El kirchnerismo niega que se cercenen derechos ciudadanos

BUENOS AIRES.- El bloque del Frente para la Victoria del Senado continuó ayer avanzando con el tratamiento de los proyectos de ley que integran el denominado Plan de Democratización de la Justicia lanzado por la presidenta, Cristina Fernández.

En esta oportunidad, el sector oficialista emitió ayer dictamen de mayoría a favor del proyecto de ley para Regular y Limitar las Medidas Cautelares, con lo que cumplimentó en 48 horas el trámite en comisiones de los tres proyectos para la reforma judicial que el Gobierno envió a la Cámara, donde serán tratados la próxima semana.

El ministro de Justicia, Julio Alak, aseguró, en el informe inicial que brindó en la reunión conjunta de las comisiones de Justicia y de Legislación General, que la limitación de las cautelares "no pretende ningún tipo de cercenamiento de derechos de los ciudadanos". Dijo que el proyecto "tiene como objetivo buscar equilibrio entre el derecho litigante del ciudadano y el derecho legítimo de defensa del Estado, hoy vulnerado por aplicación de un código pensado para el derecho privado".

Además, mencionó que "todas las provincias argentinas tienen reguladas las medidas cautelares contra el Estado" y sostuvo que existe una laguna en el nivel nacional que atribuyó a "intereses económicos y jurídicos" que prefieren que permanezca la actual legislación.

El proyecto será tratado en el recinto el jueves, un día después de que el Senado sancione los proyectos para modificar el Consejo de la Magistratura y para crear tres nuevas Cámaras de Casación.

La reunión de ayer no contó, como el miércoles cuando se sacaron los dictámenes en relación a la modificación del Consejo de la Magistratura y la creación de cámaras de casación, con la asistencia de la oposición. La excepción fueron la salteña Sonia Escudero (Peronismo Federal), que concurrió por decisión personal, y del porteño Samuel Cabanchik (Buenos Aires Federal).

El proyecto "K" restringe las medidas cautelares para el sector privado y plantea que el recurso sea aplicable para el Estado "sólo en los supuestos en que se ponga en juego la vida, la salud o el carácter alimentario de una persona", pero no se podrá "superar los seis meses para el dictado de la medida de fondo".

El jefe del bloque del FPV, Miguel Ángel Pichetto, anunció que en el dictamen se incorporaban cambios al proyecto original. En un caso, indicó la inclusión de un tratamiento especial para las cautelares sobre cuestiones por riesgos ambientales. Por otra parte, dijo que otro cambio será para que cuando haya cuestiones de competencia entre un juez Civil y un juez en lo Contencioso Administrativo, el conflicto sea dirimido por la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo.

Contra el Grupo Clarín Julián Álvarez, secretario de Justicia de la Nación, justificó la regulación de las cautelares con el ejemplo de la medida interpuesta contra artículos de la ley de Medios por el "Grupo Clarín" que, dijo, "generó las condiciones" por las que "un 7 de diciembre de 2009, bajo este mecanismo, se limitó una ley que dictó la voluntad popular para democratizar los medios de comunicación durante tres años y medio". (DyN)

Según opositores, se buscan jueces adeptos

BUENOS AIRES.- Políticos del arco opositor suscribirán el martes un documento en contra de la reforma judicial que propicia el Gobierno, posiblemente en las escalinatas del Palacio de Tribunales. A su vez, se anunció que durante el fin de semana se juntarán firmas de adhesión contra las medidas que impulsa el Poder Ejecutivo. La noticia y el texto de la Declaración fue revelada por la oficina de prensa del presidente del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo.

El documento será una continuación del Compromiso Democrático que sellaron en diciembre último. El texto sostiene que "detrás del título retórico de 'democratizar la Justicia' se esconde un intento de suprimir la independencia de los jueces, modificando el régimen republicano que establece la Constitución, en perjuicio de las libertades y derechos ciudadanos".

En lo particular, el documento sostiene que "los cambios propuestos en el Consejo de la Magistratura transforman a este organismo en dependiente de mayorías circunstanciales". Respecto de la limitación de las cautelares, advierte que "los ciudadanos quedan indefensos frente al abuso de poder del Estado.

Como conclusión, el texto afirma que "esta reforma no es para que haya una Justicia mejor, rápida y cercana a la gente, sino para ocuparla con jueces adeptos al Gobierno y preparar el terreno para la impunidad". (DyN)