06 Octubre 2003 Seguir en 
En nuestra edición de ayer, consignamos la advertencia de un diputado nacional acerca de la no inclusión, en el Presupuesto 2004, de las partidas necesarias para construcción de la nueva traza de la ruta nacional 38. Según este legislador, la financiación de la iniciativa, prevista en el Presupuesto 2003 y en las planillas plurianuales que fijan las inversiones hasta 2006, ha desaparecido, y el ítem no figura en el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso para el ejercicio 2004. Agregó que se percibe también, en este último, el descenso de las inversiones para Tucumán: nuestra provincia tiene sólo un 0,73 sobre el total, contra el 12,3 con que figura Jujuy, o el 17,1 de Buenos Aires.
El problema de la ruta nacional 38 es algo que se viene arrastrando desde hace ya muchos años. Es por todos conocido el peligro que encierra el tránsito por dicha carretera, verdadera columna vertebral de las poblaciones del interior tucumano. En diversos puntos del vasto trayecto que cubre, se produce anualmente una enorme cantidad de trágicos accidentes: más de un centenar, de acuerdo con sabidas y comprobables estadísticas. Por ello es que se ha hecho común otorgarle la triste denominación de "ruta de la muerte".
Han transcurrido ya muchos años desde que fue construida, y el paso del tiempo ha creado condiciones fuertemente negativas para su utilización. Se ha tornado, como resulta indiscutible, desde todo punto de vista inadecuada para el volumen y las características del tránsito actual. Está desbordada, y por ella se movilizan, sin restricciones, vehículos de todo porte: desde los grandes camiones y los ómnibus provinciales e interprovinciales y los autos, hasta las motocicletas, bicicletas, carros de tracción a sangre e inclusive peatones. Sus accesos laterales y sus cruces con rutas provinciales y caminos vecinales, no hacen sino aumentar el riesgo y complicación de una realidad que, de más está decirlo, se agrava en la temporada de la zafra azucarera.
Todas estas cuestiones son ampliamente conocidas, y han constituido objeto reiterado de nuestras informaciones y notas de opinión, a lo largo de estos últimos años. Sabemos que actualmente se halla definida la nueva traza de esa carretera. El tramo Río Marapa (Juan Bautista Alberdi) hasta el comienzo de autopista, sección IV (acceso a Monteros), ha sido licitado para el 25 de noviembre, con un presupuesto oficial de $ 63,2 millones y un plazo de obra de 24 meses.
Es verdad que el presidente Néstor Kirchner se comprometió públicamente a que esta obra se ejecute. Pero también lo es que, para que ello realmente ocurra, resulta imprescindible que la inversión se encuentre prevista en el Presupuesto, en su carácter de "ley de leyes" de la Nación. El hecho de que en el proyecto elevado por el Ejecutivo, como decimos, no exista hasta el momento la previsión del caso, abre justificadas dudas acerca de la efectiva realización del trabajo, cuya necesidad es compartida por la generalidad de su población.
Deben realizarse, entonces, todas las gestiones necesarias para que la referida inclusión se produzca sin pérdida de tiempo. Las autoridades electas, así como los representantes de Tucumán en el Congreso de la Nación, tienen que movilizarse para que el ítem forme parte del Presupuesto que deben considerar los legisladores, se supone, en la primera quincena de noviembre.
Convendría que se tome el peso que esta cuestión realmente tiene, y se insista en su carácter de auténtica prioridad. Pareciera innecesario destacar, además, la trascendencia que las obras viales revisten para el progreso de una provincia como Tucumán, tan fuertemente castigada por la crisis económica que azota a nuestro país.
El problema de la ruta nacional 38 es algo que se viene arrastrando desde hace ya muchos años. Es por todos conocido el peligro que encierra el tránsito por dicha carretera, verdadera columna vertebral de las poblaciones del interior tucumano. En diversos puntos del vasto trayecto que cubre, se produce anualmente una enorme cantidad de trágicos accidentes: más de un centenar, de acuerdo con sabidas y comprobables estadísticas. Por ello es que se ha hecho común otorgarle la triste denominación de "ruta de la muerte".
Han transcurrido ya muchos años desde que fue construida, y el paso del tiempo ha creado condiciones fuertemente negativas para su utilización. Se ha tornado, como resulta indiscutible, desde todo punto de vista inadecuada para el volumen y las características del tránsito actual. Está desbordada, y por ella se movilizan, sin restricciones, vehículos de todo porte: desde los grandes camiones y los ómnibus provinciales e interprovinciales y los autos, hasta las motocicletas, bicicletas, carros de tracción a sangre e inclusive peatones. Sus accesos laterales y sus cruces con rutas provinciales y caminos vecinales, no hacen sino aumentar el riesgo y complicación de una realidad que, de más está decirlo, se agrava en la temporada de la zafra azucarera.
Todas estas cuestiones son ampliamente conocidas, y han constituido objeto reiterado de nuestras informaciones y notas de opinión, a lo largo de estos últimos años. Sabemos que actualmente se halla definida la nueva traza de esa carretera. El tramo Río Marapa (Juan Bautista Alberdi) hasta el comienzo de autopista, sección IV (acceso a Monteros), ha sido licitado para el 25 de noviembre, con un presupuesto oficial de $ 63,2 millones y un plazo de obra de 24 meses.
Es verdad que el presidente Néstor Kirchner se comprometió públicamente a que esta obra se ejecute. Pero también lo es que, para que ello realmente ocurra, resulta imprescindible que la inversión se encuentre prevista en el Presupuesto, en su carácter de "ley de leyes" de la Nación. El hecho de que en el proyecto elevado por el Ejecutivo, como decimos, no exista hasta el momento la previsión del caso, abre justificadas dudas acerca de la efectiva realización del trabajo, cuya necesidad es compartida por la generalidad de su población.
Deben realizarse, entonces, todas las gestiones necesarias para que la referida inclusión se produzca sin pérdida de tiempo. Las autoridades electas, así como los representantes de Tucumán en el Congreso de la Nación, tienen que movilizarse para que el ítem forme parte del Presupuesto que deben considerar los legisladores, se supone, en la primera quincena de noviembre.
Convendría que se tome el peso que esta cuestión realmente tiene, y se insista en su carácter de auténtica prioridad. Pareciera innecesario destacar, además, la trascendencia que las obras viales revisten para el progreso de una provincia como Tucumán, tan fuertemente castigada por la crisis económica que azota a nuestro país.
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