01 Octubre 2003 Seguir en 
SANTIAGO DEL ESTERO.- El diputado provincial Carlos "Pololo" Anauate fue desaforado hoy por decisión unánime de la Legislatura santiagueña, en respuesta al pedido de la jueza María del Carmen Bravo, quien investiga el doble crimen de la dársena. Sin embargo, Anauate, de 37 años, presentó a través de su abogado Hugo Frola un pedido de eximición de prisión, por lo que al presentarse en el juzgado de Bravo no quedó detenido, ni fue indagado, pues la jueza no habría recibido aún la notificación respectiva. El diputado aclaró que lo único que pretende es que se descubra la verdad. "Quiero que se haga una investigación seria y responsable y que también vayan presos los que han inventado estas fábulas", añadió.
Crítica nacional
Mientras esto sucedía, desde Buenos Aires el ministro de Justicia Gustavo Beliz advertía que la Nación evaluaba la posibilidad de intervenir uno o los tres poderes de Santiago del Estero. Todo esto, en el marco de las muertes de las jóvenes Leyla Bshier Nazar y Patricia Villalba. Ayer a la tarde, en la Cámara de Diputados de la Nación se levantó una sesión en la cual se iba a tratar la intervención de Santiago, ya que esperan que les llegue un proyecto acordado con el oficialismo. La sesión se reanudaría el próximo martes.
Anauate había sido vinculado a la causa en el marco de la "hipótesis de Guayamba", localidad catamarqueña en la que se habría realizado una fiesta con sexo y drogas, durante la cual Leyla habría muerto a raíz de una sobredosis.
La jueza recién comenzaría a indagar a Anauate cuando complete la nómina de arrestos pendientes, entre los que se encontrarían el ex juez Mario Castillo Solá, primer magistrado que investigó la causa, y el ombudsman Gilberto Perducca. Castillo Sola, que está prófugo, envió una nota en la que solicitaba que se lo exima de prisión.
Rechazo a las presiones
Por su parte, la jueza Bravo ratificó ayer que de ninguna manera aceptaría presiones del poder político para orientar la causa.De los ocho detenidos de ayer, los cuatro policías se negaron hoy a prestar declaración indagatoria. Los informantes indicaron que los detenidos, entre ellos un comisario y un subcomisario que participaron de la instrucción del caso, hicieron uso de sus derechos constitucionales y evitaron declarar ante sus propios camaradas. Ayer, en tanto, otros tres oficiales de la Policía santiagueña fueron detenidos. Se trata de policías que participaron en la búsqueda de los cuerpos y levantaron los primeros rastros del doble asesinato. (Télam y DyN)
Consideran que el Poder Judicial es adicto al Político
Santiago del Estero.- El jefe de la Comisión de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Ricardo Scoles, reveló ayer que se recibieron numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos en Santiago del Estero."Se está viendo que la situación de los derechos humanos en la provincia de Santiago del Estero no es la que tiene que tener un país democrático", dijo el funcionario nacional. Tras mantener una entrevista con el obispo santiagueño, Juan Carlos Maccarone, Scoles explicó que el diálogo surgió en torno de numerosas y graves denuncias registradas en los últimos ocho años.
Asimismo, la Asamblea por los Derechos Humanos y la Justicia de Santiago del Estero entregó una carpeta con casos irresueltos y pidió la intervención al Poder Judicial por considerarlo "adicto al régimen político y sin independencia". La organización, integrada por los padres de las víctimas del doble crimen de La Dársena y más de 30 organizaciones sindicales, profesionales, de campesinos y religiosas, denunció que no existe depuración en la Justicia. "Es sólo maquillaje para intentar salvar sus posiciones de privilegio", dijeron.
Por su parte, la hermana de Patricia Villalba, Karina, reveló que los torturadores y los asesinos no figuran en el expediente. "Ellos forman parte de un grupo de tareas dirigido por el comisario Antonio Musa Azar, que es otro de los que falta detener", dijo Karina Villalba. Sobre el curso de las investigaciones, la joven estimó que la familia está parcialmente conforme, por interpretar que los verdaderos asesinos siguen sueltos. (DyN)
Crítica nacional
Mientras esto sucedía, desde Buenos Aires el ministro de Justicia Gustavo Beliz advertía que la Nación evaluaba la posibilidad de intervenir uno o los tres poderes de Santiago del Estero. Todo esto, en el marco de las muertes de las jóvenes Leyla Bshier Nazar y Patricia Villalba. Ayer a la tarde, en la Cámara de Diputados de la Nación se levantó una sesión en la cual se iba a tratar la intervención de Santiago, ya que esperan que les llegue un proyecto acordado con el oficialismo. La sesión se reanudaría el próximo martes.
Anauate había sido vinculado a la causa en el marco de la "hipótesis de Guayamba", localidad catamarqueña en la que se habría realizado una fiesta con sexo y drogas, durante la cual Leyla habría muerto a raíz de una sobredosis.
La jueza recién comenzaría a indagar a Anauate cuando complete la nómina de arrestos pendientes, entre los que se encontrarían el ex juez Mario Castillo Solá, primer magistrado que investigó la causa, y el ombudsman Gilberto Perducca. Castillo Sola, que está prófugo, envió una nota en la que solicitaba que se lo exima de prisión.
Rechazo a las presiones
Por su parte, la jueza Bravo ratificó ayer que de ninguna manera aceptaría presiones del poder político para orientar la causa.De los ocho detenidos de ayer, los cuatro policías se negaron hoy a prestar declaración indagatoria. Los informantes indicaron que los detenidos, entre ellos un comisario y un subcomisario que participaron de la instrucción del caso, hicieron uso de sus derechos constitucionales y evitaron declarar ante sus propios camaradas. Ayer, en tanto, otros tres oficiales de la Policía santiagueña fueron detenidos. Se trata de policías que participaron en la búsqueda de los cuerpos y levantaron los primeros rastros del doble asesinato. (Télam y DyN)
Santiago del Estero.- El jefe de la Comisión de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Ricardo Scoles, reveló ayer que se recibieron numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos en Santiago del Estero."Se está viendo que la situación de los derechos humanos en la provincia de Santiago del Estero no es la que tiene que tener un país democrático", dijo el funcionario nacional. Tras mantener una entrevista con el obispo santiagueño, Juan Carlos Maccarone, Scoles explicó que el diálogo surgió en torno de numerosas y graves denuncias registradas en los últimos ocho años.
Asimismo, la Asamblea por los Derechos Humanos y la Justicia de Santiago del Estero entregó una carpeta con casos irresueltos y pidió la intervención al Poder Judicial por considerarlo "adicto al régimen político y sin independencia". La organización, integrada por los padres de las víctimas del doble crimen de La Dársena y más de 30 organizaciones sindicales, profesionales, de campesinos y religiosas, denunció que no existe depuración en la Justicia. "Es sólo maquillaje para intentar salvar sus posiciones de privilegio", dijeron.
Por su parte, la hermana de Patricia Villalba, Karina, reveló que los torturadores y los asesinos no figuran en el expediente. "Ellos forman parte de un grupo de tareas dirigido por el comisario Antonio Musa Azar, que es otro de los que falta detener", dijo Karina Villalba. Sobre el curso de las investigaciones, la joven estimó que la familia está parcialmente conforme, por interpretar que los verdaderos asesinos siguen sueltos. (DyN)
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