El Senado debatirá, en comisión, sobre la situación procesal de Carlos Menem

En Asuntos Constitucionales definirán si corresponde suspenderlo o removerlo como senador.

21 Mar 2013
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POR UNANIMIDAD. Todos los senadores aprobaron que el caso Menem sea analizado en Asuntos Constitucionales. DYN

BUENOS AIRES.- El Senado aprobó ayer el pedido de legisladores, entre ellos el senador José Cano (Tucumán), titular del bloque radical, y el FAP (Frente Amplio Progresista) para excluir a su colega Carlos Menem de la Cámara Alta, a raíz de la condena que recibió en la causa judicial por el contrabando agravado de armas a Ecuador y Croacia, ocurrido cuando era presidente de la Nación. El planteo de la preferencia, con previo despacho de Asuntos Constitucionales -a cargo del kirchnerista Marcelo Fuentes-, fue realizado por la radical Laura Montero, apoyada por Jaime Linares (FAP-GEN) y aceptada por el jefe del bloque "K", Miguel Ángel Pichetto.

La UCR y el FAP impulsaron proyectos para que el ex Presidente sea excluido "por inhabilidad moral". Esas iniciativas serán tratadas en la comisión de Asuntos Constitucionales, cuando se reúna en la primera semana de abril.

Ahora, el oficialismo deberá decidir si frena el planteo o aprueba excluir a Menem en comisión.

Cano explicó que el fallo condenatorio de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, en el que determina a Menem como coautor en el delito de contrabando de armas, "obliga a los miembros de esta Cámara a analizar una sanción apropiada ante conductas ofensivas".

El artículo 204 del Reglamento de la Cámara establece que en caso de que un senador incurra "en faltas más graves que las previstas", el pleno decidirá por votación, "sin discusión", si es válido utilizar las facultades que otorga el artículo 66 de la Constitución, el cual habilita a "corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral".

Contra el trabajo infantil

El Senado convirtió en ley un proyecto que sanciona a los empresarios responsables de la explotación de trabajo infantil hasta los 16 años, con penas que van de uno a cuatro años de prisión.

La Cámara Alta sancionó la norma con el respaldo unánime de 63 legisladores, sin oposición de la totalidad de los bloques.

La iniciativa fue defendida por el kirchnerista Pedro Guastavino, titular de la Comisión de Justicia, quien argumentó que la norma está "destinada a los empresarios que explotan a los niños para sacar provecho económico". Por su parte, el radical Luis Naidenoff negó que la ley signifique "un avance", porque "el 67% de las explotaciones de los niños se realiza con el aval de los padres".

"Si queremos combatir el trabajo infantil tenemos que ir al hueso para que el padre, la madre, el tutor o el guardador asuma su responsabilidad", por lo que propuso que el tema volviera a comisión, iniciativa que no prosperó. (DyN-Especial)

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