Vacilaciones en política exterior

Hace poco más de un año el representante argentino en la reunión continental de aeronáutica militar propuso la realización del mayor ejercicio aéreo conjunto que tendría lugar en nuestra región. En marzo del corriente, el Gobierno nacional anunció oficialmente el operativo Aguila III, del que participarían Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay, y se llevaría a cabo en Mendoza. Un mes después, otro anuncio oficial desestimó su realización invocándose la compleja situación internacional a raíz de la crisis de Irak. En mayo siguiente, el presidente Eduardo Duhalde solicitaba al Congreso autorización para el ingreso de tropas extranjeras en situación de inmunidad jurídica amplia; el pedido fue devuelto por un error en la fecha del ejercicio. Todavía no hace un mes que el canciller y el ministro de Defensa concurrieron al Congreso para señalar la conveniencia de conferir esa inmunidad solicitada por Estados Unidos; hallaron una posición favorable, pero pocos días después el presidente Néstor Kirchner dio marcha atrás en dicha postura, desautorizando a los ministros. Desde entonces, la cuestión ha transcurrido por una situación de incertidumbre donde el Congreso quedó a la espera de una definición gubernamental, y las fuerzas aéreas de los países comprometidos, sin poder definir los complejos preparativos del ejercicio previsto para el 27 del presente mes.
El problema de la inmunidad solicitada para su personal militar por EE.UU. no es sencillo, por cuanto se la equipara en amplitud a la de los diplomáticos de la Convención de Viena, en tanto que el presidente Kirchner consideró que debe ser funcional al ejercicio y no para las conductas eventualmente delictivas sin relación con este. La limitación es razonable si se considera que la Argentina integra la Corte Penal Internacional -no así la nación solicitante- ante la que podrían denunciarse acciones cometidas en terceros países. Otros 34 estados han sido excluidos de la ayuda militar norteamericana por no acceder a esa inmunidad amplia, pero el nuestro está considerado aliado estratégico y el debate de la cuestión tiene hasta el momento un cauce de negociación. Esa alianza selectiva permite a la Argentina disponer anualmente de una importante ayuda militar, especialmente durante un lapso de muy difícil equipamiento profesional y material debido a la escasez de presupuesto.
En síntesis, el problema está planteado en los términos expuestos, si bien políticamente presenta una incertidumbre mayor que la de un incidente en las relaciones con un país amigo, que ambos presidentes calificaron hace dos meses con excelencia. Por la manera sinuosa en que el acuerdo sobre el operativo Aguila III fue convenido y trata de concretarse, surge un ineludible interrogante acerca de si nuestro país tiene desde hace un tiempo una política exterior definida de acuerdo con sus necesidades estratégicas dentro de la comunidad internacional. En todas las situaciones de ese proceso que ha cumplido más de un año se ha podido observa, a los dos gobiernos que les tocó resolverlo no sólo vacilantes sino carentes de un proyecto estable y con previsiones confiables. Hasta el punto, y en este caso, que el ejercicio regional en cuestión ha sido también objetado por su cercanía temporal a las elecciones de Mendoza. Lo coyuntural y lo táctico tienen en estas circunstancias una presencia paralizante que resta previsibilidad a nuestro país. La concepción clara de los intereses nacionales y no las presiones de los oportunismos sectoriales que demandan ruidosamente lo que no logran en las urnas es el factor que debe orientar el rumbo de la autoridad política en el poder.