Carlos Calvo. Los sectores sociales que se han sumado a las medidas de fuerza decidieron radicalizar las medidas desde mañana. Las protestas fueron iniciadas por los campesinos del altiplano y respaldadas desde hace dos semanas por un paro general por tiempo indefinido de la central obrera. El bloqueo de rutas por el altiplano, dispuesto hace un mes por Felipe Quispe, un diputado indígena y líder campesino, será secundado desde mañana por cocaleros del conflictivo Chapare, en la región central de Bolivia. Seis combativas federaciones que nuclean a 35.000 familias campesinas conducidas por el también diputado indígena, Evo Morales, saldrán a las rutas dispuestas a resistir la represión policial y militar, dijeron. (Reuter/Télam)
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