05 Octubre 2003 Seguir en 
La Policía de Tucumán, así como la mayoría de las fuerzas de seguridad nacionales y de cada provincia, cuenta con vehículos otorgados por la Justicia y que están afectados a causas judiciales. Esos vehículos serían los próximos que caerían en la mira de la Justicia federal a raíz de la investigación de las 4x4. El juez federal Felipe Terán, si así lo decide, tratará de comprobar si los más de cien vehículos que están en poder de policías no están sujetos a causas ficticias.
El Código Procesal Penal de Tucumán, en el artículo 213, dice: "los automotores podrán ser solicitados en depósito judicial al órgano judicial interviniente únicamente por el Poder Ejecutivo a través del funcionario que designe (en este caso el secretario de Gobierno), y deberán ser afectados exclusivamente al cumplimiento de la función de seguridad que compete a la Policía de la Provincia". Al respecto, el ministro de Gobierno, Manuel Pedernera, se mostró tranquilo. "Cada vez que se solicita un vehículo, todo debe estar en regla. Es inconcebible pensar que la Policía pueda acceder a un rodado, de cualquier característica, que no tenga todos los respaldos legales", indicó. Pedernera fue uno de los integrantes de la comisión que en 1991 modificó el Código, e introdujo este artículo.
Esos automóviles no tienen dueño, ya que al estar afectados a una causa judicial (en general una estafa), los adquirentes prefieren abandonarlos a tener problemas con la Justicia.
Una red
El juez Terán está investigando una red que trabajaba en Tucumán con camionetas 4x4 y lujosos automóviles robados, contrabandeados o mellizos. Por el caso están detenidos un prosecretario judicial, Hugo Tarifa; el empresario Pedro Tomas; su cuñado Javier Abascal y el policía Miguel Hoyos.
Pedernera también aseguró que, en caso de que la Justicia lo requiera, los autos que les entregan a la Policía deben ser devueltos en las mismas condiciones en las que fueron recibidos, salvo deterioro causado por la acción del tiempo. "Inclusive la Policía se debe hacer cargo del seguro", explicó. Terán podría solicitar informes de esos vehículos para tratar de determinar que ninguno esté en similares condiciones a los que ya secuestró la Gendarmería. O sea, dijeron las fuentes, rodados que circulaban con oficios judiciales presuntamente falsos.
Muchos de los vehículos secuestrados, que llegan a manos de la Policía, terminan desarmados en los playones de las distintas dependencias de la fuerza. Eso obligó a que hace un par de meses se haya ordenado que esos verdaderos "cementerios" de chatarra sean trasladados a la sección Secuestros.
La estrategia tiene un rol primordial
La estrategia será fundamental esta semana en el marco de la investigación de las 4x4. Tanto el juez federal Felipe Terán, quien tiene en sus manos el caso, como el fiscal de Instrucción de la IV Nominación, Héctor Abraham Musi, uno de los funcionarios que aparecen vinculados por Terán, podrían realizar importantes presentaciones, que serán fundamentales para la prosecución de la causa.
Musi y Terán mantienen un enfrentamiento, que, hasta ahora, se mantuvo en los carriles normales. Sin embargo, ambos amenazaron con presentar juicio político contra el otro, jugada que todavía aún ninguno concretó. Como en una partida de ajedrez, cada uno espera y analiza la jugada del rival.
Desde hace más de una semana la causa, que conmocionó al ambiente político y judicial de la provincia, está virtualmente parada. El último acto procesal fue el decreto del secreto de sumario. Los investigadores todavía buscan vehículos que deben ser secuestrados. También quedan pendientes otra medidas, como indagatorios y pedidos de detenciones, además de allanamientos, inclusive fuera de la provincia.
Uno de los elementos que los tiene preocupados es que, a pesar de que ya secuestraron varias camionetas 4x4 (más de 20), tienen la convicción de que también hay lujosos automóviles (Mercedes Benz, Rover y Alfa Romeo) que estaban circulando por Tucumán con oficios judiciales de causas ficticias. El problema es que esos autos desaparecieron. Se sabe que están en Tucumán, lo que se desconoce es dónde.
Un dato que corrobora esto es que en el allanamiento que la Policía de la provincia de Tucumán realizó en el depósito de Tomas, en diciembre pasado, se detectó la presencia de por lo menos 16 vehículos con documentaciones adulteradas (ninguno se secuestró). De esos autos, hasta el momento no se encontró ninguno con la causa que maneja Terán.
