Comenzaron las indagatorias a industriales, y no se descarta avanzar sobre la SAT y municipios

Por Luis Duarte 06 Marzo 2013

SANTIAGO DEL ESTERO.- El juez Federal de esta provincia, Guillermo Molinari, concretó ayer las primeras indagatorias a industriales tucumanos por la contaminación del embalse Río Hondo y el resto de la cuenca Salí-Dulce. Fue la primera jornada de una serie de comparecencias para que más de una decena de imputados en la causa iniciada en 2009 hagan efectivo su derecho a defensa y cotejen sus pruebas y argumentos para deslindar responsabilidades sobre la mortandad de animales en la presa ubicada en Termas de Río Hondo. Para el Ministerio Fiscal, sin embargo, representó un avance del proceso penal que podría implicar a otros actores, como la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y algunos municipios que rodean el cauce de los ríos. José Antonio Fernández, del ingenio Santa Rosa, Santiago Gasep, de La Trinidad; Miguel González, ex gerente del Marapa, y Julio Colombres, de Ñuñorco y Santa Bárbara, se presentaron ante el magistrado, tras ser citados la semana pasada al ser acusados por supuesta comisión el delito ambiental. Fernández y González llevaron adelante exposiciones de más de una hora y media, y detallaron los procesos de reconversión industrial para sanear sus plantas azucareras y así intentar desvincularse de la causa. Gasep y Colombres, en cambio, optaron por responder un pliego de preguntas por escrito, etapa que cumplirían en las próximas semanas.

Una decena de empresarios están imputados en una causa iniciada en 2009, tras la denuncia del entonces intendente de Termas de Río Hondo, Luis Saleme. Entre ellos, citrícolas e industriales azucareros. Pero también figura en el expediente el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es que, tanto el Juez como el propio fiscal Federal, Pedro Simón, no quieren dejar de lado las responsabilidades administrativas, es decir, determinar si hubo un efectivo cumplimiento o no de las funciones de control para evitar o frenar la contaminación de la laguna.

"Al margen de determinar los responsables de los daños ambientales anteriores y actuales, es función de las autoridades administrativas, tanto de Tucumán y Santiago del Estero, como de la Nación, ser contralores de que efectivamente no se siga contaminando. Aquí se judicializó una cuestión que tendría que haber sido contralor efectuado por un ente administrativo para que nos sirvan de auxiliares a nosotros a resolver la situación", dijo Molinari en una entrevista con LA GACETA.

La intención de la Fiscalía, por su parte, es propiciar una revisión de la causa a partir de las comparecencias, lo que podría desembocar en la citación de los directivos de la empresa encargada del tratamiento de líquidos cloacales en Tucumán: la SAT-Sapem, una empresa con control del Estado Provincial. Según la fiscalía, los desechos urbanos son elementos contaminantes de la cuenca Salí-Dulce. "Cuando pasemos esta primera etapa de citaciones, buscaremos hacer un chequeo del expediente", expresó Simón.

Molinari tampoco descartó esa última actuación. "Se irá evaluando a medida que vaya resolviéndose la causa. Nada está descartado. Vamos a analizar en base a los elementos que tengamos y a las pruebas que sean necesarias para resolver la situación procesal. Repito, aquí se respetará el derecho de defensa de todos los imputados y se recabará la mayor cantidad de prueba posible para llegar a la resolución cierta, a la verdad, y fundamentalmente a hacer Justicia", recalcó.

Simón dejó abierta la posibilidad, a su vez -aunque en esta instancia judicial no se ha confirmado una vinculación-, de fiscalizar "cómo eliminan sus desechos cloacales los municipios que se encuentran a la vera de la cuenca". En base a eso -dijo- se puede ampliar o no la imputación.

La defensa de Gasep y de Fernández también ha puesto el acento en la sospechada imputabilidad de las intendencias dentro del caso. "En la imputación también se habla que no se tratan los residuos cloacales", dijo el abogado patrocinador de Fernández y Gasep, Arnaldo Ahumada.