03 Octubre 2003 Seguir en 
Importantes novedades se producirían en los próximos días en el caso de las 4x4 "mellizas". Aunque no trascendió concretamente la orientación de las nuevas medidas, se estima que estarían dirigidas a determinar la supuesta participación de más funcionarios o magistrados de la Justicia tucumana, y de policías, en la maniobra de entrega irregular de vehículos.
Ayer el juez federal Felipe Terán decretó el secreto del sumario por segunda vez desde que se desató el escándalo. Aunque el magistrado no quiso dar explicaciones sobre los supuestos motivos, trascendió que el objetivo sería profundizar nuevas líneas investigativas sin obstáculos.
La decisión la tomó luego de mantener una extensa reunión con el secretario del juzgado, Horacio Argüello, quien antes había recibido informes de Gendarmería. Hasta el momento la pesquisa estaba centrada en la Fiscalía IV. Su prosecretario, Hugo Tarifa, fue detenido el 14 de agosto pasado, y el fiscal Héctor Abraham Musi fue citado a declarar como imputado por este se negó a presentarse amparándose en sus privilegios constitucionales. Pero en los últimos días, tal como viene publicándose en LA GACETA, la investigación empezó a rozar peligrosamente a las fiscalías III, VIII y X.
El ex prosecretario de la X, Hugo Lazarte, sería citado como imputado en los próximos días, por estar acusado de haber entregado un certificado de depositario judicial para que un particular pudiera circular sin impedimentos en un vehículo robado.
Algo similar se le endilga al secretario de la Fiscalía VIII, Ernesto Baaclini (ver aparte) y a la Fiscalía III, pero sin nombres hasta ahora. Pero en una causa que a Terán le resultó sospechosa, tramitada en la Fiscalía III, se dio el extraño caso de que varios vehículos que fueron secuestrados en los últimos meses por Gendarmería, pasaron la prueba de la Policía de Tucumán, que en diciembre allanó el galpón del detenido empresario Pedro Tomas.
Policías de Informaciones (G2) de la Regional Capital, al mando del subcomisario Adalberto Ponce, allanaron el diciembre el local y, luego de cotejar los datos de los lujosos vehículos hallados allí en Sustracción de Automotores de Investigaciones, secuestraron sólo una moto. "Encontraron tres vehículos dudosos pero tenían oficios firmados por Tarifa, Musi y Baaclini, y por eso no los secuestraron", explicó una alta fuente policial.
La Policía tucumana y las otras fiscalías serían, entonces, las nuevas pistas que Terán pretendería profundizar durante los próximos diez días hábiles, mientras dure el secreto del sumario. Tampoco se descarta que la investigación se extienda a otras provincias, ya que se investiga el lugar donde se habría adulterado alguna de la documentación que estaba en poder de los propietarios de las camionetas.
El secretario de la Fiscalía VIII negó las acusaciones
Ernesto Baaclini, secretario de la Fiscalía VIII afirmó que no firmó ningún certificado en favor de Sandra Abascal (esposa del detenido Pedro Tomas), tal como se informó ayer reproduciendo documentación que obra en poder del juez federal Felipe Terán y a la que LA GACETA accedió recientemente.
Baaclini aseguró que a él se le pidió sólo una causa para entregarle a Terán, caratulada como "Candia, Patricia sobre estafa", en la que "no hay ninguna irregularidad y está todo debidamente firmado e informado", señaló. "Soy muy celoso de mi trabajo", añadió.
El certificado hallado en diciembre pasado en un galpón de Tomás, lleva la que parece ser su firma y su sello, pero el funcionario enfatizó que no tramitó ninguna causa en la que Abascal fuera víctima y por la que tuviera que emitir ese documento para que ella pudiera circular en la costosa camioneta Mitsubishi Montero que secuestró Gendarmería. La mujer está procesada, pero en libertad, por el caso de las 4x4. En cambio su hermano Javier sigue detenido y a disposición de la Justicia.
El prosecretario de la Fiscalía III, Juan Vázquez, por su parte, no quiso hacer aclaraciones sobre su situación. El fue quien firmó el pedido de allanamiento realizado en diciembre, y en el cual la Policía no secuestró los lujosos vehículos que halló y que ahora forman parte de la causa federal.
