11 Octubre 2003 Seguir en 
LA PAZ.- Bolivia cumplió ayer 21 años ininterrumpidos de democracia -el período más largo sin golpes de Estado de su historia-, en medio de nuevas protestas populares contra un desgastado sistema partidario y el modelo económico que lo sustenta. Simultáneamente, se cumplieron 26 días de bloqueos campesinos de rutas en el altiplano andino; enfrentamientos urbanos y rurales con fuerzas de seguridad que dejaron nueve muertos y decenas de heridos; marchas y paros en el marco de una huelga general por tiempo indefinido.
Las protestas, que inmovilizaron ayer nuevamente el sector céntrico de La Paz, responden principalmente a un rechazo contra el proyecto de exportación de gas -la mayor riqueza natural del país- por Chile, que impulsa el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
La gravedad de la crisis ha dado lugar ahora a reclamos de cambios más profundos en la estructura institucional misma del país; y desde la Iglesia hasta sectores empresariales reclaman ahora la convocatoria a una asamblea constituyente para refundar la nación.
Bolivia, de 8,3 millones de habitantes y el país más pobre de América del Sur, puso fin el 10 de octubre de 1982 a un largo ciclo de dictaduras militares, con la elección de un presidente democrático. Tres años después, los partidos crearon un sistema de "democracia pactada" para sustentar con coaliciones partidarias a gobiernos surgidos de las urnas, y alejar así el peligro de golpes, asonadas y cuartelazos como fuente del poder. Sánchez de Lozada, quien enfrenta el peor embate social contra su gobierno, que concluye en 2007, dijo: "la politiquería quiere destruir la democracia y dividir a Bolivia". Seis de cada 10 bolivianos se debaten entre la pobreza y la extrema pobreza; y 9 de cada 10 habitantes del sector rural son pobres o indigentes, según datos de Naciones Unidas.
Medidas reprochables
Para enojo de 400 instituciones sociales y sectores ciudadanos, el gobierno bloqueó la semana pasada la ratificación de la periodista Ana María Campero como defensora del pueblo. Campero, de crítica pero intachable tarea desde una posición independiente, ejerció el cargo cinco años por designación del Congreso, pero el oficialismo impuso su mayoría para reemplazarla por un candidato propio. Lo mismo hizo con cinco cargos del Tribunal Constitucional, sin dar participación a la oposición. (DPA/Télam/Reuter)
Las protestas, que inmovilizaron ayer nuevamente el sector céntrico de La Paz, responden principalmente a un rechazo contra el proyecto de exportación de gas -la mayor riqueza natural del país- por Chile, que impulsa el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
La gravedad de la crisis ha dado lugar ahora a reclamos de cambios más profundos en la estructura institucional misma del país; y desde la Iglesia hasta sectores empresariales reclaman ahora la convocatoria a una asamblea constituyente para refundar la nación.
Bolivia, de 8,3 millones de habitantes y el país más pobre de América del Sur, puso fin el 10 de octubre de 1982 a un largo ciclo de dictaduras militares, con la elección de un presidente democrático. Tres años después, los partidos crearon un sistema de "democracia pactada" para sustentar con coaliciones partidarias a gobiernos surgidos de las urnas, y alejar así el peligro de golpes, asonadas y cuartelazos como fuente del poder. Sánchez de Lozada, quien enfrenta el peor embate social contra su gobierno, que concluye en 2007, dijo: "la politiquería quiere destruir la democracia y dividir a Bolivia". Seis de cada 10 bolivianos se debaten entre la pobreza y la extrema pobreza; y 9 de cada 10 habitantes del sector rural son pobres o indigentes, según datos de Naciones Unidas.
Medidas reprochables
Para enojo de 400 instituciones sociales y sectores ciudadanos, el gobierno bloqueó la semana pasada la ratificación de la periodista Ana María Campero como defensora del pueblo. Campero, de crítica pero intachable tarea desde una posición independiente, ejerció el cargo cinco años por designación del Congreso, pero el oficialismo impuso su mayoría para reemplazarla por un candidato propio. Lo mismo hizo con cinco cargos del Tribunal Constitucional, sin dar participación a la oposición. (DPA/Télam/Reuter)







