Una profunda conmoción ganó al mundo político en las últimas horas. En el peronismo, la convulsión no es menor. Las leyes que la Legislatura saliente sancionó el viernes pasado modificaron drásticamente las reglas institucionales.
Fue el cierre de una semana llena de malas noticias para el gobernador Julio Miranda y de reconvenciones presidenciales para el intendente electo Antonio Bussi. Néstor Kirchner, además de ratificar que no votaría nunca por el jefe de Fuerza Republicana (FR), insistió en que la revisión de las causas judiciales por violación a los derechos humanos durante el proceso militar es una política de Estado. Fue todo un mensaje para los jueces federales Jorge Parache y Felipe Terán, en cuyos despachos se se concentran las demandas radicadas tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.La rechifla del martes pasado, en Tafí Viejo, estremeció a Miranda. Kirchner fue el testigo privilegiado de esa escena bochornosa. Para algunos, fue víctima de la mala organización del acto por parte de uno de sus colaboradores más estrechos. Otros, en cambio, desde la oposición interna del peronismo, afirman que el hostigamiento es el resultado del desgaste del gobernador.
Y, cuando parecía que había zafado de la varadura, sobrevino la votación del viernes en la Legislatura. Algunos advirtieron que se han ahondado las grietas que separan a Miranda de su sucesor José Alperovich.
Dentro del PJ se esperaba una agudización de las tensiones entre ambos, pero para después del 29 de octubre.
La larga pelea por la aprobación del Presupuesto 2003, que incluía el reclamo de pago de deudas de la campaña electoral concluida el 29 de junio, deterioró los vínculos de los legisladores leales con el que había sido el jefe indiscutido. Y el síndrome de la vuelta al llano, sin protección presupuestaria ni legal, aterró a más de un legislador oficialista.
Por el futuro
La llave del porvenir la tiene Alperovich, quien administrará la Provincia los cuatro próximos años. Los que se irán a fines de mes no vacilaron en pactar con el futuro conductor del Gobierno. Y en tan sólo cinco horas, le votaron una serie de disposiciones que le negaron durante cuatro años a Miranda. Se reubicaron algunos en funciones públicas -Edgardo Rocha sería Defensor del Pueblo, por ejemplo-.
El conjunto de leyes que reclamó el actual senador a la Legislatura 1999-2003 reconocen una clave: la necesidad de acomodar las instituciones a la voluntad política. Así resulta que el derecho termina siendo el instrumento de un plan, que busca dar primacía a la eficiencia administrativa, al cierre de las cuentas fiscales y a la concentración de facultades en el gobernador que jurará el 29 de octubre. La reducción de las trabas para administrar el Estado es el objetivo de eso.En todo este proceso, el próximo vicegobernador Fernando Juri fue un convidado de piedra. No se lo invitó al encuentro de los dos gabinetes en San Javier, hace, apenas, algunos días.
La autorización abierta a Alperovich para que negocie convenios financieros con la Nación hasta 2007 -el fin del mandato que empezará en 2003- y la reforma de la ley que ponía un dique de contención a los decretos de necesidad y urgencia, configuran el intento de acotar al máximo el campo de maniobra del Poder Legislativo. A este se le reserva un papel de mínimo control, a pesar que el oficialismo tiene prácticamente asegurado el quórum propio -cuenta con 26 votos sobre 27-.
La pérdida de influencia
Al vicegobernador electo le están reclamando un papel más dinámico en este tiempo de transición, porque le observan que a la futura Cámara se la priva de peso institucional. Ese marginamiento puede reproducir los choques de Ramón Ortega con Julio Díaz Lozano, entre 1991 y 1995.
La peronista Olijela Rivas, los radicales Ramón Graneros, Juan Robles, Jorge Mendía y José Manuel Cano anticiparon su rechazo. El dueño de casa donde se hizo el encuentro -Rodolfo Danesi, Ciudadanos Independientes- y Alejandro Sangenis (Movimiento Peronista Tres Banderas) coincidieron en eso. El ajuste de cuentas político con los intendentes y los delegados comunales enfrentados con la Casa de Gobierno se simplificará de noviembre en adelante. Bastarán sólo 21 votos para echar al funcionario electo por el pueblo.
Hasta el viernes último se exigían 27 voluntades, techo que surgió de una propuesta inspirada por Raúl Topa en 2000, tras el descabezamiento del bussista Augusto Paz en Yerba Buena. Con esa cifra, desde entonces se bloqueó la intervención a la Municipalidad de esta ciudad.
Ahora, Bussi está a tiro de la mayoría peronista. Y se descuenta que alcanzar el número 21 no es una fantasía ni un deseo difícil de cumplir para una maquinaria de poder como es el PJ. Por la vía financiera y por la presión política intervencionista, se dotó a Alperovich de una herramienta para disciplinar a los díscolos.
La poda de facultades al ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia por ley -en rigor se pudo haber hecho por acordada- y la atribución a una sola sala de la Cámara Penal de la aptitud revisora de los fallos de primera instancia reconocen la muñeca estratégica del futuro ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez. La camarista Elva Jiménez -hermana de aquel- preside justamente ese tribunal. Ambas cosas fueron el producto de decisiones que no fueron sometidas a la consulta de los factores institucionalmente interesados.
Ante ese tironeo, la Corte Suprema de Justicia se mantuvo en silencio. La acción de inconstitucionalidad del abogado Oscar López obligará a romper la pasividad de los jueces supremos.El Colegio de Abogados, antes de la sesión del viernes, habló de una fórmula de aumento de poder con un inequívoco criterio hegemónico.
La rebeldía gremial amenaza con estallar. Los sindicatos prometen resistir la ley que permite el traslado de empleados adonde fuere menester. Acostumbrados al trato flexible de la Casa de Gobierno, se encuentran con otra realidad.
A los mirandistas, la apertura de distintos frentes de tormenta en los mundos judicial, político y gremial les cayó muy mal. El propio gobernador ha admitido el impacto electoral de las leyes que salieron antes de tiempo. A los legisladores actuales y al propio Alperovich les reprochan no haber tenido en cuenta la puja del 26 de octubre.
La decisión de promulgar o de vetar está en manos de Miranda. Una manera de dilatar la cuestión sería el retraso de la comunicación de la sanción de las leyes, para que la palabra final la dé el beneficiario. Sin embargo, la sociedad aguardará que Miranda diga qué hará.
