Mensajes al Gobierno

El enérgico reclamo que el presidente alterno de la Corte Suprema de Justicia, René Mario Goane, hizo al gobernador Julio Miranda, por los dichos de uno de sus hombres más cercanos, marcó un momento pico de un ciclo de relaciones signado por tensiones de distinta intensidad.Ronal Bradis Troncoso atacó, con un lenguaje descomedido y carente de todo estilo, al ministro fiscal del alto tribunal Luis de Mitri. Este se había quejado porque no se le pidió opinión acerca de las reformas aprobadas por la Legislatura que limitaban sus funciones.
El secretario general de la Gobernación aseveró que De Mitri carecía de las aptitudes y de las cualidades para ser consultado. Lo acusó, además, de haber sido permisivo con el ex fiscal anticorrupción, Esteban Jerez. En realidad, a De Mitri no le tembló el pulso para apercibir en dos ocasiones a Jerez por sus denuncias, referidas a la existencia de una quinta columna judicial.
Frente al golpe que venía de Casa de Gobierno, el ministro fiscal acusó a Troncoso de operador de un complot enderezado a destituirlo. En realidad, el abogado cordobés fue el portavoz de Edmundo Jiménez, uno de los ideólogos del plan de reformas legislativas centradas en la Justicia, y futuro ministro de Gobierno.
Goane no toleró la embestida pública del funcionario y se quejó, por escrito, ante Miranda, por "la descalificación impropia e inaceptable" que recibió uno de los jerarcas del Poder Judicial. El conflicto de poderes le estalló al gobernador, en plena campaña electoral, y debió desprenderse de Troncoso para no pagar más costos políticos. Miranda no podía aceptar que se le sumara otro conflicto a los que ya afronta y optó por retirarlo del caldeado escenario comarcano. No obstante, Troncoso no quedará desocupado porque tendrá otro empleo rentado, en Buenos Aires, por el Gobierno, se aseguraba ayer. Los amigos del poder son, en definitiva, los amigos permanentes.
La disputa por las facultades del Ministerio Fiscal de la Corte no desvió la atención de otro aspecto de las reformas. La vuelta a una sola Cámara de Apelaciones -que sancionó la Legislatura- activó diversas críticas en el foro, ya que se constituirá en un embudo.
De por sí, la sala VII, integrada por Elva Jiménez -hermana del próximo ministro de Gobierno-, Liliana Vitar y Eudoro Albo, crecería en peso específico dentro del fuero penal. Por efecto de los cambios que aún no promulgó Miranda, esa sala tendría una relevancia política aún mayor. En efecto: esos tres jueces pasarían a formar parte del órgano que elige la lista de miembros del Tribunal Constitucional, órgano injertado en 1990 a la estructura tradicional de poderes. Jiménez, Vitar y Albo dejarían afuera a otros 18 camaristas penales, lo que agudizó la polémica en el mundo judicial.
La puesta en vigencia del Tribunal Constitucional dotaría al gobierno de José Alperovich de una herramienta de presión adicional en contra de la Legislatura 2003-007. Si esta se demorara en el tratamiento de proyectos de ley que giró el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional podría intimar a la Cámara a que se expida en un plazo determinado. Vencido este, sin que hubiere resolución, el Poder Ejecutivo podrá promulgar la ley, según la Carta del 90. En la Corte, desde 1991 en adelante, siempre hubo resistencia a que rigiera esa institución para preservar el papel de intérprete supremo de la Ley Fundamental. Por el contrario, durante ese período, el Gobierno de turno siempre abrigó la esperanza de plasmarlo en realidad. El cerco sobre la próxima Legislatura se cerraría con las modificaciones a la ley de los decretos de necesidad y urgencia. Por esta, si en un término de 20 días no deroga las normas, quedarán firmes. Ahora bien, la Corte rechazó una medida cautelar del abogado Oscar López, antes de la aprobación de esa ley. Pero dejó entrever que la promulgación abriría el examen de su inconstitucionalidad.