Alto índice de corrupción

Hemos publicado las conclusiones de un reciente estudio de la ONG Transparencia Internacional, que abarcó a 133 países. Utilizando una escala de 10 a 0 para medir de mayor a menor la transparencia percibida en el sector público, concluye que el país más transparente es Finlandia, al que se colocan en el número 1, con un puntaje de 9,7. La Argentina ocupa el número 92, con 2,5 de puntaje.
La cifra presenta material más que abundante para la reflexión. Se ha dicho, en muchas oportunidades, que la crisis de nuestro país no es solamente económica, sino que tiene carácter predominantemente moral y que, de ese ángulo, se deriva todo lo demás. La encuentra pareciera confirmar ese juicio, en cuanto expresaría que nuestros problemas relativos a las finanzas van de la mano con la falta de probidad en el manejo de la cosa pública.
Más allá de los resultados de un relevamiento, es sabido por todos que ese fenómeno tiene una inquietante vigencia en la Argentina de los últimos años. La falta de probidad instalada en la cosa pública ha tenido derivaciones muy vastas. Hasta se ha insistido en que el problema de la deuda, que agobia a tantos países y sociedades, suele ser inseparable del uso irregular y hasta delictivo de aquellos préstamos que hoy son en compromisos financieros insoportables. En un mensaje de 1997 al Sínodo Latinoamericano, Juan Pablo II decía: "el uso fraudulento del dinero público daña sobre todo a los pobres, quienes son los primeros en sufrir la privación de los servicios básicos para el desarrollo".
La corrupción ha tenido, entre sus más penosas secuelas, la de la desaparición de la credibilidad de los ciudadanos respecto de sus instituciones. Es uno de los males más graves que pueden sobrevenir a un sistema democrático, ya que la vigencia de este se asienta sobre el presupuesto de una mayoritaria confianza de los gobernados acerca de la corrección de los actos que ejecutan los gobernantes.
Se ha alentado, además, esa percepción de la corrupción, por la generalizada falta de sanción de los funcionarios supuestamente corruptos. En efecto, entre nosotros, rara vez o nunca la ciudadanía de entera de que un acto contrario a la ley ha recibido las penas que ella establece para el agente que utiliza un cargo público para su beneficio privado. Así es como se va arraigando, en la mente del hombre de la calle, la peligrosa convicción de que la ética es algo ausente en todo el sistema.
La corrupción, hay que recordarlo, tiene un campo muy vasto, cuya magnitud se advierte con mayores evidencias a partir de la consolidación de las libertades públicas. Circunscribir el problema a los comportamientos de los funcionarios, ignorando en alguna medida las conductas cómplices ( o por lo menos tolerantes) que los suscitan, constituye una visión parcial del asunto. De allí que el problema deba encararse con una amplitud que alcance a todos los sectores del cuerpo social y que, además de modificar el pobre concepto que el ciudadano tiene del gobierno, haga que ese ciudadano sea capaz de conducirse con probidad y no colaborar para la vigencia del dañoso fenómeno.
Por cierto que una acción destinada a sanear éticamente la vida pública de la sociedad, debe comenzar necesariamente por los poderes del Estado. Urge lograr de ellos, junto a la máxima eficacia de gestión, una imagen ejemplar de conducta, capaz de devolver a los gobernados la confianza en sus procedimientos.
En ningún momento de la historia nacional, se ha asistido a un cuestionamiento tan fuerte y tan generalizado en este orden de cosas. Urge darle una respuesta que contenga medidas y actitudes concretas, capaces de generar la convicción de ese cambio que todos deben acompañar.