Acusaron a Duhalde de proteger a los Juárez

SANTIAGO DEL ESTERO.- Un diputado provincial y un juez quedaron detenidos ayer por su presunta vinculación con el doble crimen de la dársena, el mismo día en el que se frustró el debate en el Congreso Nacional sobre la intervención federal del Poder Judicial santiagueño, ante la falta de quórum por ausencia del justicialismo.
Los padres de las chicas asesinadas, Leyla Bshier Nazar y Patricia Villalba, criticaron durante una marcha en la Capital Federal a los diputados del PJ que se negaron a bajar al recinto para debatir la intervención, y denunciaron que el ex gobernador Carlos Juárez está negociando con el duhaldismo para impedir esa medida.
Los detenidos de ayer (en total ya son diez) son el diputado Carlos Anauate, hombre fuerte del PJ, y el juez Mario Castillo Solá, quien tuvo a su cargo la primera etapa de la investigación. Como un mensaje a quienes estudian la intervención al Poder Judicial, la jueza Bravo ordenó las dos detenciones el martes a la noche, cuando se anunciaba una sesión legislativa y la primera marcha en la Capital Federal en la que se pidió el remedio federal.

Expresión testimonial
La sesión de la Cámara Baja en Buenos Aires para tratar la intervención fue levantada por falta de quórum, pero radicales, socialistas y diputados de ARI y de izquierda sesionaron en minoría como expresión testimonial. El bloque del PJ decidió no bajar al recinto -según versiones-, en espera de una señal clara del Ejecutivo sobre la decisión de intervenir o no la Justicia santiagueña. El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, consideró que se dieron señales concretas desde el Gobierno y volvió a dejar esa medida en manos del legislativo. Beliz mencionó el gesto del presidente Néstor Kirchner de haber enviado a los secretarios de Justicia, Pablo Lanusse, y de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a Santiago "para destapar las ollas que se están destapando".
En coincidencia con el embate de Beliz, se conocieron las conclusiones de Lanusse y de Duhalde, según las cuales los principales problemas son la ausencia de independencia del Poder Judicial, las violaciones a los derechos humanos y la persecución de organismos de Inteligencia a la población civil. (Télam)