El federalismo tributario

El poder central y los gobernadores iniciarán la semana próxima el análisis del nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos que posteriormente deberá ser considerado para su sanción por el Congreso. El sistema de reparto tributario entre la Nación y las provincias espera su renovación desde la reforma constitucional de 1994, donde se dispuso un plazo de dos años para concretarlo, sin que hasta la fecha gobierno o turno parlamentario algunos hayan dado pasos con ese destino. Al anunciar la decisión, el ministro de Economía aclaró que inicialmente se tratará de coordinar el proceso de discusión del complejo proyecto con el fin de establecer un sistema de premios y castigos que aliente a las provincias para poner en marcha un régimen moderno y rentable. El modelo de recaudación tributaria que se fue afirmando en nuestro país desde el alzamiento militar de 1930 tiene poco que ver con el federalismo que inspiró a la Constitución histórica, pues condiciona la mayoría de los recursos provinciales a la recaudación y distribución por la Nación. Ese régimen centralista, consolidado en sucesivas quiebras institucionales, fue retocado en innumerables ocasiones y terminó sirviendo también a los intereses de los gobiernos constitucionales al restarles poder autonómico a las provincias.
En la actualidad más del 60% del gasto provincial es financiado con recursos de la Nación, pero tal porcentaje se eleva a 70 o más en un tercio de las provincias, entre las que se encuentra Tucumán. Ese testimonio de supeditación provincial al centralismo -mediante la cual un gobernador puede ser beneficiado políticamente al no tener que presionar tributariamente a su comunidad- hizo crisis por último durante el gobierno de la Alianza, convirtiéndose en uno de los factores decisivos de su caída. En lugar de encararse la reforma pendiente de la coparticipación, el ex presidente Fernando de la Rúa acordó con las provincias la transferencia de una suma fija, compromiso que no pudo cumplir bajo la severa recesión.
Sucesivamente, también la administración transitoria de Eduardo Duhalde debió ceder ante la renovada resistencia de los gobernandores, a la vez que la recaudadora nacional no halló en los mismos la colaboración necesaria para controlar la evasión. Como puede advertirse, ese notorio modelo perverso puede ser considerado como otro testimonio de la extendida crisis a que fue llevada la República.
El interrogante es ahora, ante la decisión de encarar una reforma profunda del sistema de coparticipación federal de impuestos, cuál habrá de ser el rumbo elegido para concretarlo. Es decir, si se persistirá en retoques más o menos significativos pero que no pongan fin a los severos condicionamientos del federalismo o, por lo contrario, el objetivo esencial será el fortalecimiento de las autonomías constitucionales. Si se opta por recuperar el orden institucional establecido por la Ley Suprema, el futuro régimen deberá tener dos metas fundamentales: preservar para la Nación la recaudación de tributos equivalentes a su gasto -aduaneros, ganancias de empresas y valor agregado- quedando para las provincias los impuestos mejor identificados con sus jurisdicciones -ganancias personales, internos, combustibles y otros-, además de un fondo común para compensación de los distritos con recursos insuficientes. Debe esperarse que si la meta fundamental prometida para la República por su actual gobierno es recuperar plenamente los valores constitucionales, se abandone un vicio político tan nocivo como supeditar las autonomías federales para fortalecer el centralismo y su tradicional red de sucursales en el interior. Si no se cumple con esa responsabilidad, las crisis proseguirán su ciclo hacia la decadencia insuperable del país.