Lo único que puede reprochársele a él o su jefa, la fiscal Teresita Marnero, es la falta de celo en la medida, que no fue supervisada por ninguno de ellos, según comentaron fuentes de la Corte Suprema.
Ayer el juez federal Felipe Terán decretó el secreto del sumario por segunda vez desde que se desató el escándalo. Aunque el magistrado no quiso dar explicaciones sobre los supuestos motivos, trascendió que el objetivo sería profundizar nuevas líneas investigativas sin obstáculos.
La decisión la tomó luego de mantener una extensa reunión con el secretario del juzgado, Horacio Argüello, quien antes había recibido informes de Gendarmería. Hasta el momento la pesquisa estaba centrada en la Fiscalía IV. Su prosecretario, Hugo Tarifa, fue detenido el 14 de agosto pasado, y el fiscal Héctor Abraham Musi fue citado a declarar como imputado por este se negó a presentarse amparándose en sus privilegios constitucionales. Pero en los últimos días, tal como viene publicándose en LA GACETA, la investigación empezó a rozar peligrosamente a las fiscalías III, VIII y X.
El ex prosecretario de la X, Hugo Lazarte, sería citado como imputado en los próximos días, por estar acusado de haber entregado un certificado de depositario judicial para que un particular pudiera circular sin impedimentos en un vehículo robado.
Algo similar se le endilga al secretario de la Fiscalía VIII, Ernesto Baaclini (ver aparte) y a la Fiscalía III, pero sin nombres hasta ahora. Pero en una causa que a Terán le resultó sospechosa, tramitada en la Fiscalía III, se dio el extraño caso de que varios vehículos que fueron secuestrados en los últimos meses por Gendarmería, pasaron la prueba de la Policía de Tucumán, que en diciembre allanó el galpón del detenido empresario Pedro Tomas.
Policías de Informaciones (G2) de la Regional Capital, al mando del subcomisario Adalberto Ponce, allanaron el diciembre el local y, luego de cotejar los datos de los lujosos vehículos hallados allí en Sustracción de Automotores de Investigaciones, secuestraron sólo una moto. "Encontraron tres vehículos dudosos pero tenían oficios firmados por Tarifa, Musi y Baaclini, y por eso no los secuestraron", explicó una alta fuente policial.
La Policía tucumana y las otras fiscalías serían, entonces, las nuevas pistas que Terán pretendería profundizar durante los próximos diez días hábiles, mientras dure el secreto del sumario. Tampoco se descarta que la investigación se extienda a otras provincias, ya que se investiga el lugar donde se habría adulterado alguna de la documentación que estaba en poder de los propietarios de las camionetas.
El secretario de la Fiscalía VIII negó las acusaciones
Ernesto Baaclini, secretario de la Fiscalía VIII afirmó que no firmó ningún certificado en favor de Sandra Abascal (esposa del detenido Pedro Tomas), tal como se informó ayer reproduciendo documentación que obra en poder del juez federal Felipe Terán y a la que LA GACETA accedió recientemente.
Baaclini aseguró que a él se le pidió sólo una causa para entregarle a Terán, caratulada como "Candia, Patricia sobre estafa", en la que "no hay ninguna irregularidad y está todo debidamente firmado e informado", señaló. "Soy muy celoso de mi trabajo", añadió.
El certificado hallado en diciembre pasado en un galpón de Tomás, lleva la que parece ser su firma y su sello, pero el funcionario enfatizó que no tramitó ninguna causa en la que Abascal fuera víctima y por la que tuviera que emitir ese documento para que ella pudiera circular en la costosa camioneta Mitsubishi Montero que secuestró Gendarmería. La mujer está procesada, pero en libertad, por el caso de las 4x4. En cambio su hermano Javier sigue detenido y a disposición de la Justicia.
El prosecretario de la Fiscalía III, Juan Vázquez, por su parte, no quiso hacer aclaraciones sobre su situación. El fue quien firmó el pedido de allanamiento realizado en diciembre, y en el cual la Policía no secuestró los lujosos vehículos que halló y que ahora forman parte de la causa federal.
Lo único que puede reprochársele a él o su jefa, la fiscal Teresita Marnero, es la falta de celo en la medida, que no fue supervisada por ninguno de ellos, según comentaron fuentes de la Corte Suprema.
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