06 Marzo 2013
SANTIAGO DEL ESTERO (Enviado Especial).- Los primeros cuatro empresarios de la lista de imputados por contaminar el embalse Río Hondo cumplieron ayer con el proceso de indagatoria en el Juzgado Federal de esta provincia. José Antonio Fernández, del ingenio Santa Rosa, y Miguel González, ex gerente del Marapa, decidieron comparecer en persona ante Guillermo Molinari, juez a cargo de la causa iniciada en 2009. Los empresarios negaron las imputaciones al exponer de manera detallada la ejecución de los mecanismos de saneamiento y tratamiento de los desechos industriales, como la vinaza, incluidos en el Programa de Reconversión Industrial (PRI).
"En el caso específico del ingenio Santa Rosa, respondimos que no volcamos vinaza desde 2005 en los ríos. Tenemos un Programa de Reconversión Industrial que establece el depósito del desecho en una laguna de sacrificio. Con las sucesivas modificaciones de ese plan, se está sacando la vinaza depositada en la laguna para fertirrigar los campos (se transporta en camiones-tanques y se riegan los lotes); para fin de este año eliminaremos todos los depósitos que teníamos. Por ello, no entendemos por qué nos imputaron", dijo Fernández, quien informó además que ampliará la indagatoria de forma escrita. "En función de la documentación que presentaremos y de los elementos que disponemos, deberíamos quedar fuera de este problema", agregó.
Por su parte, Joaquín da Rocha, patrocinador de González (entonces presidente de Atanor y gerente de tres ingenios tucumanos), aclaró que la consulta judicial se desarrolló en torno de la contribución del Marapa en la contaminación de la cuenca Salí-Dulce. "El juez tendrá que evaluar la situación de cada uno de los imputados", remarcó el abogado, quien dejó en claro que la posición de la defensa es que se determine el sobreseimiento de su cliente. En su exposición, González explicó ante el juez y el fiscal federal, Pedro Simón, que el plan ambiental consistía en un sistema de vinazoducto, dirigido a una planta de tratamiento externa de la vinaza, a cargo de un tercero. Santiago Gasep, de La Trinidad, y Julio Colombres, de Ñuñorco y Santa Bárbara, optaron por realizar en las próximas semanas presentaciones escritas respondiendo un pliego de preguntas. "Nos presentamos para conocer los detalles de la imputación", dijo Hugo Danesi, patrocinador de Colombres.
Gasep se mostró crítico. "Cuando hay mortandad de peces, como pasa en Las Termas, caemos todos en la volteada", enfatizó el empresario, quien ratificó el cumplimiento del Programa de Reconversión Industrial.
Está previsto para hoy que se presenten ante el magistrado Catalina Lonac, representando al grupo Los Balcanes, y Mario Rubén Menéndez, de Litoral Citrus. Jorge Rocchia Ferro, titular de Los Balcanes, concretaría su indagatoria mañana. La defensa de Rocchia Ferro y de Lonac efectuó una presentación pidiendo la nulidad de la competencia del Juzgado Federal de Santiago del Estero y del requerimiento fiscal. Desde el Ministerio Fiscal manifestaron el rechazo al planteo; mientras que el juez debía definir la solicitud. Aunque todo hacía prever el cumplimiento del proceso judicial. También debe definirse la situación de Héctor Mateos, de SA Azucarera Argentina. Su abogado confirmó el cumplimiento de la comparecencia.
El fiscal Simón desligó la actual causa iniciada en 2009 por contaminación de los acuerdos entre las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente nacional, dentro de un proceso judicial a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "La causa penal no puede concluir por un acuerdo de partes. O se eleva a juicio oral, con previo requerimiento, comprobado la autoría del ilícito, o se sebresee", remarcó. "Hay elementos que demuestran la responsabilidad de varios industriales en la degradación del lago y la cuenca Salí Dulce. Vamos a tratar de obtener todas las pruebas para que esto llegue a un juicio y se condene a los responsables, a aquellos industriales que de una manera irresponsable han provocado un desastre ambiental", agregó.
"En el caso específico del ingenio Santa Rosa, respondimos que no volcamos vinaza desde 2005 en los ríos. Tenemos un Programa de Reconversión Industrial que establece el depósito del desecho en una laguna de sacrificio. Con las sucesivas modificaciones de ese plan, se está sacando la vinaza depositada en la laguna para fertirrigar los campos (se transporta en camiones-tanques y se riegan los lotes); para fin de este año eliminaremos todos los depósitos que teníamos. Por ello, no entendemos por qué nos imputaron", dijo Fernández, quien informó además que ampliará la indagatoria de forma escrita. "En función de la documentación que presentaremos y de los elementos que disponemos, deberíamos quedar fuera de este problema", agregó.
Por su parte, Joaquín da Rocha, patrocinador de González (entonces presidente de Atanor y gerente de tres ingenios tucumanos), aclaró que la consulta judicial se desarrolló en torno de la contribución del Marapa en la contaminación de la cuenca Salí-Dulce. "El juez tendrá que evaluar la situación de cada uno de los imputados", remarcó el abogado, quien dejó en claro que la posición de la defensa es que se determine el sobreseimiento de su cliente. En su exposición, González explicó ante el juez y el fiscal federal, Pedro Simón, que el plan ambiental consistía en un sistema de vinazoducto, dirigido a una planta de tratamiento externa de la vinaza, a cargo de un tercero. Santiago Gasep, de La Trinidad, y Julio Colombres, de Ñuñorco y Santa Bárbara, optaron por realizar en las próximas semanas presentaciones escritas respondiendo un pliego de preguntas. "Nos presentamos para conocer los detalles de la imputación", dijo Hugo Danesi, patrocinador de Colombres.
Gasep se mostró crítico. "Cuando hay mortandad de peces, como pasa en Las Termas, caemos todos en la volteada", enfatizó el empresario, quien ratificó el cumplimiento del Programa de Reconversión Industrial.
Está previsto para hoy que se presenten ante el magistrado Catalina Lonac, representando al grupo Los Balcanes, y Mario Rubén Menéndez, de Litoral Citrus. Jorge Rocchia Ferro, titular de Los Balcanes, concretaría su indagatoria mañana. La defensa de Rocchia Ferro y de Lonac efectuó una presentación pidiendo la nulidad de la competencia del Juzgado Federal de Santiago del Estero y del requerimiento fiscal. Desde el Ministerio Fiscal manifestaron el rechazo al planteo; mientras que el juez debía definir la solicitud. Aunque todo hacía prever el cumplimiento del proceso judicial. También debe definirse la situación de Héctor Mateos, de SA Azucarera Argentina. Su abogado confirmó el cumplimiento de la comparecencia.
El fiscal Simón desligó la actual causa iniciada en 2009 por contaminación de los acuerdos entre las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente nacional, dentro de un proceso judicial a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "La causa penal no puede concluir por un acuerdo de partes. O se eleva a juicio oral, con previo requerimiento, comprobado la autoría del ilícito, o se sebresee", remarcó. "Hay elementos que demuestran la responsabilidad de varios industriales en la degradación del lago y la cuenca Salí Dulce. Vamos a tratar de obtener todas las pruebas para que esto llegue a un juicio y se condene a los responsables, a aquellos industriales que de una manera irresponsable han provocado un desastre ambiental", agregó.
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