Una caza de brijas
Los investigadores también advirtieron que no quieren que se cree una caza de brujas con la causa. "No todos los que tienen camionetas 4x4 están involucrado", afirmaron. En ese sentido, se informó, para despejar sospechas, que aún no hay pruebas acerca de que funcionarios de algunos de los tres poderes de la provincia hayan sido poseedores de de estos vehículos irregulares.
El Código Procesal Penal de Tucumán, en el artículo 213, dice: "los automotores podrán ser solicitados en depósito judicial al órgano judicial interviniente únicamente por el Poder Ejecutivo a través del funcionario que designe (en este caso el secretario de Gobierno), y deberán ser afectados exclusivamente al cumplimiento de la función de seguridad que compete a la Policía de la Provincia". Al respecto, el ministro de Gobierno, Manuel Pedernera, se mostró tranquilo. "Cada vez que se solicita un vehículo, todo debe estar en regla. Es inconcebible pensar que la Policía pueda acceder a un rodado, de cualquier característica, que no tenga todos los respaldos legales", indicó. Pedernera fue uno de los integrantes de la comisión que en 1991 modificó el Código, e introdujo este artículo.
Esos automóviles no tienen dueño, ya que al estar afectados a una causa judicial (en general una estafa), los adquirentes prefieren abandonarlos a tener problemas con la Justicia.
Una red
El juez Terán está investigando una red que trabajaba en Tucumán con camionetas 4x4 y lujosos automóviles robados, contrabandeados o mellizos. Por el caso están detenidos un prosecretario judicial, Hugo Tarifa; el empresario Pedro Tomas; su cuñado Javier Abascal y el policía Miguel Hoyos.
Pedernera también aseguró que, en caso de que la Justicia lo requiera, los autos que les entregan a la Policía deben ser devueltos en las mismas condiciones en las que fueron recibidos, salvo deterioro causado por la acción del tiempo. "Inclusive la Policía se debe hacer cargo del seguro", explicó. Terán podría solicitar informes de esos vehículos para tratar de determinar que ninguno esté en similares condiciones a los que ya secuestró la Gendarmería. O sea, dijeron las fuentes, rodados que circulaban con oficios judiciales presuntamente falsos.
Muchos de los vehículos secuestrados, que llegan a manos de la Policía, terminan desarmados en los playones de las distintas dependencias de la fuerza. Eso obligó a que hace un par de meses se haya ordenado que esos verdaderos "cementerios" de chatarra sean trasladados a la sección Secuestros.
La estrategia será fundamental esta semana en el marco de la investigación de las 4x4. Tanto el juez federal Felipe Terán, quien tiene en sus manos el caso, como el fiscal de Instrucción de la IV Nominación, Héctor Abraham Musi, uno de los funcionarios que aparecen vinculados por Terán, podrían realizar importantes presentaciones, que serán fundamentales para la prosecución de la causa.
Musi y Terán mantienen un enfrentamiento, que, hasta ahora, se mantuvo en los carriles normales. Sin embargo, ambos amenazaron con presentar juicio político contra el otro, jugada que todavía aún ninguno concretó. Como en una partida de ajedrez, cada uno espera y analiza la jugada del rival.
Desde hace más de una semana la causa, que conmocionó al ambiente político y judicial de la provincia, está virtualmente parada. El último acto procesal fue el decreto del secreto de sumario. Los investigadores todavía buscan vehículos que deben ser secuestrados. También quedan pendientes otra medidas, como indagatorios y pedidos de detenciones, además de allanamientos, inclusive fuera de la provincia.
Uno de los elementos que los tiene preocupados es que, a pesar de que ya secuestraron varias camionetas 4x4 (más de 20), tienen la convicción de que también hay lujosos automóviles (Mercedes Benz, Rover y Alfa Romeo) que estaban circulando por Tucumán con oficios judiciales de causas ficticias. El problema es que esos autos desaparecieron. Se sabe que están en Tucumán, lo que se desconoce es dónde.
Un dato que corrobora esto es que en el allanamiento que la Policía de la provincia de Tucumán realizó en el depósito de Tomas, en diciembre pasado, se detectó la presencia de por lo menos 16 vehículos con documentaciones adulteradas (ninguno se secuestró). De esos autos, hasta el momento no se encontró ninguno con la causa que maneja Terán.
Una caza de brijas
Los investigadores también advirtieron que no quieren que se cree una caza de brujas con la causa. "No todos los que tienen camionetas 4x4 están involucrado", afirmaron. En ese sentido, se informó, para despejar sospechas, que aún no hay pruebas acerca de que funcionarios de algunos de los tres poderes de la provincia hayan sido poseedores de de estos vehículos irregulares.
Lo más popular
